El ajuste en las jubilaciones puede acelerar la partida de los jueces de más edad
LA NACIONHernán Cappiello
El Gobierno quiere que el Poder Judicial también pague el ajuste. Por eso hace dos meses hizo llegar una propuesta para modificar el régimen jubilatorio de los magistrados, aumentando sus aportes, la edad de jubilación y reduciendo lo que perciben.
A este aspecto económico de la reforma en mente, se suma un efecto político demoledor: adelantar la salida de los jueces que tienen la jubilación acordada y que no quieran ver disminuidos sus ingresos. En la lista están entre otros, María Servini de Cubría, Claudio Bonadio , Rodolfo Canicoba Corral , Liliana Catuci y otros magistrados que ya hicieron los trámites para jubilarse. La Asociación de Magistrados calcula que son unos 300.
Las reformas son rechazadas de lleno por la Asociación de Magistrados y el gremio de los judiciales que lidera Julio Piumato , que convocó a un paro y movilización a los tribunales para el miércoles de la semana próxima.
La propuesta fue elevada hace dos meses a la Asociación de Magistrados por el ex secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, del staff del entonces ministro Jorge Triaca .
Al mismo tiempo, un borrador similar circula entre los fiscales, que le adjudican su origen a un lugar incierto entre la ANSES y el Ministerio de Trabajo.
Desde entonces está circulando entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, donde no hay ninguna propuesta oficial en este sentido, sino solo un non paper que circula entre los magistrados y un fuerte pedido del Gobierno, a través de los medios, para que el máximo tribunal se sume al ajuste.
Los puntos de reforma al sistema jubilatorio pasarían por aumentar del 12 al 15 por ciento el aporte del sueldo por mes, subir la edad jubilatoria de 60 a 65 años y bajar la jubilación del 82 % móvil actual a un 72 por ciento del sueldo.
Todo estos cambios son imposibles mediante un decreto, resolución o acordada y exigirían de mínima una modificación de la Ley 24.018 que rige la jubilación de los magistrados. Para semejante cambio, es necesario un consenso con el peronismo y los magistrados, que hoy parece imposible de alcanzar.
El tema se metió en la campaña electoral de la Asociación de Magistrados, donde esta semana fueron elegidos como representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura Ricardo Recondo, por la oficialista lista Bordo, Alberto Lugones, por la lista Celeste, que supo acompañar al kirchnerismo, y Juan Manuel Culotta de Compromismo Federal. Uno por cada una. La votación fue ajustada (33 votos entre el primero y el segundo) y el oficialismo perdió votos con respecto a la última elección.
En plena campaña, las tres listas emitieron un comunicado conjunto firmado por los tres candidatos en el que advirtieron que se oponían a "todo intento de avasallamiento de los derechos de loa magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos".
El cachetazo para el Gobierno fue unánime. El gremio de los jueces cree que estos cambios no prosperarán, porque de concretarse deberían dejar sus cargos 300 jueces, lo que provocaría un agujero económico a la ANSES y un problema por las vacantes que se generarían. Piensan que estos cambios tendrían un impacto menor en el ajuste, "apenas un puñadito de pesos" y las consecuencias se verían en otros poderes judiciales, pues hay cuatro provincias cuyos magistrados se jubilan de acuerdo con la régimen nacional.
El argumento constitucional es que una reducción de la jubilación implicaría una reducción de los salarios, lo que está vedado por la Constitución, que garantiza la intangibilidad de los sueldos de los magistrados.
En tanto, en la Corte están conversando informalmente sobre el tema pero no hay ninguna reunión ni decisión institucional.
El Gobierno confía en que los altos magistrados hagan algún gesto para sensibilizarse con la crisis. Los judiciales están dispuestos a conversar sobre el nuevo régimen jubilatorio, pero siempre y cuando alcance a todo el personal para que pueda jubilarse con el mismo porcentaje de sueldo que los jueces. Hoy el 82% móvil lo cobran de prosecretario para arriba. Y en rigor es un 94% .
El gremio y los jueces se oponen también al traspaso a la ciudad del fuero del consumo (que nunca funcionó y solo fue creado por una ley del kirchnerismo) y al traspaso a la órbita porteña de la Inspección General de Justicia, actualmente un registro nacional de sociedades, que de este modo sería controlado por el gobierno de la Ciudad, donde Cambiemos confía en que retendrá el poder.
Una versión que circula entre los actores involucrados es que se va a realizar una reunión técnica para analizar los cambios en jubilaciones, pero nadie la anunció ni la convocó. Nadie se hace cargo de la iniciativa ni de haberla difundido, pero está sobre la mesa.
Por Hernán Cappiello
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