El Gobierno ordena "reducir al mínimo" la intervención de la AFI como auxiliar de la Justicia

Como un botón de muestra de los cambios que Alberto Fernandez pretende impulsar, la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI ), Graciela Caamaño, redactó en las últimas horas una resolución que ordena "reducir al mínimo" la participación de los servicios como auxiliares de la Justicia en las causas penales.

La normativa, que se publicó hoy en el Boletín Oficial , actuará en la práctica como un primer mensaje a los jueces para comenzar a cortar los puentes formales que existen entre los tribunales y el organismo de los espías.

"Comunicar a los jueces y fiscales con competencia penal lo resuelto a través de la presente normativa, a los efectos de que dichos funcionarios apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención de la AFI en actividades de investigación criminal en el marco de las causas", señala la resolución a la que accedió LA NACION.

El Gobierno ya anticipó su intención de enviar al Congreso una amplia reforma judicial y de inteligencia. La ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, trabajan en los lineamientos de esa iniciativa que se vislumbra como muy delicada por los actores en juego y las complejidad de su implementación.

En uno de sus capítulos más pretenciosos, el Gobierno quiere "divorciar" a servicios de inteligencia de la Justicia. "El espionaje puede llegar a ser una cloaca, pero además tiene un tubo que lo conecta con la Justicia. Hay que ponerle un tapón a ese tubo", graficó un alto colaborador de Fernández.

Cambios

Un ejemplo que brindan en los corrillos oficiales es el del rol de la AFI en las escuchas que ordena la Justicia. "Muchas veces los jueces ordenan escuchas a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte, y luego le piden a la AFI que hagan un desgrabado y un análisis de los audios. Eso es lo que no puede pasar", señalan fuentes oficiales.

El caso paradigmático fue el de la filtración de las escuchas de Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Los más de 90 CD con audios pasaron por los empleados de la Dajudeco (ex-Ojota) -que recibieron el material de la operadora telefónica- pero también por los espías de la AFI, que interpretaron su contenido; por el propio juzgado y por las partes de la causa. Unos se apuntaron a otros por aquella filtración.

Fernández no disolverá a la AFI, pero buscará quitarle atribuciones de inteligencia criminal y, en cambio, fortalecer las áreas vinculadas con asuntos exteriores y de seguridad nacional.

El Gobierno está concentrado en modificar parte del la la ley 25.520 de inteligencia nacional. El punto central es el artículo 4 de esa ley, que fija que "ningún organismo de inteligencia podrá revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones (...), salvo que mediare orden o dispensa judicial".

La nueva resolución de Caamaño resalta que "ese articulo establece la excepcionalidad para que la AFI actúe en carácter de auxiliar de la Justicia". "La AFI debe orientar todos sus esfuerzos al cumplimiento de funciones referida a los delitos complejos y contra los poderes públicos, encauzando sus medios técnicos y de recursos humanos hacia ese cometido principal", subraya la resolución.ß

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