El Gobierno también pidió anular el fallo que sacó a Angelo Calcaterra del juicio por el caso cuadernos
La Unidad de Información Financiera, organismo antilavado autónomo, dependiente del Ejecutivo, apeló la decisión de la Casación que benefició a Calcaterra y dijo afecta el juicio oral y público
LA NACION
En duros términos, la Unidad de Información Financiera, que es el organismo autónomo para perseguir el lavado de dinero y que depende del Ministerio de Justicia, pidió anular el fallo de la Cámara de Casación Penal que sacó al empresario Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, del juicio por el caso de los cuadernos de las coimas, y dejó planteado que llegará a la Corte Suprema de Justicia con este reclamo.
El escrito de la UIF, se suma al que presentó el fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, contra la sentencia de los camaristas Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, que entendieron que los 16 pagos que hizo Calcaterra a funcionarios del ex-Ministerio de Planificación Federal fueron aportes de campaña y no sobornos para mantener sus contratos con el Estado.
Este fallo de la Casación implica que Calcaterra ya no será parte del juicio oral contra Cristina Kirchner y otros 160 funcionarios y empresarios que admitieron haber pagado sobornos para mantener sus contratos, sino que sus pagos serán analizados por la jueza federal electoral María Servini. Pero también abre la puerta a que otros empresarios que pagaron coimas esquiven el juicio penal.
El fallo motivó que la Coalición Cívica denunciara a los jueces Barroetaveña, Petrone y Mahiques en el Consejo de la Magistratura, donde se abrió el expediente 88/2024 que fue enviado por la vicepresidenta, Agustina Díaz Cordero, a la Comisión de Asignaciones, para determinar si se gira a la Comisión de Disciplina (que trata faltas menores) o la de Acusación (donde se decide si corresponde el juicio político).
Contrariados por el fallo de la Casación, los jueces del Tribunal Oral Federal que debe realizar el juicio oral por el caso de los cuadernos dijeron hoy que la medida es ilegal y que no correspondía a la Casación, sino a la Corte Suprema de Justicia. Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero señalaron que no iban a obedecer el fallo de Casación hasta que no quede firme. Una medida inédita. Castelli, en minoría, votó por mandarle un oficio al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, para que el máximo tribunal se avoque al caso.
En medio de este escándalo de proporciones, que en tribunales es seguido como un folletín por entregas, porque un tribunal oral desafía a un tribunal superior y porque la Casación afectó el juicio oral con los procesamientos de los acusados ya firmes, la Unidad de Información Financiera se sumó al pedido para anular el fallo que favorece a Calcaterra y que podría beneficiar a otros empresarios que pagaron coimas.
LA UIF presentó un escrito en el que señala que la decisión de Barroetaveña, Mahiques y Petrone es nula porque no la notificaron, pese a que es parte del caso, y por lo tanto no tuvieron oportunidad de opinar si correspondía o no la declaración de incompetencia y la decisión de mandar el caso Calcaterra a la justicia electoral.
El escrito, que firma el abogado de la UIF Mariano Abel Ezeyza, señala que lo resuelto “frustra la pretensión de este organismo de que se celebre el debate oral y público conforme lo expuesto en el requerimiento de elevación a juicio” donde Calcaterra es uno de los acusados. Y señaló que la incompetencia se dispuso “con posterioridad a la clausura de la instrucción, lo que implica sustituir arbitrariamente el análisis de los hechos y la prueba que debe producirse en la instancia de juicio”.
Además, la UIF se reservó la posibilidad de, si la Casación no anula su propio fallo, recurrir a la Corte Suprema de Justicia, ya que se les privó de ser querellantes “en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad” sumado al derecho de “defensa de las arcas públicas”.
Sostuvo que el fallo de Casación es un ejemplo de “vulneración de la garantía constitucional del debido proceso” y un fallo contrario a la nulidad implicaría “una arbitraria resolución del caso”, lo que habilita la intervención de la Corte Suprema de Justicia.
“A su vez, la decisión demora injustificadamente la apertura de la instancia del debate oral y público, si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde la elevación del caso a juicio”, dijo la UIF.
La UIF está atravesando una etapa de convulsión interna. Ignacio Yacobucci, su presidente, está en Singapur defendiendo la evaluación que está haciendo el GAFI sobre las normas del país y tratando de evitar que la Argentina caiga en la “lista gris” de gobiernos que no hicieron lo suficiente para combatir el blanqueo y el financiamiento del terrorismo.
En medio, de esta circunstancia, al número dos de la UIF, Manuel Tessio, le pidieron la renuncia. El mensaje era de Santiago Caputo, asesor de Javier Milei, según trasmitieron a la UIF los funcionarios del Ministerio de Justicia que comunicaron la decisión. El pedido de renuncia llegó luego de que la UIF se presentó como querellante en el caso contra Martín Insaurralde por el viaje en el yate Bandido por el Mediterráneo. Desde el Gobierno pidieron explicaciones por la decisión de constituirse como querellantes en ese caso.
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