El Gobierno prorrogó por 180 días la intervención de la AFI
La medida fue publicada en el Boletín Oficial este martes
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LA NACION
El Gobierno prorrogó por 180 días la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y extendió el mandato de Cristina Caamaño al frente de ese organismo hasta junio del 2023, a través de un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial. Se trata de la cuarta prórroga desde el nombramiento en diciembre de 2019.
En el decreto 832/2021 se señaló que “resulta imperioso el desarrollo de acciones tendientes a la regularización del registro del estado patrimonial de los bienes asignados a la Agencia Federal de Inteligencia, como así también su modernización y mejora con el objeto de dotarla con la tecnología y los medios útiles para el desarrollo” de sus competencias.
La norma firmada por Alberto Fernández señaló que la gestión de Caamaño tiene por delante “consolidar el proceso de adecuación, sistematización y ordenamiento de las bases de datos del organismo” para “dar respuesta en tiempo oportuno al reclamo histórico de víctimas, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y la sociedad en su conjunto” sobre las actividades de la ex Secretaría de Inteligencia.
Asimismo, se consideró la puesta en marcha del Plan de Inteligencia Nacional para el Período 2021-2024, con el objetivo de rediseñar y reordenar en forma integral el Sistema Nacional de Inteligencia, “en tanto se trata del documento de planificación estratégica” y, según se manifestó, “cuya finalidad es la de direccionar las actividades de inteligencia hacia aquellos asuntos de interés prioritario de la República Argentina”.
Por otro lado, se señaló que el desarrollo de la pandemia “afectó la consolidación” de las acciones implementadas, y que es necesario avanzar en distintas líneas de acciones. En ese sentido, se resaltó el “proceso de profesionalización del personal” mediante “el diseño e implementación de proyectos formativos de calidad”.
Al asumir, Fernández había criticado el funcionamiento de la AFI durante la gestión anterior y, en particular, los usos reservados del organismo y la interacción con jueces y fiscales en causas. En el decreto de este martes se añadió que hubo “un notorio retroceso institucional que se tradujo en un funcionamiento desviado de las finalidades de los organismos de inteligencia” y se apuntó a la “indebida interacción con el sistema de Justicia”.
En ese sentido, recordó la prohibición a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la Justicia en las investigaciones criminales, impulsada a partir del decreto 214/20. Y se habló de la transparencia de fondos. “Se redujeron las partidas confidenciales a su mínimo indispensable, se generó un programa de rendición de cuentas y se publicitó la información presupuestaria”, añadieron.
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