El Gobierno redobla la embestida contra la Corte Suprema: además del juicio político, insiste en ampliar el tribunal

Pese a las demoras para reunir a los diputados del Frente de Todos que integran la Comisión de Juicio Político y al silencio en el que se sumergió el kirchnerismo, Alberto Fernández decidió redoblar la embestida contra la Justicia: además del pedido de juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema, el Presidente incluyó en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto para elevar el número de magistrados del máximo tribunal.

El Gobierno envió al Parlamento un decreto con 27 proyectos para tratar en sesiones extraordinarias a partir del próximo 23 de enero, una semana después de lo que estaba planeado inicialmente. El decreto de convocatoria llevó la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y fue anunciado esta tarde por la portavoz Gabriela Cerruti.

A la par del capítulo judicial está el económico, en el que se destaca el blanqueo de capitales en el exterior, la prórroga de la moratoria jubilatoria y el “punto 21″, que abre la puerta para modificar la ley de Presupuesto: desde la Casa Rosada indicaron a LA NACION que la modificación apunta a cumplir con el fallo de la Corte que ordenó restituir parte de los fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Con la inclusión de este punto, el Gobierno no solo podría intentar insertar una cuña en la oposición, sino también cubrirse las espaldas ante las denuncias por incumplir el fallo de la Corte.

En la órbita de temas judiciales también se vuelve a insistir con la designación del Procurador General de la Nación, cargo que cuya titularidad está vacante desde octubre de 2017: el pliego con el nombre del juez Daniel Rafecas duerme en el Senado, sin el visto bueno del kirchnerismo, desde febrero de 2020. Se trata del punto 7, consignado como: “Tratamiento del Acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación”.

En el temario se incluye el tratamiento del proyecto que modifica la Ley del Consejo de la Magistratura. Eje de uno de los principales focos de conflicto con la Corte, en el escrito se consigna que tras el fallo del máximo tribunal que en 2021 ordenó regresar a la conformación de 20 miembros del órgano que selecciona y controla a los jueces, el máximo tribunal “exhortó al Congreso de la Nación para que, en un plazo razonable dictara una ley para organizar el citado Consejo disponiendo que, si ello no sucedía en el plazo de 120 días, el mismo debía integrarse y funcionar, en sus aspectos institucionales más relevantes, conforme una ley fenecida”. En el decreto, el Gobierno alerta que “dicho plazo se encuentra largamente vencido y, hasta la fecha, el Congreso de la Nación no dio cumplimiento a la medida dispuesta por el Alto Tribunal, por lo que resulta necesario que ello se realice en el menor plazo posible”.

El punto 24 del anexo es el que contiene, de manera genérica, las “solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, pese a que se trata del principal motivo por el que la Casa Rosada decidió convocar a extraordinarias. No solo eso: también es el principal argumento por el que la oposición de Juntos por el Cambio decidió no abocarse a tratar ningún proyecto mientras el Gobierno insista con enjuiciar a la Corte, con lo que vuelve letra muerta el resto del temario enviado por el Presidente.

En el punto 10 se dispuso el proyecto para ampliar la cantidad de miembros del máximo tribunal. Según el texto de la convocatoria, se busca la modificación del artículo 21 del Decreto Ley N° 1285/58 “con el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. El siguiente punto del temario es el que incluye la modificación del Consejo de la Magistratura.

El capítulo judicial del decreto firmado por Fernández incluye otros dos puntos del temario: el octavo, que refiere al tratamiento de acuerdos requeridos al Honorable Senado de la Nación y el noveno, que busca introducir modificaciones en la legislación vigente vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos, al Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La lista de proyectos de Massa y el estratégico “punto 21″

En el paquete de 27 proyectos que se envió para trabajar hasta el 28 de febrero, el capítulo económico es central junto al judicial. Desde el Palacio de Hacienda se incluyó el “nuevo blanqueo de capitales”, conocido formalmente como “Proyecto de Ley de Exteriorización del Ahorro Argentino”, en el que cifra parte de sus expectativas Sergio Massa. Así como también el proyecto por el cual se crea el “Plan de Pago de Deuda Previsional” que permitirá a más de 800.000 personas que no cuenten con los 30 años de aportes requeridos entrar en una moratoria y pagarlos en cuotas.

En el punto 21 está uno de los temas más sensibles para la Casa Rosada en su pelea con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires: el proyecto por el cual se modifica la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, “en función del artículo 170 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672″, según consta en el escrito. Se trata de un punto central para habilitar partidas presupuestarias y, eventualmente, abonar la diferencia en el porcentaje de la coparticipación que ordenó restituir la Corte. El punto plantea una situación incómoda para la oposición, que busca trabar el tratamiento del temario enviado por el Poder Ejecutivo.

Desde Economía también se incluyó el proyecto que apunta al sector de monotributistas del área tecnológica. Así como el que busca crear el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”; el que contempla modificación del Indec, que busca darle una mayor autonomía al Sistema Estadístico Nacional.

En tanto que desde la Secretaría de Energía se envió el proyectos de ley para la promoción de nuevas energías e inversiones con valor agregado en el sector energético.

Alcohol cero y nuevas universidades

El temario también incluye los proyectos de alcohol cero al volante, la creación de ocho nuevas universidades nacionales, el establecimiento del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud, la aprobación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación 2023, la modificación de la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N°24.660 y la ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios.

En temas de medioambiente está el proyecto creación del Parque Nacional y de la Reserva Nacional Laguna El Palmar y el de creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”. Así como también el proyecto por el que se establece un Régimen Previsional Diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales de cajas transferidas.

El Ejecutivo también buscará que se trate el “Proyecto de Ley tendiente a asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/síndrome de down, para su hijo o hija en gestación o recién nacido/a” y el que busca crear el “Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina”.

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