El gobierno porteño rechazó el proyecto que obliga a alquilar viviendas vacías

“Hay gente trasnochada”. El gobierno porteño rechazó este miércoles el proyecto que penaliza a los propietarios que tengan viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gabinete, Felipe Miguel, cuestionó la iniciativa presentada por la agrupación Inquilinos Agrupados y consideró que sus efectos pueden ser negativos.

“Nos vamos a oponer. Es un disparate absoluto”, afirmó Felipe Miguel en sus redes sociales. El funcionario de Horacio Rodríguez Larreta publicó un video en el que que cuestiona el proyecto presentado por la organización de inquilinos, la misma que promovió la ley 27.551 de alquileres vigente. La iniciativa presentada esta semana fija que las viviendas que se encuentren vacías por tres meses se deberán alquilar obligatoriamente.

“No solo va en contra de la Constitución, que es muy clara en su redacción cuando dice que la propiedad privada en la Argentina es inviolable, también hay un tema del impacto real de este tipo de ideas absurdas, que no prosperan en ningún lugar del mundo”, analizó Felipe Miguel.

Y agregó: “Cuando uno saca una norma de estas características, lo que logra es que alguien que podría invertir en tener más viviendas, porque tiene plata para invertirla y después alquilarla, va a decidir no hacerlo. Y se van a construir menos inmuebles y va a haber menos inmuebles para alquilar”.

El jefe de gabinete porteño señaló, además, que los inmuebles se van a encarecer a raíz de la falta de viviendas o departamentos que estén disponibles en el mercado. “Es todo al revés”, sostuvo.

“¿Es tu departamento? ¿Es tu casa? ¿Es tu edificio? ¿Es tu campo? ¿Son tus tierras? ¡Hacés lo que vos decidís hacer!”, finalizó el funcionario.

Proyecto

A la par de una suba del 90% en los alquileres, el proyecto se desprende de un informe realizado por la Mesa de Estudio de Viviendas Vacías. Según ese documento, en el período 2017-2018-, hubo una tasa de vacancia del 9,2% de los usuarios residenciales (138.328). El informe se realizó a partir de los datos del Ente Regulador de la Electricidad (Enre).

Sin embargo, el número de unidades desocupadas fue en ascenso. “En la Ciudad de Buenos Aires, según el censo de 1991, había 40.000 viviendas vacías. Ya en el 2010 eran 341.000. Esta cifra ubica a Buenos Aires primera en el ranking de ciudades con cantidad de viviendas vacías por habitante”, sostuvo Inquilinos Agrupados al presentar el proyecto.

Según el proyecto, las viviendas vacías pasarían a integrar el Sistema de Alquiler Protegido, según una serie de requisitos: tienen que haber estado deshabitadas por más de 90 días, registrar consumos de servicios eléctricos por debajo de los 50 kwh/mes, y no tener registrado legalmente un contrato de alquiler. Además, esos inmuebles no tienen que haber sido inscriptos en el registro de excepciones por causa justificada.

La iniciativa plantea que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) sea la autoridad de aplicación y la entidad a cargo del Sistema de Alquiler Protegido. En caso que la ley prospere, los propietarios deberían avisar a ese organismo la disponibilidad de una vivienda vacía y regularizar esa situación. Inquilinos Agrupados busca juntar 38.000 firmas de apoyo para que el proyecto se trate en la Legislatura Porteña.

“Cuando el mercado plantea que la demanda supera la oferta, nada dice de las 340.000 viviendas vacías, siendo ésta la causa fundamental junto con el alquiler turístico. Hemos decidido presentar un proyecto que soluciona en 90 días el problema de oferta de vivienda en la ciudad”, afirmó Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados.

Rechazo del sector privado

A pocos días de hacerse pública la iniciativa, el sector privado ya anticipó su rechazo. En una columna publicada en LA NACION, el presidente de la Cámara de Propietarios, Enrique Abatti, consideró que la iniciativa es “inconstitucional” e “irracional” y aseguró que desalentará la inversión inmobiliaria.

“Este proyecto es como arrojar más nafta al fuego y terminará perjudicando aún más a los inquilinos y a todo el mercado inmobiliario. Y lo paradójico es que no existe un proyecto similar en el mundo ni siquiera en Venezuela”, indicó. El empresario cuestionó la decisión de promover una medida “contra la voluntad del propietario”.

“En números concretos, un departamento con un valor de plaza de US$150.000 y una valuación fiscal que oscila entre uno y dos millones de pesos -dependiendo del barrio en el que esté ubicado- se alquilaría por entre $10.000 y $20.000 al mes, un valor lejano al contrato que defendería esa propiedad en el mercado actual: por encima de los $70.000″, añadió.

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