El Gobierno pone en marcha un régimen para regularizar las deudas de las provincias

El Gobierno anunció la creación de un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas para facilitar el “saneamiento”, de las deudas provinciales, incluidas también las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La información fue detallada este jueves por el vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán, y oficializada este viernes a través del decreto 969/2024 publicado en el Boletín Oficial.

Según explicó el funcionario, de extrema confianza del jefe de ministros, Guillermo Francos, para los gobernadores será opcional acogerse al régimen. A partir de ahora comienzan las conversaciones con cada uno de ellos.

De acuerdo al nuevo régimen, los diferentes distritos tendrán la posibilidad de incluir compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimiento, remisiones y toda otra operación que tenga como fin la cancelación de deudas, a través de créditos que tengan cada una de las jurisdicciones con el Estado nacional.

El decreto contempla también que los saldos provenientes de débitos o créditos recíprocos serán cancelados en las condiciones que establezca el acuerdo celebrado entre Nación y cada uno de los distritos participantes. Y deja como opción la posibilidad de que si el saldo de deuda resulta a favor del Estado nacional o las provincias, podrán cancelarlo afectando un porcentaje de los recursos que le correspondan por coparticipación. También, en segunda instancia, la entrega de bienes nacionales a las provincias, como tierras, empresas o rutas.

“La idea es hacer un borrón y cuenta nueva en las compensaciones entre las provincias y la Nación”, ya que “desde hace muchas décadas las cuentas fiscales y un centralismo creciente han llevado a que las relaciones financieras y económicas entre la Nación y las provincias no sean simétricas”, sostuvo Catalán.

Según agregó el funcionario, a través de este decreto todas las jurisdicciones podrán incorporar al régimen las deudas que consideren necesarias, con el objetivo de unificarlas con aquellas que el Estado nacional mantiene con cada uno de los distritos, de modo de acordar compensaciones, conciliaciones y toda otra operación que tenga como fin la cancelación de deudas.

“El objetivo es caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo”, aseguró Catalán. “Uno de los pilares de nuestro gobierno es el ordenamiento de la macroeconomía y el equilibrio fiscal”, agregó, para enfatizar: ”Invitamos a todos los gobernadores a mirar hacia el futuro y trabajar juntos, con el firme objetivo de encontrar soluciones que le den un orden a las provincias y a la Nación”.

“La Nación no debe ser un corsé que impida el crecimiento de las provincias”, insistió el funcionario, para añadir: “Nuestra Constitución fija un régimen federal, pero desde hace tiempo las distintas gestiones de gobierno vinieron sosteniendo una práctica política unitaria”.

Pese al entusiasmo de Catalán, desde distintas terminales de los gobernadores advirtieron que no estaban al tanto ni habían sido consultadas de la decisión. Desde el inicio de la gestión libertaria, además, el grueso de los gobernadores vienen reclamando por el recorte de las transferencias discrecionales y la eliminación de fondos específicos (para seguridad y educación, por ejemplo), además de la suspensión de pagos de obras públicas y la reducción de la coparticipación que se produjo de la mano de la menor recaudación, por la recesión. Los reclamos se extienden incluso a aquellos gobernadores que lograron acuerdos específicos con la Casa Rosada para reactivar obras o liberar partidas, que luego no se cumplieron.

En su exposición, Catalán agregó: “Se viene una etapa en la Argentina en la que debemos trabajar juntos, y que las provincias y la Nación tengan saneados sus números”.

La disposición contempla que las provincias tienen, a partir de este jueves, 30 días hábiles administrativos para manifestar la adhesión a este nuevo Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

Además, tendrán que presentar la documentación que respalde la legitimidad de las obligaciones, que se proponen incluir en este régimen, así como los informes técnicos y jurídicos que van a tener que ser presentados –ante la autoridad de aplicación– en un máximo de 60 días hábiles, desde que se notifique la voluntad de adhesión, dentro de estos primeros 30 días hábiles.

El Gobierno considera el régimen como un paso “muy importante”, dentro del compromiso de austeridad fiscal que impulsa el presidente Javier Milei. También implica el inicio de un camino que tiene como fin rediscutir la coparticipación federal de impuestos.

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