El Gobierno se dispone a convocar a sesiones extraordinarias con la reforma electoral y sin el Presupuesto 2025

La definición está tomada. El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para que el Congreso trate un puñado de proyectos que son de interés del Poder Ejecutivo. Si bien el temario todavía no está totalmente definido -ni tampoco el período que abarcará la actividad parlamentaria por fuera del período ordinario- en la Casa Rosada prácticamente descartan que el Presupuesto 2025 sea incluido en la nómina. Así las cosas, no habrá “ley de leyes” ni una planificación consensuada de las partidas del año próximo. La gestión de Javier Milei prorrogará el Presupuesto por segundo año consecutivo, una situación extremadamente atípica que le permitirá tener mayor discrecionalidad.

Esa fue la definición que transmitió hoy un importante miembro del Gobierno apenas terminó la reunión de gabinete encabezada por Milei esta mañana, que culminó con una foto de familia. Lo que seguro será incluido en el temario del Poder Ejecutivo es la reforma política que elaboró días atrás la Casa Rosada, y que incluye la eliminación de las PASO, la quita de topes para los aportes de campaña y cambios en el sistema de partidos políticos para evitar la proliferación de “sellos de goma”. La gestión de Milei no tiene garantías de que tendrá los votos para sancionar el proyecto. El kirchnerismo, de hecho, mantuvo deliberaciones internas por este tema en las últimas semanas. Según trascendió, Unión por la Patria estaría dispuesta a suspender las PASO en 2025, pero no necesariamente a eliminarlas de manera definitiva.

El otro tema que tiene altas chances de ser incluido en el temario de las extraordinarias es el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas y que tuvo dictamen de comisión a fines de octubre.

La gran duda de la Casa Rosada es si incluir en el temario de extraordinarias los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema. Hace meses que el asesor Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio -los alfiles de Milei para los asuntos tribunalicios- vienen urdiendo distintos planes para conseguir los dos tercios de los votos para los dos candidatos. Luego de intentar negociar un acuerdo con los laderos de Cristina, se mudaron de estategiay comenzaron a buscar los votos a través de los gobernadores peronistas más el radicalismo (”todos menos los K”). Sin éxito, finalmente asomó un plan C que consiste en nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto, en comisión, por el término de un año, una vía que muy probablemente termine judicializada.

En ese pantano, en los últimos días el Instituto Patria hizo dos jugadas. Primero, le dio a Lijo el noveno voto que necesitaba para obtener dictamen de comisión, con la sorpresiva firma de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci. Después, la expresidenta dio una segunda señal con la carta que el titular de la bancada, José Mayans (Formosa) le elevó ayer a Guillermo Francos, en donde se informó que ese interbloque “rechazará el pliego de Acuerdo de cualquier persona que acepte ser designado como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (por decreto) ‘en comisión’”. Fue un doble mensaje de Cristina Kirchner. Por un lado le dijo a la Casa Rosada que quiere avanzar por la vía de la negociación política. Por el otro lado mostró los 33 senadores de UxP abroquelados, cuando el Poder Ejecutivo pretendía introducir una cuña entre los senadores peronistas.

Con este estado de las cosas, el Gobierno teme recibir un revés si los pliegos de los dos candidatos son debatidos en extraordinarias y el de García-Mansilla (el postulante más afín al ideario libertario) sale rechazado. Por otro lado, la idea de incluirlos en extraordinarias permitiría al Gobierno argumentar que habilitó todas las instancias institucionales para que los candidatos obtuvieran acuerdo del Senado antes de avanzar por la vía de los nombramientos por decreto.

Respecto del Presupuesto, las chances de alcanzar un acuerdo con los gobernadores se diluyeron casi por completo el martes por la tarde. Ese día, durante algunas horas, la Casa Rosada dio señales de que reabriría la mesa de negociación, con algunos llamados y mensajes cruzados. Pero finalmente nunca concretó una convocatoria a los mandatarios provinciales, que terminaron por convencerse de la falta de voluntad del Poder Ejecutivo para alcanzar un consenso. Por eso, los diez gobernadores de Juntos por el Cambio terminaron por emitir un comunicado conjunto en el que advirtieron que el Gobierno “debe contar” con el Presupuesto “para consolidar la creciente confianza de los mercados, seguir avanzando en la lucha contra la inflación, generar confianza en los inversores y, como corolario, generar puestos de trabajo en el sector privado”.

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