El Gobierno pidió acuerdo al Senado para mantener en el cargo a una jueza que debe votar para definir el futuro de Cristina Kirchner
Alberto Fernández envió ayer a la Cámara alta el pliego de la camarista de Casación Ana María Figueroa, que en agosto cumple 75 años; la sala que ella integra tiene pendiente resolver si reabre la causa que investiga a la vicepresidenta y sus hijos
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El Gobierno le pidió al Senado su acuerdo para mantener como jueza de la Cámara Federal de Casación a Ana María Figueroa, que en agosto cumple 75 años y tiene pendiente votar en una causa clave para la vicepresidenta Cristina Kirchner: el caso Hotesur-Los Sauces, cerrado sin juicio hace un año y medio. La sala que integra Figueroa debe decidir ahora si lo reabre.
Alberto Fernández envió ayer el pliego de Figueroa al Senado. Si la Cámara alta no da su acuerdo para el nuevo nombramiento, la jueza debería dejar su cargo en cuatro meses. Es una decisión que los senadores toman por mayoría simple.
En el Gobierno tienen pocas expectativas de que la Casación mantenga cerrado el caso Hotesur-Los Sauces. Creen que la causa se va a reabrir con los votos de los otros dos camaristas de la sala de Figueroa: Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Es un pronóstico generalizado, también, en Comodoro Py. Figueroa ya votó en disidencia, por ejemplo, en el caso de los cuadernos de las coimas, cuando Petrone y Barroetaveña validaron las declaraciones de los arrepentidos.
En el caso Hotesur-Los Sauces nadie puede responder con precisión cuándo se resolverá; el plazo ya está vencido y la causa está en el despacho de Figueroa, a quien le tocó votar última (el expediente ya pasó por los otros dos jueces). Cuentan en los tribunales que ante el reclamo para que saque su voto Figueroa responde que hay otras causas todavía más atrasadas y que no son responsabilidad de ella.
En este caso, cerrado en 2021 por el tribunal oral que lo había recibido para hacer el juicio, se investigaron negocios inmobiliarios y hoteleros de la familia Kirchner. No solo estaba previsto que se la juzgara a la vicepresidenta, sino también a sus hijos, Máximo y Florencia. Pero en menos de un mes, después de siete años de trámite del expediente, el Tribunal Oral Federal 5 decidió cerrarlo. Lo hizo sin esperar el resultado de dos peritajes que los propios jueces habían pedido y cuando faltaba menos de una semana para que dejara el tribunal uno de ellos, Adrián Grünberg, que era subrogante y cuyo voto fue clave. Cristina Kirchner fue sobreseída por dos votos contra uno.
Figueroa integra la Cámara Federal de Casación Penal desde 2011. Desde diciembre pasado, además, es su presidenta. Por eso, este año dejará de votar en la sala que integraba, con excepción de aquellos casos en los que ya estaba participando, como Hotesur-Los Sauces y la causa por el memorándum con Irán, también con un pedido de reapertura pendiente de resolver.
Figueroa volvió esta semana a su despacho del primer piso de los tribunales de Comodoro Py 2002, después de un viaje al Vaticano y La Haya. Su regreso reavivó las expectativas de una definición en la causa de la vicepresidenta.
El pliego de Figueroa tomará estado parlamentario en la sesión de hoy del Senado. Fue para entrar en esta sesión que en el Gobierno se apuraron y lo enviaron a última hora de ayer. Ahora, la Comisión de Acuerdos quedó en condiciones de dar inicio al trámite, que incluye la convocatoria a una audiencia pública.
Figueroa tuvo mejor suerte que su excolega Eduardo Riggi, que no recibió el aval del Presidente para un nuevo nombramiento y el mes pasado dejó la Casación. Riggi se había ilusionado con la posibilidad de quedarse algunos años más. Cuentan en Comodoro Py que recibió mensajes que alentaron esa esperanza. Pero finalmente se despidió con una nota a sus pares en la que acusó al Poder Ejecutivo de “destrato″ porque el Gobierno nunca le respondió si pediría un nuevo acuerdo para mantenerlo en el cargo. Pedirlo o no es una decisión que la Constitución le reserva al Presidente.
Los jueces y los 75 años
El art. 99 inc. 4 de la Constitución Nacional establece: “Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados [los ya nombrados], una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”.
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