El Gobierno tomó el control de la Hidrovía al menos por un año

Tal como había anticipado LA NACION, el Gobierno cedió por un año a la Administración General de Puertos (AGP) el control y administración de la denominada Hidrovía Paraná-Paraguay, la vía navegable de 3500 kilómetros por la que pasa el 80 por ciento del comercio exterior argentino, que estaba en manos de la empresa belga Jan de Nul junto a su socio local Emepa.

Así se oficializó este jueves a través de un decreto firmado por Alberto Fernández, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Los funcionarios ya habían estampado su firma días atrás y esperaban que el proyecto tuviera luz verde del Presidente.

En paralelo a ese decreto, se prepara otro, que estaría algo más demorado, y que establece la creación de un ente de control estatal de todas las vías navegables del país. Estará bajo la órbita del Ministerio de Transporte. Ambos decretos son “bendecidos” por el kirchnerismo duro, referenciado en el senador y excanciller Jorge Taiana y la diputada Fernanda Vallejos, que viene desde hace meses reclamando por la recuperación de la “soberanía” de la vía Paraná-Paraguay. El paso que dio hoy el Gobierno no cumple aún con el deseo máximo de este sector: la estatización lisa y llana de esta y todas las vías navegables y puertos del país.

En los considerandos del decreto 427/2021 se esconde una clave: quién será, al menos después del año de concesión provisoria, el ente a cargo del peaje de las embarcaciones que transitan por la Hidrovía. Será la AGP, conducida en los hechos por el santacruceño José Beni, de perfil técnico y asiduo expositor en el Instituto Patria, o el ente descentralizado, a cargo del Ministerio de Transporte, poblado de funcionarios ligados al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

“Por 12 meses tendrá un control estatal y comienza a funcionar el cobro del canon por parte del Estado para pagarle a las concesionarias las tareas realizadas”, había anticipado Guerrera a radio El Destape.

La discusión por el control de la Hidrovía se renovó a principios de año, cuando Taiana envió un pedido de informes el entonces ministro de Transporte, Mario Meoni, en el que se resumía su postura y la de distintos referentes en favor de revocarle la licencia a Jan de Nul, encargada del dragado del Paraná desde tiempos del menemismo, una concesión renovada durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.

Tanto Meoni como su sucesor Guerrera resistieron de modo diplomático la idea de una reestatización, con un argumento central: el Estado no puede “improvisar” y hacerse cargo de la compleja tarea del dragado permanente del río, ya que no posee ni la maquinaria ni el expertise necesario para hacerlo de inmediato. Para ganar tiempo, y en el intermedio entre el fallecimiento de Meoni y la asunción de Guerrera, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis firmó una extensión de la concesión a Jan de Nul por 90 días, que venció ayer.

“Se va a llamar a licitación pública internacional con nuevos parámetros, con la participación de todas las provincias que intervienen en la Hidrovía, con la participación también de todo el Consejo Consultivo, con la participación ciudadana de las organizaciones y sobre todo de las autoridades”, dijo días atrás el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, anticipando que Puertos tomaría el control provisorio y haría el llamado a una “licitación corta”, aunque en el “mientras tanto” podrá recontratar a Jan de Nul para que las indispensables tareas de dragado del Paraná no se detengan. Desde la oposición arriesgan que el desplazamiento de la empresa belga podría ser el prólogo del desembarco futuro de capitales chinos.

Fuentes del sector agroexportador, a quienes Guerrera les adelantó la medida, afirman que “no queda claro” quien cobrará el peaje una vez que el organismo descentralizado esté creado. También expresaron dudas por “la demora que puede tener el Estado en pagarle a la concesionaria luego de cobrar los peajes” y afirmó que “habrá que estar atentos” al proceso de la “licitación larga”, que sobrevendría luego de la administración temporal a cargo de la AGP. “Ojalá que quien gane sea la oferta más barata para el país y que pueda hacer obras de largo alcance, como mejorar la profundidad del río”, agregaron las fuentes.

“Nunca corrió peligro la soberanía, menos ahora que habrá un control como nunca”, señalaron desde una oficina clave del Gobierno en respuesta a los reclamos del cristinismo, que acusan a la empresa belga de no controlar lo suficiente el flujo de embarcaciones por la vía navegable más importante del país, conectada de manera directa con los socios del Mercosur.

La avanzada en el Congreso

El oficialismo impulsa en el Congreso en la creación de una comisión bicameral para el seguimiento y control de la Hidrovía. La iniciativa, ya aprobada por el Senado, se debatió y aprobó en comisiones de Diputados hace dos semanas, aunque desde la oposición -que apoyó con reparos la propuesta- sospechan que el destino de esa comisión será idéntico al de otra treintena, que se encuentran creadas pero inactivas, aunque con empleados y presupuesto propio.

Más allá de la Hidrovía, la “ola” de estatizaciones no se detiene, y abarca al transporte ferroviario. Según pudo saber LA NACION, a la reciente decisión del Ministerio de Transporte de no renovar la prórroga de las concesiones de trenes de carga le seguirán, en los próximos días, el fin del control privado sobre el ferrocarril Urquiza (en manos de Metrovías, del grupo Roggio) y el Belgrano Norte (Ferrovias).

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