El Gobierno se resigna a archivar proyectos claves de su agenda legislativa

La Cámara de Diputados se quedará, esta vez, sin su clásica sesión maratónica de fin de año: los desacuerdos entre el oficialismo y la oposición minaron la posibilidad de un último debate antes del próximo viernes, cuando se producirá la renovación parlamentaria. Las noticias no son buenas para el kirchnerismo, pues volverán a fojas cero una serie de iniciativas emblemáticas que, con la nueva composición del cuerpo, difícilmente prosperen a futuro.

En efecto, con la salida de los 127 diputados que finalizan su mandato el 10 de diciembre, todos aquellos dictámenes de comisión que no hayan sido aprobados en el recinto antes de esa fecha perderán estado parlamentario. En ese lote figuran iniciativas por demás polémicas, como las reformas judicial y del Ministerio Público Fiscal; toda la oposición se plantó en contra, convencida de la intención kirchnerista de colonizar el Poder Judicial. A duras penas el oficialismo logró despachar ambos dictámenes, confiado en que un buen resultado electoral les daría el envión final. Eso no sucedió y los dictámenes caducarán.

Es cierto que, por contar con media sanción del Senado, ambas reformas kirchneristas todavía tienen un año más de vida parlamentaria; sin embargo, difícilmente sean convertidas en ley pues la oposición, que aducirá tener más bancas que el Frente de Todos con la nueva composición del cuerpo, buscará dejar en minoría al oficialismo en las comisiones. Es la batalla que se viene entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Además de las reformas judiciales, también caducarán varios dictámenes que supieron nutrir el discurso ideológico kirchnerista. El más polémico es el que regula la gestión ambiental de los envases: impulsada por La Cámpora y por movimientos sociales afines, dispone crear una tasa de hasta el 3% sobre el precio mayorista del producto envasado para financiar la gestión integral de los envases. La medida desató la feroz resistencia de distintas cámaras empresarias, que alertaron que la medida redundará en un aumento en los precios. “Es un nuevo un impuestazo”, alegaron.

La advertencia surtió efecto: salvo la izquierda, todo el arco opositor –incluso los diputados aliados- anticipó su rechazo al proyecto promovido por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y su mentor político, el jefe del bloque de diputados oficialistas Máximo Kirchner. Pero los obstáculos no sólo surgieron de la vereda opositora: dentro del mismo bloque oficialista se escucharon voces contrarias al proyecto. El epílogo fue el previsible: sin consenso de propios ni ajenos, el dictamen –que se había despachado tras un paso rasante por las comisiones- perderá estado parlamentario.

Lo mismo sucederá con otra iniciativa, también resistida por la oposición, por la cual se prorroga hasta 2025 la ley que suspende los desalojos de las comunidades indígenas. Los crecientes conflictos con las comunidades que se autodenominan mapuches en la Patagonia exacerbaron el malestar de los diputados oriundos de la región, contrarios a beneficiar con una prórroga a grupos que atentan contra la propiedad privada. Pese a las críticas el oficialismo logró emitir un dictamen, aunque no llegó a tiempo para debatirlo en el recinto, por lo que ahora caducará.

La situación fue salvada por el Poder Ejecutivo, que impuso la prórroga de la ley por decreto. La oposición promete dar batalla: el diputado Gustavo Menna, acompañado por el bloque de Juntos por el Cambio, presentó ayer un pedido de amparo ante la Justicia para declarar inconstitucional el decreto.

Otras iniciativas polémicas

Otro de los dictámenes con sello de La Cámpora que perderá estado parlamentario es el que propone erradicar la violencia institucional. Dicha iniciativa, también resistida por un sector de la Cámara baja, propone la formación en derechos humanos de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias, a las que se les prohíbe la portación de armas letales en manifestaciones públicas.

Tampoco prosperará el polémico proyecto kirchnerista que propone prorrogar, nada menos que por 50 años, la vigencia de tres impuestos cuya recaudación se destina exclusivamente a financiar organismos del Estado que se dedican a la industria del cine, del teatro y de la cultura en general. Entre ellos el Incaa, el Enacom, la Defensoría del Público, entre otros.

“Es una locura, un absurdo”, despotricaron desde Juntos por el Cambio cuando el oficialismo impuso su mayoría para despachar el dictamen en la Comisión de Presupuesto. Habrá que ver si, tras la renovación parlamentaria, el bloque que lidera Kirchner continúa ostentando la mayoría en esa estratégica comisión. Los opositores ya avisaron exigirá paridad en su composición.

En rigor, puertas adentro del oficialismo son varias las voces que, en reserva, celebran que estas iniciativas con sello kirchnerista no prosperen. “Son proyectos ideologizados que no tienen nada que ver con la producción y el empleo, que es lo que necesita la Argentina”, enfatiza un diputado del interior que no disimula su fastidio por la falta de debate interno en el bloque sobre la agenda parlamentaria.

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