El Gobierno pidió al Senado un nuevo acuerdo para un camarista que cumple 80 años y que rechazó amparos contra el DNU
Es Carlos Grecco, quien ya tenía una prórroga de cinco años desde el macrismo, cuando cumplió 75; integra la Cámara en lo Contencioso Administrativo que decide sobre la legalidad de las normas
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LA NACION
El Gobierno le pidió al Senado que le dé un nuevo acuerdo al camarista en lo contencioso administrativo federal Carlos Grecco, para que pueda continuar en su cargo cinco años más, a pesar de cumplir 80 años. El magistrado ya había conseguido el aval de la Cámara alta, que lo nombró camarista por cinco años más el 24 de octubre de 2018, a instancias de Mauricio Macri, tras cumplir 75 años, que es el tope que establece la Constitución para que los jueces ejerzan sus cargos.
La propia Corte Suprema señaló a fin del año pasado al resolver el caso de la exjueza Ana María Figueroa que todos los nombramientos de magistrados de 75 años o más se harán por cinco años, “y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”.
Grecco integró con su colega Sergio Fernández, el más influyente de los camaristas con ascendencia sobre la mayoría de sus colegas del fuero, la sala de feria de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, a la que le tocó intervenir en enero por el debate del decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei, que busca reformar más de 300 leyes.
Hubo más de 60 demandas de inconstitucionalidad en el fuero para buscar anular toda la norma y que no se aplique. El juez de feria Enrique Lavié Pico rechazó en primera instancia los amparos presentados, entre otros, por el abogado Jorge Rizzo y por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Cuando llegó el caso a Grecco y a Fernández, ambos magistrados confirmaron el rechazo de los amparos y mantuvieron la vigencia del DNU de Milei. No se metieron en el fondo del asunto, es decir no analizaron si el DNU es constitucional o no, sino que argumentaron que Rizzo ni tampoco la ONG Observatorio del Derecho a la Ciudad tenían un caso concreto donde estuvieran afectados ellos en particular por el decreto.
“Se impone concluir que la pretensión articulada en esta acción de amparo individual no surge vinculada ni preordenada a la resolución de una ‘causa’, ‘caso’ o ‘controversia’ concreta entre partes adversas o una colisión efectiva de derechos, en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional. Por lo que, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto desestimó -con este fundamento- la presente acción de amparo”, sostuvieron los dos camaristas. E indicaron que es inoficioso analizar la constitucionalidad del asunto.
El pedido del Milei con la elevación del pliego de Grecco ingresó ayer a las 18. 45 a la comisión de Acuerdos del Sendo con la firma del ministro Mariano Cúneo Libarona. Ahora para que Grecco siga siendo juez el Senado debe analizar su pliego y poner en marcha un mecanismo de impugnaciones y audiencias públicas y luego conseguir los votos de la mayoría.
En el Gobierno explicaron que el caso de Grecco es diferente al de los candidatos a jueces cuyos pliegos retiró el presidente Milei del Senado. Dijeron funcionarios del oficialismo a La Nacion que en su caso “se hizo una excepción de pedir un nuevo acuerdo, antes de que cumpliera 80 años porque tiene idoneidad, sabe y tiene lucidez”.
El gobierno de Milei, a poco de asumir, retiró los pliegos de 62 candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales que habían sido elevados por el expresidente Alberto Fernández antes de dejar su cargo y que nunca fueron tratados en la Cámara alta.
Grecco es abogado, escribano y doctor en Derecho; fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador entre 1973y 1974 y luego fue rector; se desempeñó en el escalafón jurídico de la Fuerza Aérea entre 1967 y 1973, en 1974 fue subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación.
Es magistrado desde el 3 de diciembre de 1974, como juez Civil y Comercial Federal de la Capital hasta julio de 1981 y como vocal de la Cámara hasta diciembre de 1988, posteriormente en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Fue docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, en la Universidad de Morón y en el Instituto Nacional de Administración Pública, tanto en la carrera de grado como de posgrado.
Es autor de los libros “Impugnación de disposiciones reglamentarias” (Abeledo-Perrot, 1988); “Comentarios a la ley de reforma del Estado” en colaboración con los Dres. Tomás Hutchinson y Jorge Barraguirre (Rubinzal-Culzoni, 1990); “La Precariedad en los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones” en colaboración con el Dr. Guillermo Andrés Muñoz (De Palma, 1992) y “Fragmentos y Testimonios” en colaboración con el Dr. Guillermo Andrés Muñoz (Ad-hoc, 1999). Es, asimismo, autor de medio centenar de artículos y ensayos de su especialidad, además de haber intervenido como expositor o panelista en diversos congresos y jornadas.
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