El Gobierno quiere darle prioridad al consejo económico y social

Después de la reforma judicial, antes de la despenalización del aborto. La demorada y ambiciosa creación, por ley, de un consejo económico y social que diseñe "políticas de Estado" de mediano y largo plazo junto a empresarios y sindicatos está entre las prioridades inmediatas del gobierno de Alberto Fernández, empeñado en imponer "su" agenda en medio de las urgencias que impone la pandemia del coronavirus.

"Se habla permanentemente del tema. La idea es diseñar políticas de Estado entre los tres actores centrales del país", afirmaron muy cerca del Presidente, quien anunció la creación del consejo en su discurso del 1º de marzo ante el Congreso, y conversó del tema a principios de este mes con los líderes sindicales y referentes del empresariado, en la quinta de Olivos, cuando obtuvo de ellos el apoyo a la renegociación de la deuda. "La presentación del proyecto será un disparador para el consenso. Esperamos el momento adecuado", agregaron desde un despacho cercano al de Fernández.

La idea de "un nuevo acuerdo social" que ayude a la Argentina a salir del desolador panorama económico que trajo consigo la política de combate contra el coronavirus es compartida por empresarios, sindicatos y la Iglesia, aunque desde los tres sectores temen que su puesta en marcha "llegue tarde", ante la magnitud del descalabro, y creen en la necesidad de soluciones urgentes "de coyuntura" para paliar los efectos de la crisis.

"Son políticas de gestión de mediano y largo plazo; el proyecto nos parece interesante", afirmaron voceros de la CGT. Desde la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que agrupa a muchas de las firmas más importantes, aseguraron a la nacion que aún no fueron convocados, pero que "ya le han manifestado al Gobierno su vocación de participar en el consejo". Referentes del Episcopado, con tono similar, afirmaron que "la Iglesia dialoga siempre con todos los sectores, a través de Cáritas y la Pastoral Social", y señalaron como antecedentes la participación en la denominada Mesa contra el Hambre organizada por la Casa Rosada al inicio de su gestión, y el proyecto "seamos uno" de entrega de alimentos a barrios carenciados junto a otras ONG, bendecida por el Presidente.

Preocupadas por el efecto de la cuarentena en la actividad de la economía, la CGT, la UIA y la Iglesia ya dieron los primeros pasos y avanzan en la creación de un "comité de crisis" que aporte soluciones para el corto plazo. "Para salir de esto, vamos a tener que aportar desde todos los sectores", afirmó a la nacion José Luis Lingeri, miembro del consejo directivo de la CGT. La central sindical impulsa el comité, y ya mantuvo conversaciones preliminares con el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, y el titular de la UIA, Miguel Acevedo. "Si el Gobierno se quiere sumar, bienvenido sea", afirmó una fuente al tanto de las charlas.

Los detalles finos del proyecto de creación del consejo, diseñado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, son conocidos por el Presidente y un puñado acotado de funcionarios. "El proyecto está guardado bajo siete stiussos", ironizó un alto funcionario, en referencia al histórico enfrentamiento de Beliz con el exjefe de los espías, en tiempos del primer kirchnerismo.

Hay, de todos modos, algunas pistas. El exministro de Economía Roberto Lavagna, a quien Fernández le ofreció la presidencia del consejo, presentó a través de sus representantes en el Congreso un proyecto en ese sentido, en el que fija como objetivo la elaboración de un "programa nacional de desarrollo sustentable e inclusivo", y establece como competencias "dar su opinión" sobre decretos o proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.

"No es el mismo proyecto, pero tienen muchos puntos de contacto con el de Beliz", aseguraron cerca del exministro, que declinó asumir eventualmente la presidencia, pero se mostró dispuesto a "colaborar" con el proyecto. En el proyecto de Lavagna, además de un presidente designado por el Poder Ejecutivo, el consejo tendría 26 miembros (seis por el empresariado, seis por los sindicatos y 14 de "instituciones representativas", incluida la Iglesia). No figuran en la lista (como sí aparecen en otros proyectos, como el presentado por diputado socialista Enrique Estévez, aliado del lavagnismo) los partidos políticos, un tema que despierta resquemores en el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, inquieto por la posibilidad de que el eventual consejo le quite atribuciones al Congreso.

Atento a experiencias de otros países (el de Holanda, que el expresidente Mauricio Macri conoció en detalle en 2017 y que existe desde 1950 es uno de los más exitosos) y locales -en la ciudad de Buenos Aires y Mendoza ya están institucionalizados y trabajando-, Beliz pule en silencio su plan de consenso, parte de la agenda moderada y dialoguista que se contrapone con las propuestas extremas del kirchnerismo duro en relación con la relación Estado-empresas.

Más allá de que los tiempos le imponen la pandemia y la renegociación de la deuda, el Presidente espera poder avanzar "en las próximas semanas".

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