El Gobierno redujo la pauta oficial y cambió el esquema de reparto
Según un informe legislativo, gastó $ 802 millones en los primeros seis meses, un recorte sensible respecto del kirchnerismo; el Grupo Clarin fue el que más recibió
En los primeros seis meses de gestión, el gobierno de Mauricio Macri destinó casi 802 millones de pesos a la publicidad oficial. Esta cifra significa una drástica reducción del gasto en este rubro: por caso, durante el primer semestre del año pasado el gobierno de Cristina Kirchner volcó poco más de 1200 millones de pesos en propaganda oficial.
Esta fuerte rebaja en la publicidad de los actos de gobierno es acompañada, sin embargo, por un cambio importante en la distribución de la pauta oficial. En efecto, durante el gobierno kirchnerista los principales fueron medios afines a su gestión (entre ellos, el Grupo Veintitrés y el Grupo Indalo); en el gobierno de Macri, el más beneficiado es el Grupo Clarín.
Así lo reveló ayer un informe que elaboró la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, presidida por Remo Carlotto (Movimiento Evita). En él se detalla que el Grupo Clarín concentró casi el 18% de la pauta oficial desde que Macri asumió la presidencia.
El relevamiento, basado en información provista por la Jefatura de Gabinete, comprende la pauta oficial otorgada desde el 10 de diciembre hasta el 21 de junio de 2016, cuyo monto total fue de $ 801.972.408, incluyendo pauta otorgada a futuro hasta marzo de 2017 inclusive.
Comparación
Esta cifra resulta significativamente menor que el gasto incurrido por el gobierno kirchnerista. En el primer semestre de 2015, en plena campaña electoral, la administración de Cristina Kirchner se había consumido prácticamente toda la partida anual otorgada por el presupuesto.
Según informó LA NACION el año pasado, entre julio de 2009 y julio de 2015, la Jefatura de Gabinete distribuyó $ 6578,9 millones en pauta oficial (a valores nominales, es decir, sin considerar inflación), y sin incluir organismos descentralizados. De esos recursos, la mitad se concentró en quince grupos de medios, doce de los cuales pueden caracterizarse claramente como empresas kirchneristas.
Según el informe de la Comisión de Libertad de Expresión, el Grupo Clarín fue el más beneficiado de la pauta oficial del gobierno de Macri: recibió el 17,93% del total de la pauta oficial, esto es, $ 143.797.764, seguido por el Grupo Indalo, que recibió el 8,39% de la publicidad, es decir, un monto de $ 67.253.208.
En tercer lugar figura el Grupo Olmos, con $ 46.397.628 de pauta (5,79%), y a continuación figura S.A. La Nación, con $ 42.914.008 (5,35%).
El Grupo 23, vaciado en manos del empresario Sergio Szpolski, obtuvo $ 7.244.655 de pauta oficial entre diciembre y junio, esto es, un 0,9% del total.
El informe también arroja que la publicidad oficial destinada al formato web fue concentrada en un 70% por Google y Facebook, que recibieron en total $ 24.686.350.
El diputado Remo Carlotto sostuvo que este reparto de la pauta oficial abona el esquema de concentración de medios, liderado por Clarín. Asimismo, abogó por la sanción de una ley que regule la publicidad oficial, un tema que comenzará a debatirse a partir de hoy en el Senado. Una deuda que el kirchnerismo nunca quiso cumplir en 12 años de gestión.
El informe también incluye un apartado de la deuda contraída por el Estado en concepto de pauta con anterioridad a la asunción de Mauricio Macri, el 10 de diciembre. Se detalla que del total de esa deuda se pagaron al 21 de junio pasado $ 417.731.631,67. Y quedan pendientes de pago, también según estimaciones al 21 de junio, otros $ 392.772.545,59.
Servini citó a Capitanich
La jueza federal María Servini citó a prestar declaración indagatoria al ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich y al ex secretario de Comunicación Pública Alfredo Scoccimarro por no acatar un fallo de la Corte, que les había ordenado adecuar con criterios de "razonabilidad" y "equidad" la distribución de la pauta oficial, tras un planteo de Artear. La jueza citó para el 20 y 22 de septiembre a Scoccimarro y a Capitanich por no haber cumplido con lo dispuesto por la Corte en un fallo del 11 de febrero de 2014.
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