El Gobierno prorrogó a través de un DNU la suspensión de los desalojos a comunidades indígenas
Ante el empantanamiento de la discusión en la Cámara de Diputados, la Casa Rosada extendió el régimen por decreto; el plazo expiraba el 23 de noviembre
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LA NACION
El Gobierno prorrogó este jueves a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la suspensión de los desalojos a las comunidades indígenas: una medida que había sido aprobada por el Senado, pero que aún no trató la Cámara de Diputados.
El régimen especial para las comunidades originarias, que incluye un plazo de relevamiento de sus áreas de ocupación, vencía el 23 de noviembre. Ahora se extendió hasta 2025. Se trata de la cuarta prórroga desde 2006.
“Mientras se desarrolle el correspondiente procedimiento parlamentario, resulta imprescindible dar continuidad a la declaración de emergencia y disponer la vigencia de los plazos establecidos en los artículos 1°y 2° de la ley N° 26.160 y modificar su artículo 3º, hasta el 23 de noviembre de 2025″, se consignó en el documento publicado en el Boletín Oficial.
La medida tiene en lugar en medio del conflicto con un sector de la comunidad mapuche en Río Negro y la sucesión de distintos episodios violentos.
La ley 26.160, que fue prorrogada en tres oportunidades, suspendió la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos “cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras” que tradicionalmente “ocupan las comunidades indígenas originarias del país”.
La norma, firmada por Alberto Fernández, tiene en cuenta que, de un universo de 1760 comunidades identificadas a la fecha, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) “ha finalizado el proceso de relevamiento de 746″.
Asimismo, se puntualizó que el organismo ha iniciado el proceso de relevamiento en otras 246, “que se encuentra en distintos grados de avances de ejecución; restando relevar 768″.
A su vez, el Gobierno señaló que, en medio de la pandemia de coronavirus, “se han culminado 73 relevamientos con sus respectivas resoluciones y se formalizaron 7 convenios interjurisdiccionales” con las provincias de Neuquén, San Juan, Misiones, Santa Fe, Chaco, Salta y Jujuy.
La iniciativa establece el congelamiento de todos los desalojos y de los procesos judiciales en curso por las tierras ocupadas por comunidades aborígenes hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas concluya el relevamiento técnico y catastral de los predios en disputa, tarea prevista inicialmente en cuatro años y que ya lleva 15 años sin completarse.
Como publicó LA NACION, la emergencia misma genera fuertes rispideces en el Congreso. Para amplios sectores de la oposición, detrás de muchas ocupaciones, en particular en la Patagonia, hay sectores políticos vinculados con el kirchnerismo
En la cámara alta, el kirchnerismo aceptó un cambio de Juntos por el Cambio. Se puso una cláusula por la cual el INAI tendrá que brindar un informe anual al Congreso sobre el avance del relevamiento. Fue la condición que puso la oposición para aceptar la inyección de 1200 millones de pesos que en cuatro años recibirá el organismo publico para volcarlo a esta finalidad.
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