El Gobierno rechazó un decreto de Piñera que amplió la plataforma continental de Chile sobre territorio argentino
La Cancillería advirtió que la resolución del mandatario trasandino vulnera el Tratado de Paz de 1984; contactos entre el presidente Fernández, el canciller Solá y el embajador Bielsa
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LA NACIONMariano Spezzapria
El Gobierno rechazó este sábado un decreto del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que amplió la plataforma continental del país trasandino en los mares australes de modo tal que se superpone con la delimitación territorial argentina votada por el Congreso en 2020. La sorpresiva medida motivó contactos al más alto nivel de la administración nacional, que incluyeron -según pudo saber LA NACION- al presidente Alberto Fernández y al canciller Felipe Solá.
De acuerdo a la Cancillería argentina, la resolución de Piñera –instrumentada a través de dos decretos del 23 de agosto- “claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”, que clausuró el conflicto por el Canal de Beagle.
El rechazo del gobierno argentino a la resolución de Piñera no busca desatar un conflicto diplomático sino sentar una postura oficial, afirmaron los voceros gubernamentales consultados por este diario. Sin embargo, ya hubo contactos entre el presidente Fernández, el canciller Solá y el embajador en Santiago de Chile, Rafael Bielsa, para calibrar la dimensión de la avanzada chilena.
Los gobiernos de Argentina y Chile ya habían tenido un cortocircuito a principios de agosto, cuando un decreto de Fernández que fijó directivas militares contuvo un error sobre el estrecho de Magallanes, lo que motivó una protesta chilena. Con ese antecedente, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo este sábado que la medida de Piñera “pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”.
La Cancillería afirmó que “el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año”.
“La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, aseguró la Cancillería.
En la misma línea, sostuvo que “la pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”.
Voceros del Palacio San Martín consultados por este diario atribuyeron la medida adoptada por Piñera al hecho de que Chile se encuentra en “pleno proceso electoral”, que lo llevará a renovar a sus principales autoridades este mismo año. Aunque el país vecino votó su propia ley de demarcación de la plataforma continental el año pasado.
Se trata, en rigor, de un asunto de alto impacto en Chile, a tal punto que el canciller trasandino Andrés Allamand había objetado la presentación que hizo Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de las Naciones Unidas. Para el funcionario chileno, esa comisión “no tenía competencia” para avalar la demanda argentina.
La Cancillería chilena remitió al embajador argentino en Santiago, Rafael Bielsa, sendas notas de protesta a raíz de la nueva demarcación argentina. De este lado de la Cordillera, la gestión Solá en el Palacio San Martín replicó este sábado que “la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona” ante la CLPC “se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad” firmado en 1984, cuando se dio por cerrado el conflicto por el Canal de Beagle.
La postura argentina es que la presentación nacional “fue aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”.
“Ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile”, aseguró la Cancillería. Justamente ese punto es el que abrió la discordia interna en el país trasandino, donde sectores patagónicos y vinculados a las Fuerzas Armadas reclamaban a Piñera que subsane el olvido de la diplomacia chilena ante la “nueva avanzada argentina”.
El origen del conflicto, ahora potenciado por la decisión de Piñera, data de 2009, cuando Argentina extendió la plataforma continental a las 350 millas náuticas, con aval de la CONVEMAR. Ante el quedo chileno, los que presentaron su propia demarcación fueron los británicos, a partir de las Islas Malvinas, con lo que se desató una carrera estratégica por “la puerta de entrada a la Antártida”.
La alianza entre chilenos y británicos se mantiene a través del puente aéreo entre las Malvinas y Punta Arenas y del “libre tránsito” de los espacios marítimos que también abarcan a las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Chile, a su vez, pelea por su propio acceso al territorio antártico. La ampliación de la plataforma continental que decretó Piñera persigue ese objetivo más allá del mar territorial.
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