El Gobierno pasó el manejo de los planes de cooperativas al Ministerio de Trabajo y genera desconfianza en los piqueteros de izquierda

La administración de los casi 1,3 millones de planes sociales pertenecientes al Potenciar Trabajo cambiará de manos el año que viene. Horas después de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara el traslado del programa del Ministerio de Desarrollo Social hacia el de Trabajo, surgió el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández y las titulares de ambas carteras –Victoria Tolosa Paz y Raquel “Kelly” Olmos, respectivamente– oficializando una medida cuya profundidad y alcance todavía se desconoce, pero que ya es vista de reojo por las organizaciones sociales opositoras al Gobierno.

Hasta enero de 2024, el programa seguirá estando bajo la órbita de Desarrollo Social y dentro de la secretaria de Economía Social, controlada hoy por Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, la organización social afín al oficialismo que administra la mayor parte de los planes. Con el visto bueno de las agrupaciones más cercanas al Gobierno, como Somos Barrios de Pie y el propio Movimiento Evita –todas ellas nucleadas dentro de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)– los planes pasarán a formar parte de Inclusión Laboral, el programa creado por el mismo decreto con el que se anunció el traslado. La capacitación profesional obligatoria para los beneficiarios del plan fue promovida como la principal novedad de una iniciativa que, por el momento, carece de letra chica.

En rigor, la capacitación era parte esencial de este programa de cooperativas que el kirchnerismo creó en 2009 –entonces se llamaba Plan Argentina Trabaja– luego de ser derrotado en las elecciones legislativas por Francisco De Narváez. El plan fue mutando con los años: las cooperativas perdieron espacio, se dejó de pedir contraprestación laboral a los beneficiarios o se les requirió certificados de formación. Mientras, el número de beneficiarios se amplió geométricamente.

“Es un ataque en regla a la organización popular en los barrios. No estamos de acuerdo”, le dijo Eduardo Belliboni a LA NACION. El líder del Polo Obrero, una de las voces opositoras más duras dentro del universo de las organizaciones sociales. Luego de reunirse con Pérsico –que cerró el traspaso en una reunión con el ministro Massa– levantó la guardia y manifestó su rechazo a la iniciativa oficialista.

“Tiene muy poco para explicar [Pérsico]. Fue una decisión un poco de campaña electoral, un guiño a la derecha que quiere hace mucho golpear a las organizaciones sociales que trabajan en los barrios”, insiste Belliboni. “Están planteando una especie de capacitación como si las personas no estuvieran capacitadas. Lo que falta es trabajo. Es una nueva maniobra, un refrito de todos los programas anteriores con nombres parecidos y ninguno funciona”, sostiene y agrega: “No es ningún puente al trabajo. La posibilidad de que hay trabajo tiene que ver con el desarrollo de la economía, no se maneja con un decreto”.

Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, una de las organizaciones sociales opositoras que administra planes Potenciar, es más cauta, pero también mira con desconfianza la resolución del oficialismo. “Lo único que tenemos es lo que se publicó”, explica, en alusión a los pocos detalles que se conocieron en torno a la medida. ”Si es bueno o es malo habrá que verlo en la reglamentación. Hay una zona gris con una serie de cuestiones. A priori es importante que se ponga el eje en crear puestos de trabajo. Pero es eso lo que va hacer que bajen los planes sociales”, sugiere, sin ocultar sus dudas sobre la implementación del nuevo programa y sin dejar de destacar la importancia de que el próximo gobierno fortalezca tanto a las “pequeñas y medianas empresas”, como a las “economías regionales”.

Los dirigentes ligados al oficialismo, como el secretario general de Somos Barrios de Pie, Daniel Menendez, respaldan la medida impulsada por Massa, aduciendo que el ministerio de Trabajo es el “lugar natural” para la administración de programas que tienen como norte un empalme con el empleo formal. Antonio Gramajo, que remplazará a Estaban “Gringo” Castro en la conducción de la UTEP, sostuvo: “Abordar este tema desde el Ministerio de Trabajo, reconociendo la economía popular como un actor económico que produce y trabaja, tal cual lo determina la ley de emergencia social votada por unanimidad en ambas cámaras [en 2016], es el camino correcto para encarar una solución integral”.

“Mayoritariamente, vemos que las organizaciones están de acuerdo con que se pase a Trabajo, hay que terminar de discutir la nueva reglamentación y la UTEP debe ser parte de ese proceso”, le dijo Gramajo a este medio.

El programa Potenciar Trabajo -que volverá a cambiar de nombre si Massa accede a la Presidencia- otorga un sueldo atado a la Salario Mínimo, Vital y Móvil y tiene como contraprestación, en los papeles, una jornada de cuatro horas de trabajo. La iniciativa, que no modifica los aspectos estructurales del programa, busca poner el énfasis en la capacitación profesional de los beneficiarios, que volverá a ser obligatoria.

“Las personas del Potenciar Trabajo, ese universo de 1.200.000 personas que hoy tenemos en el padrón, 30.000 tienen estudios secundarios terminados, tienen la calificación por lo menos de la educación obligatoria terminada, se están capacitando y necesitamos ampliar esa capacitación para empezar a unir la demanda laboral con las oficinas de empleo y las que organizan las regiones”, justificó Tolosa Paz, titular de la cartera de Desarrollo Social, sobre la medida impulsada por Massa. “Hay que articular aún mejor la demanda laboral con la oferta laboral, y eso no es competencia del Ministerio de Desarrollo social, sino de Trabajo, en el rol que tiene el trabajo, en la capilaridad territorial, en la cercanía que tiene con los parques industriales, todo lo que ocurra en el mundo del trabajo registrado”, agregó.

“Todos saben que quiero ser el presidente del trabajo”, dijo Massa en plena marcha electoral, al anunciar la medida el martes pasado. “Uno de los grandes desafíos que tenemos es poder transformar los programas sociales en empleo formal y protegido, por eso estamos poniendo en marcha un decreto que establece que a partir del primero de enero todos los programas sociales Potenciar pasan al programa de Inclusión Laboral [nuevo]. Se lo asocia a las gerencias de empleo y las bolsas de trabajo de cada uno de los distritos”, sostuvo.

Para Belliboni, detrás de la medida se esconde la intención de recortar el poder de las organizaciones sociales. “Es una idea de ir eliminando programas sociales. Es atacar a las organizaciones que tienen un trabajo en el territorio, que con esto se iría disolviendo. Es dar la idea de que la gente es la responsable de no tener trabajo. Por eso los cursos de capacitación, que es lo único que aparece como novedoso. Seguramente tendrán pensado hacerlo con los sindicatos y eso debilite a las organizaciones en los territorios. En los municipios no hay ninguna bolsa de trabajo. No son agencias de colocaciones”, explica Belliboni.

“Es un decreto que sugiere más de lo que dice. Pero nosotros, que estamos hace muchos años tratando con ministerios, sabemos a lo que se refiere. Seguramente en la reglamentación, en los detalles que le falta, que son muy importantes, estará este problema sobre el cual tendremos que pronunciarnos. Por ahora es un decreto que parece más para la campaña electoral que una solución real”, describe y advierte: “Seguramente vamos a tomar medidas”. Unidad Piquetera, que nuclea a las organizaciones sociales opositoras al Gobierno, se reunirá este lunes.

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