El Gobierno ratificó la intervención de la Obra Social del Personal Mosaista y le dio un nuevo plazo

A finales de agosto, el Gobierno comunicó, por medio de la resolución 2000, la intervención de la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM) por “irregularidades en el sistema y en la documentación”. Esta vez, ratificó la medida por 180 días y volvió a nombrar a cargo a Martín Gutiérrez.

Dos meses después, por medio del Decreto 880/2024, el Ministerio de Salud, a cargo del flamante designado Mario Lugones, selló la decisión contra la cobertura médica sindical. En la anterior publicación había advertido que regiría “hasta tanto el Poder Ejecutivo disponga”.

En este sentido, el Gobierno acusó que la intervención se debe a que desde la Superintendencia de Servicios de Salud detectaron “irregularidades en la carga de los códigos de práctica efectuadas ante el mecanismo ‘Integración’”. Además, encontraron “incumplimientos en la totalidad de la documentación respaldatoria prestacional exigida en la normativa”.

“El Agente del Seguro de Salud no realiza seguimiento ni auditoría a los beneficiarios que no son propios de su actividad, y se adeuda una importante cantidad de presentaciones de los Informes Detallados de Aplicación de Fondos (IDAF) y de los Estados Financieros Discapacidad (EFD)”, explayó el decreto y señaló que los últimos documentos entregados datan de noviembre de 2021.

Además, la Gerencia de Atención y Servicios al usuario del Sistema de Salud del organismo remarcó que “la información brindada por la aludida obra social [respecto a los informes] resultó ser parcial, incompleta e informal, presentando discrepancias con datos brindados a otras áreas de dicha Superintendencia”. Además, apuntó que no se cuenta con “Equipo Interdisciplinario de Discapacidad”.

Por último, en el decreto se consideró: “Toda la información y documentación recabada de las distintas áreas técnicas y jurídicas permitió advertir a la Superintendencia que el Agente del Seguro de Salud oportunamente auditado afronta una situación institucional y de cobertura prestacional inestable, impactando en el cumplimiento de las obligaciones que tiene la obra social, primordialmente en lo que respecta a asegurar una adecuada y oportuna cobertura de salud a sus beneficiarios, siendo de tal magnitud que impide el normal funcionamiento de la entidad”.

Al momento de la intervención inicial, el Gobierno también tomó posición de la Obra Social de Vareadores (OSV), mediante la resolución 1999, en la que dejó sin efecto al reconocimiento de autoridades de la entidad, nombró a cargo a Alberto Curci, y argumentó: “La Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros, al relevar, analizar y verificar el cumplimiento de la normativa vigente respecto de los procedimientos establecidos para la solicitud de prestaciones para las personas con discapacidad, advirtió que la obra social incumple con la presentación de la documentación respaldatoria prestacional”.

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