A continuación, los principales conceptos:
- El Gobierno bajo presión decidió avanzar cuanto antes con la presentación de este proyecto que busca regular y reforzar el control de los gastos de campaña. Lo hace en el medio de esta investigación judicial que pone en tela de juicio lo que fue la recaudación de dinero para la campaña de Cambiemos en 2017 en la que aparecen cientos de personas que en apariencia no aportaron dinero.
- Lo que hace el Gobierno con este proyecto es eliminar los aportes en efectivo que era lo que facilitaba estas maniobras que se hacen desde que existe esta ley que obliga a contarle a la Justicia quién te aportó dinero para una campaña. Esto solo se va a poder hacer a través de una transferencia o de un cheque.
- Lo que se rinde ante la Justicia es el período de campaña que empieza 30 días antes de las elecciones, es decir, todo el gasto formalmente electoral. Todo lo que hay antes [de la votación], como viajes, actos, instalación de un candidato, encuestas etc., sale de cajas que nunca terminamos de conocer.
- Lo que está en juego no es tanto una sanción judicial sino un capital simbólico. El Gobierno tiene que reaccionar fuerte porque lo que está en juego es su mensaje de transparencia en un momento de mucha debilidad económica en el que el Gobierno no consigue mostrar resultados de su gestión.
- El kirchnerismo ha sido el maestro de este tipo de trampas electorales y de manejos financieros. Recordemos, sin ir más lejos, la campaña de 2007 famosa por la financiación de la mafia de la efedrina que generó infinidad de titulares.
- Ahora hay un problema: el kirchnerismo no vendió transparencia para llegar al poder, y el macrismo sí. Al Gobierno se lo juzga con otra vara cuando se trata con temas de transparencia y tiene una obligación mayor. Por eso va a tener un efecto político mayor para ellos exponerse a este debate. Lo que intentarán forzar es mostrar una reacción y decir que están actuando.
- El macrismo presentó 71 millones de pesos de gastos, no más de un 5% de esos aportes de Cambiemos han sido bancarizados. Todo el resto era el dinero en efectivo. Esto es lo que pudo haber derivado de alguna forma en esta desprolijidad que está revelando la Justicia y todavía no sabemos hasta dónde van a llegar.
- El proyecto que va a presentar el Gobierno habla de un permiso para que las empresas financien las campañas, cosa que hoy está prohibido, con un tope del 2% . El 2% del total del gasto permitido a un partido político va a poder provenir de una empresa.
- Ahora la Justicia pretende dejar que las empresas puedan aportar con algunos topes que tienen que ver con contratistas del Estado, empresas públicas, gente que si va a seguir vedada para esta situación.
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