El Gobierno va a fondo para limitar el poder de Moyano y se avecinan nuevas denuncias

Luce en sepia aquella foto intimista de diciembre de 2015, cuando antes de asumir la presidencia Mauricio Macri puso en escena quién sería su interlocutor gremial y privilegió a Hugo Moyano con una reunión a solas.

Aquella armonía, que incluyó una alianza electoral encubierta para desbancar al kirchnerismo, no existe más. Desde entonces hasta hoy hubo coincidencias, desencuentros y hasta algunos cortocircuitos. Incluso hubo un reciente cruce retórico con frases cargadas de ironía, pero hirientes.

Pero fue el vértigo del fin de año legislativo, con la reforma laboral y previsional, lo que aceleró un choque que se anticipaba inevitable. ¿Cómo reducir los costos de la logística, el corazón del poder de los Moyano, sin ir contra ellos? El clan domina el ámbito terrestre, talla en el ferroviario y recuperó el control en los puertos a través del flamante jefe del SOMU, que asumiría en los próximos días.

Moyano negociará paritarias en junio, pero aún tiene abierto un conflicto por lo que dejó 2017. El 19 de febrero, 72 horas antes de la movilización que activó en contra del Gobierno, se definiría en el Ministerio de Trabajo una pulseada con los empresarios del transporte de cargas por el pago de un bono de $9500 y la reducción del porcentaje de un beneficio por antigüedad. Los empresarios, con el aval de la cartera laboral, advierten que el gremio no podrá salirse con la suya en las dos bandas: será el bono o la antigüedad.

Puertas adentro, hace algunas semanas, Moyano reconoció la tensión con Macri, pero no hablaba de una ruptura. El rechazo, sin embargo, no era tajante, como en otras etapas de confrontación pasajera que atravesó la relación. Ahora, el camionero se volcó decididamente a la confrontación porque distingue la mano del Gobierno detrás de la ofensiva judicial en su contra, que sumó tres procesos distintos en lo que va de 2018.

El entramado judicial se confunde en la bruma política. La Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Finanzas, divulgó en un lapso de 15 días tres informes lapidarios que complican a los Moyano. Vinculó directamente a Hugo en maniobras de presunto lavado de dinero, desvío de fondos del sindicato a las empresas de su familia política y evasión impositiva a partir de las operaciones cruzadas con la empresa postal OCA, que el sindicalista considera casi como propia.

La pelea entre Macri y Moyano alcanzaría su cima de tensión cuando se conozca el desenlace del caso OCA. La compañía postal privada tiene su convocatoria de acreedores en curso, la AFIP le reclama $3400 millones por evasión impositiva y en los pasillos de la Casa Rosada comparan su descalabro financiero con el del Grupo Indalo de Cristóbal López, que está hoy preso en Ezeiza.

Patricio Farcuh, el presidente de OCA en los papeles, y el gremio de los Moyano realizaron millonarios movimientos financieros cruzados en los últimos años que involucran instituciones sindicales y deportivas. Las operaciones reflejan que los Moyano son mucho más que los representantes gremiales de los 7000 empleados que se desempeñan en la compañía postal. Estas revelaciones obligaron a Macri a un giro: ya no estaría dispuesto a un salvataje.

Las maniobras detalladas por la UIF serían la viga maestra que sostiene los negocios de la familia del camionero desde 2011 hasta ahora, según se desprende de los informes del organismo. El Gobierno se muestra ahora decidido a llevar a la práctica su enfrentamiento: avanzó en la divulgación de las presuntas irregularidades financieras y aportaría el martes próximo más pruebas a través de la diputada Graciela Ocaña. También hurgó en la declaraciones juradas y en los libros contables del sindicato de camioneros.

“Ahora la que tiene que actuar es la Justicia. La UIF y la Procelac ya detectaron las irregularidades y las denunciaron. Antes eso no pasaba”, dijo a LA NACION un ministro que conoce los entretelones del vínculo que tejieron Macri y Moyano. Y barruntó la influencia del camionero en un sector de la CGT: “La del 22 será una marcha en defensa judicial”.

El Gobierno construyó en diciembre un nuevo mapa sindical, en el que identificó “aliados” (“los Gordos” e “independientes” de la CGT); “adversarios circunstanciales” (incluyó allí a Moyano y Luis Barrionuevo), y “enemigos” (la CTA y los gremios vinculados al kirchnerismo y a la izquierda). Desde ayer, a Moyano lo llaman “adversario”. A secas.

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