El Gobierno redobla la presión contra Patricia Bullrich: pidió que la justicia federal investigue sus dichos sobre Pfizer

Alberto Fernández no solo le respondió a Patricia Bullrich con una demanda civil por la acusación pública que hizo la líder de Pro sobre irregularidades en la negociación con Pfizer. También instruyó al Ministerio de Salud para que realice una denuncia penal en la justicia federal contra la referente opositora.

Según fuentes oficiales, el Ministerio de Salud radicó en las últimas horas una denuncia penal en Comodoro Py, que recayó en el juzgado de María Servini, en la que pidió que se investiguen las acusaciones que hizo Bullrich en televisión y que aludieron a la presunta búsqueda de un “retorno” durante la negociación con Pfizer que llevó adelante el año pasado el extitular de la cartera sanitaria, Ginés González García.

En una entrevista con LN+, Bullrich acusó al ex ministro de Salud de presuntos pedidos irregulares para cerrar el acuerdo con Pfizer por vacunas contra el coronavirus. “Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, dijo la presidenta de Pro.

De inmediato, tanto González García como Fernández reaccionaron a título personal, anunciando que demandarían a Bullrich en el fuero civil. El Presidente eligió al abogado Gregorio Dalbón -que también defiende a Cristina Kirchner- para iniciar una causa de daños y perjuicios ante la presunta “difamación” de Bullrich.

Hoy, el Gobierno redobló la apuesta contra la líder de Pro, una de las principales adversarias del Frente de Todos. El abogado Gaspar Uriel Tizio, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud, radicó una denuncia para poner en conocimiento de la justicia federal los dichos de Bullrich y pidió que se investigue su acusación “ya que pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y podría impactar en las negociaciones en curso”, indicaron fuentes oficiales al tanto de la presentación.

“En virtud de la gravedad institucional que tiene, no solo para esta cartera, sino para toda la Nación la acusación realizada públicamente, es que se realizan las presentaciones con el fin de avanzar en la investigación de los extremos denunciados”, señaló el escrito del Gobierno, que buscó adelantarse a una posible denuncia de la oposición.

Además, el Gobierno señaló que aún hay negociaciones en curso con Pfizer, por lo que denuncias como las que hizo la líder de Pro podrían “obstaculizar avances”. “Las consecuencias sobre los procesos de negociación realizados en el contexto de alta demanda y baja oferta de vacunas, con la incertidumbre propia de la pandemia a nivel global podrían obstaculizar avances. Podría significar la pérdida de oportunidad para celebrar contratos de por sí complejos de alcanzar”, señaló el escrito.

La negociación

Según fuentes oficiales, sigue abierta la mesa de negociación con los directivos locales de Pfizer para evaluar si es posible sortear los escollos jurídicos que tiene el contrato. Quien trabaja desde diciembre en esa línea -con muy bajo perfil por la confidencialidad del trámite- es la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

“No es fácil, pero no es imposible”, dicen en la Casa Rosada.

Fernández dijo ayer en una entrevista con el streamer Pedro Rosemblat: “¿Cuál fue la primera vacuna que aprobó la Argentina? ¿Me querés explicar por qué no la quiero comprar si fue la primera vacuna que yo aprobé? Yo no la quiero comprar porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso –ahora está cambiándolas algunas– la verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país”.

El Presidente no detalló cuáles fueron las “cosas desmedidas” que, según su relato, Pfizer le pidió.

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