El Gobierno recibe a los mapuches y dejó afuera de la mesa de diálogo a los propietarios y vecinos de Villa Mascardi

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En una carta dirigida “a todos los argentinos”, la Junta Vecinal de Villa Mascardi manifestó hoy su “gran sorpresa, indignación y preocupación con respecto a la nueva mesa de diálogo” con integrantes de la comunidad mapuche, convocada para mañana por el Gobierno. Desde la junta que preside Diego Frutos advirtieron que “ninguno de los vecinos de Villa Mascardi, víctimas de los reiterados abusos cometidos en la zona, fue invitado a participar” de la reunión en Buenos Aires.

Pese a que los vecinos y propietarios de Villa Mascardi no fueron convocados, la secretaría de Derechos Humanos que conduce Horacio Pietragalla sí integró al proceso a una comisión conformada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que hará un seguimiento de la mesa de diálogo, junto a entidades como Justicia Legítima, el CELS, Izquierda Socialista y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y Bariloche, entre otras. Se trata de organizaciones que no tienen vínculo con los afectados por las ocupaciones y ataques.

“La pregunta que deberán responder las autoridades tanto de la Nación como de la provincia de Río Negro es cómo, a través de este proceso de diálogo, planean preservar la paz, proteger la propiedad privada y la integridad y salud de los vecinos de Villa Mascardi: ¿piensan seriamente en negociar con aquellos a quienes se acusa, entre otros delitos, de haber usurpado y quemado propiedades?”, indicaron en el comunicado.

A mediados de diciembre y tras el pedido de diversas comunidades mapuche-tehuelche de Río Negro, Neuquén y Chubut, Alberto Fernández recibió a los representantes en la Casa Rosada y solicitó que la Secretaría de Derechos Humanos convocara a una mesa de diálogo en un plazo máximo de 10 días. Esa reunión se postergó para esta semana, tal como lo aseguraron desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro.

Desde la Junta Vecinal de Villa Mascardi ya han cuestionado en otras oportunidades las convocatorias a mesas de diálogo con la comunidad Lafken Winkul Mapu, que en los últimos cinco años ocupó siete predios que pertenecen a diferentes familias y también a la Administración de Parques Nacionales.

“Los derechos humanos no son solo de los victimarios sino también de los vecinos, turistas y transeúntes. Vemos mucho interés de los funcionarios en acudir rápidamente al auxilio de los detenidos o procesados, pero nada de eso ha sucedido cuando se roban e incendian casas, o se atacan a piedrazos o balazos a vecinos. ¿Será por una deformación ideológica?”, señalaron los vecinos.

Y agregaron: “Todavía nadie del gobierno nacional ni provincial se ha pronunciado acerca de quién se hará cargo de la reparación de los daños causados. El Estado ha decidido no proteger a Villa Mascardi, su patrimonio y bellezas naturales ni a sus habitantes. Por eso, ya sea por acción u omisión, el Estado es responsable de esta situación y sus funcionarios deberán rendir cuentas y responder ante toda la ciudadanía”.

Luego del desalojo del 4 de octubre pasado, distintas comunidades y organizaciones mapuches habían alertado sobre las “graves consecuencias que genera el encarcelamiento de la machi Betiana Colhuan”. Asimismo, durante la reunión con el Presidente, exigieron la disolución del Comando Unificado de Seguridad, formado por la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Esas fuerzas fueron las que llevaron adelante el desalojo de los distintos predios públicos y privados que fueron usurpados desde 2017 sobre la ruta 40 en Villa Mascardi. El día del desalojo, además de Betiana Colhuan, seis mujeres fueron detenidas. Cuatro de ellas permanecen con arresto domiciliario, en compañía de sus hijos menores, en un centro mapuche de Bariloche.

Los vecinos y dueños de casas en Villa Mascardi cuestionan que los rastrillajes posteriores al desalojo no hayan permitido encontrar a ningún otro miembro de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Hace unas semanas, en diálogo con este diario, Luis Dates, propietario de la cabaña Los Radales, que fue vandalizada y usurpada, indicó: “Si bien el lugar está volviendo lentamente a su normalidad, retirar a los gendarmes de Villa Mascardi sería un grave error, porque volveríamos a situaciones como las anteriores”.

Desde la Junta Vecinal también remarcaron la postergación del juicio oral contra nueve miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, por la primera usurpación de un predio de Parques Nacionales, a fines de 2017. Estaba previsto que el juicio comenzara en diciembre, pero fue pospuesto para mediados de febrero. La decisión fue tomada por el juez federal Hugo Greca luego de que el Gobierno convocara a la mesa de diálogo para buscar una solución alternativa al conflicto.

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