El Gobierno se prepara para un período de mayor conflictividad social

El Gobierno no cederá ante lo que considera es una “extorsión”. Sin una solución para el problema de fondo –no se sumarán más planes sociales–, el gobierno nacional se prepara para semanas de mayor tensión y conflictividad callejera con las organizaciones sociales más radicalizadas.

Con la interna del Frente de Todos aún en conflicto, en medio de la escalada inflacionaria y tras el acampe en la 9 de Julio, el Gobierno enfrenta con “preocupación” la amenaza de perder el control callejero.

En ese escenario de fragilidad, esta semana se verán las caras nuevamente funcionarios y piqueteros para buscar puntos de acuerdo, pero a priori el debate está frenado por la decisión del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, de no incorporar más altas de asistencias del Estado. Se trata de un escollo determinante para las organizaciones sociales, especialmente para el Partido Obrero.

“Nosotros queremos que cada beneficiario sea libre de trabajar donde quiera”, explicó a LA NACION Zabaleta, que desde que se hizo cargo del área impulsa la transformación del Plan Potenciar Trabajo al empleo genuino.

En ese escenario, Zabaleta posibilitó que los beneficiarios del programa, en total 1.233.000 personas, elijan “la unidad ejecutora”; es decir, dónde cobran. Desde que se puso en marcha, hace 39 días, pidió el cambio el 10 por ciento del padrón. En total, 123.300 beneficiarios. Una parte importante pertenecían a las organizaciones sociales, que integran la Unidad Piquetera, pasaron a manos de intendentes. Algunos ven detrás de las protestas un intento por frenar el éxodo.

Uno de los problemas que advirtieron desde el gobierno nacional es la falta de voluntad para transformar los planes en trabajo formal. “Muchos no los hacen trabajar y les exigen participar de las marchas”, explicó una altísima fuente de la administración de Alberto Fernández.

El Gobierno está en “alerta”. Desde la Casa Rosada reconocen que el problema de la inflación condiciona todas las discusiones. “Estamos monitoreando la situación social”, dijo un funcionario con despacho en el primer piso de Balcarce 50. La aceleración de los incrementos de alimentos es el principal problema. “Hasta estos niveles se puede manejar, si aumenta más se nos va a complicar”, admitieron cerca del Presidente.

Según un trabajo de la consultora Diagnóstico Político, solamente en el mes de marzo se registraron 800 piquetes en todo el país. Es un promedio de 25 cortes por día, un número que si se replicara a lo largo del año, podría llegar a 9600 para cuando finalice 2022. Durante 2021, hubo 6.658 manifestaciones, la cifra más alta de los últimos siete años, solamente superada por la de 2014.

La creciente conflictividad callejera no altera la hoja de ruta. Tampoco las señales políticas, como la presencia de Juan Grabois en el acampe esta semana. “Sirve para marcarle la cancha a Alberto y congraciarse con Cristina, pero Juan es honesto y siente que tiene que estar”, minimizaron fuentes oficiales.

“Espero que nos convoquen a una reunión, la excusa hasta ayer era que estábamos movilizados, ahora no está esa excusa, que nos convoque rápido. Caos total es lo que va a ocurrir en la Argentina cuando se aplique el plan del Fondo Monetario Internacional”, anticipó Eduardo Belliboni.

El dirigente del Polo Obrero sostuvo que el Gobierno “no quiere resolver el problema” y reclamó el aumento de beneficiarios de Progresar Trabajo. “Es necesario”, agregó el referente social que además llevará a la mesa de negociación el pedido de más asistencia para los comedores y un incremento de lo que percibe cada beneficiario (hoy son 16.500 pesos).

Sobre este tema desde el Gobierno también apuestan al desgaste de los más duros. “El clima no está para más cortes”, describieron fuentes oficiales sobre la estrategia de negociación que imponen los piqueteros. En este punto, en el Gobierno advirtieron un respaldo social. Los cortes de calles y avenidas generan un fuerte repudio. Un relevamiento sobre el impacto en redes sociales, que realizó una consultora privada para el oficialismo, estableció que nueve de cada 10 comentarios fueron contra el método de protesta. Sin embargo, hay sectores de los movimientos más oficialistas que también piden alguna concesión oficial para descomprimir y evitar una escalada.

El gobierno nacional navega la crisis social en medio de una fuerte tormenta que combina dos problemas: inflación y pobreza. El salto de febrero, de 4,7%, se presenta como un bálsamo frente a lo que se espera de marzo, donde algunas consultoras estiman una inflación de 5,4%; lo que ratificará que Roberto Feletti es incapaz de lograr “milagros”.

La pobreza, en tanto, se redujo significativamente en 2021 y bajó al 37,3%, incluso más de lo que se esperaba. Pero en el Gobierno ya anticipan un cambio en la tendencia producto de los aumentos, sobre todo de alimentos. “Va a crecer el número”, se sinceraron cerca del Alberto Fernández, que decidió dejar de lado la pelea con su vicepresidenta Cristina Kirchner.

“La sociedad no quiere más quilombos”, lanzó el Presidente esta semana ante un grupo de funcionarios. El jefe del Estado puso gran parte de sus esfuerzos en alcanzar un acuerdo de precios y salarios con la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA). Lo mismo les pidió a todos sus ministros. “Basta de internas”, sostuvieron a su lado.

Fernández busca dejar atrás meses de conflictos internos que provocaron una parálisis de la gestión. Sin diálogo con la expresidenta y su hijo, Máximo, el jefe del Estado y sus principales funcionarios intentaron esta última semana retomar la normalidad en la gestión. Así fue que hubo conferencias de prensa de varios ministros, entre ellos Wado de Pedro (Interior), Aníbal Fernández (Seguridad), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y de la portavoz Gabriela Cerruti.

La obsesión, por estas horas, es retomar la iniciativa política y poner a la gestión en el centro de la escena. Pero el principal impedimento aflora desde adentro de la coalición de gobierno. Ayer, en la conmemoración por el reclamo de la soberanía de la Islas Malvinas volvió a quedar expuesta la fractura interna. De un lado del Presidente, del otro Cristina Kirchner y Sergio Massa. Mientras tanto, los conflictos sin resolución se apilan.

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