El Gobierno se reunió con las comunidades mapuches pero no con los vecinos de Villa Mascardi

El gobierno nacional se reunió esta tarde en la exESMA con representantes de de ocho comunidades mapuches de Río Negro, Chubut y Neuquén para evaluar la situación del conflicto en esas provincias, pero no invitó a los representantes de los vecinos afectados por los hechos de violencia.

El encuentro, que se extendió durante varias horas, fue encabezado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien se comprometió a reunirse la semana próxima con miembros de la junta vecinal Villa Mascardi, una de las zonas más afectadas por el accionar Mapuche, que más temprano y a través de un comunicado manifestó su “gran sorpresa, indignación y preocupación” porque no había sido invitado ningún miembro del grupo o incluso personas afectadas por los hechos de violencia que sufrieron en la zona a la mesa que se realizaba hoy. “Esta mesa es con los pueblos”, dijeron a LA NACIÓN desde la Secretaría, a través de la cual también confirmaron el encuentro de la semana entrante entre el Gobierno y los vecinos y damnificados, sobre el que aún no hay precisión de fecha.

La invitación llegó luego de que pesar de no haber sido invitados al encuentro de hoy, varios miembros del grupo, entre ellos el presidente de la Junta, Diego Frutos, se hicieron presentes en la exEsma y lograron ser recibidos por Pietragalla. Allí pidieron que así como convocó a los pueblos se invite a los vecinos y el funcionario accedió. Desde ambos sectores destacaron el intercambio cordial y la “buena predisposición”.

En la reunión que se realizó hoy estuvo el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que harán un seguimiento de la mesa de diálogo, junto a entidades como Justicia Legítima, el CELS, Izquierda Socialista y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y Bariloche, entre otras. Se trata de organizaciones que no tienen vínculo con los afectados por las ocupaciones y ataques.

El conflicto con las comunidades mapuches lleva varios años en el sur, pero recrudeció a comienzos de octubre pasado cuando tras una serie de ataques a propiedades en la zona de Villa Mascardi, Río Negro, fueron incendiadas varias propiedades. Luego de eso se reforzó la seguridad en la zona con un destacamento de Gendarmería que fue atacado, lo que motivó mayor intervención de las fuerzas federales en la zona.

En uno de los operativos dispuestos por Seguridad Nacional se detuvo a un grupo de mujeres de la comunidad que luego fueron trasladadas a Buenos Aires, lo que desató quejas. Entre ellas la de la por entonces ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien fue abogada de Facundo Jones Huala, miembro de la comunidad y prófugo de la justicia chilena y es una activa militante de los derechos de los pueblos originarios, quien terminó renunciando a su cargo en medio de severas críticas al rol del gobierno nacional en el caso.

Entre los repudios, distintas comunidades y organizaciones mapuches habían alertado sobre las “graves consecuencias que genera el encarcelamiento de la machi Betiana Colhuan”. El día del desalojo, además de Colhuan, seis mujeres fueron detenidas. Cuatro de ellas permanecen con arresto domiciliario, en compañía de sus hijos menores, en un centro mapuche de Bariloche. Quienes no pudieron ser encontrados en ningún momento fueron los hombres de la comunidad, que tras el desalojo huyeron hacia las montañas y desde entonces permanecen prófugos.

Después de que el tema escaló visiblemente el presidente Alberto Fernández recibió el pasado 14 de diciembre a los referentes de las comunidades aborígenes en la Casa Rosada.

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