El Gobierno y los piqueteros pasaron a un “cuarto intermedio” hasta el lunes

“Distendida”. Esa fue la palabra que utilizó el Gobierno para describir la reunión que tuvo lugar esta tarde entre el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y los representantes de las organizaciones sociales de izquierda. Tras la escalada en el conflicto generado por la negativa del Gobierno a ampliar la cantidad de programas sociales, que derivó en un acampe piquetero por 48 horas sobre la 9 de Julio la semana pasada, dirigentes y funcionarios acordaron un “cuarto intermedio” hasta el lunes próximo.

“Hay una posibilidad de soluciones concretas en los temas puntuales”, adelantó el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, una vez finalizado el encuentro. Luego de días marcados por un recalentamiento de la conflictividad callejera, el dirigente social se mostró optimista respecto de los eventuales resultados del diálogo alcanzado este jueves con Zabaleta. En ese sentido, aseguró que “el ministro mostró la voluntad de resolver los problemas”, aunque aclaró que “todavía no hay cosas concretas”.

Escoltado por las dirigentes Mónica Sulle (MST Teresa Vive) y Silvia Saravia (Barrios de Pie-Libres del Sur), Belliboni declaró que el ministro “entendió, comprendió y aceptó” la posibilidad de llevar adelante una política dirigida a “ayudar a las personas que no tienen absolutamente ninguna atención del Estado”. Mientras que al ser consultado por las chances de que se retroceda en la determinación oficial de limitar la entrega de programas Potenciar Trabajo, insistió: “El Gobierno está estudiando muy seriamente eso”.

“Hoy demostramos que no existe extorsión, que hay intención de ambas partes de seguir dialogando”, sostuvo, por su parte, Sulle, quien en tono conciliador señaló: “Es importante para nosotros poder avanzar en soluciones concretas que le tienen que llegar a la gente”.

La mesa de diálogo de hoy fue la quinta que protagonizaron Zabaleta y los representantes de las organizaciones sociales más intransigentes con el oficialismo. Según el calendario del “plan de lucha” que votaron los piqueteros el mes pasado, la fecha estipulada para la próxima medida de fuerza es el 13 de abril. Sin embargo, todo estará supeditado a lo que suceda el lunes.

Conflicto de fondo

Si bien el virtual apaciguamiento de las tensiones es un dato que terminará de confirmarse en los próximos días, lo cierto es que la suspensión de nuevas altas en el programa Potenciar Trabajo, confirmada en febrero por el ministro Zabaleta, tensó como nunca antes el vínculo que supo tejer la gestión del Frente de Todos con las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera, las mismas que recurrentemente marchan a las puertas del histórico edificio de 9 de Julio y Moreno, principal sede de la cartera de Desarrollo Social.

A lo largo de las últimas semanas, los dirigentes remarcaron la falta de respuestas por parte de los funcionarios, al tiempo que denunciaron que el oficialismo “ajusta a los que menos tienen para cumplir las tareas con el FMI”. Según los piqueteros, eso se traduciría en tres políticas concretas: la falta de variedad en la mercadería para los comedores populares, los recortes a planes sociales y el impulso de la medida que le permite a cada uno de sus beneficiarios elegir la unidad ejecutora en la que contraprestar.

En ese contexto, el punto más álgido del conflicto tuvo lugar a fines de marzo, tras una reunión en la que, a contramano de lo que afirmaron públicamente los dirigentes, desde el entorno de Zabaleta transmitieron que se había alcanzado un acuerdo. Según la cartera, los puntos de coincidencia habrían sido un reforzamiento en la política alimentaria y el compromiso por parte de las organizaciones de presentar “un plan de actividades laborales” para titulares de programas sociales, que permitiría la compra de maquinarias, herramientas e insumos para “fortalecer el trabajo en cooperativas”. La respuesta piquetera fue un inédito acampe de dos días.

En el oficialismo lo admiten sin medias tintas: en un contexto de fuerte convulsión interna, la Casa Rosada vio necesario salir a mostrar firmeza y marcar un límite en el fluido ida y vuelta que mantenía con los piqueteros, lo que se trataría, ni más ni menos, de un intento por interpelar a la clase media. Una muestra de ese objetivo la dio el propio Zabaleta a mediados del mes pasado: mediante su cuenta de Twitter, el ministro anunció que decidió dar de baja el beneficio social que percibía Oscar Santillán, uno de los detenidos por el ataque al Congreso durante el debate parlamentario del acuerdo con el FMI.

“Toda nuestra política pública está en reorientar la inversión social hacia la producción y el trabajo”, indicó recientemente el titular de Desarrollo Social. Es que, aunque en el Gobierno reconocen que la decisión de limitar la entrega de los programas sociales está atada a lo que ocurra con la reactivación económica, insisten en que, a partir de ahora, los recursos se redirigirán a la “creación de empleo genuino”. Son cuestiones de fondo que, pase lo que pase el lunes, continuarán sin resolverse.

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