El Gobierno impulsa otros planes, pero ya no niega reponer el IFE

El Gobierno ya no descarta los rumores acerca del posible regreso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que circulan desde hace semanas. Mientras tanto, aún en la incertidumbre, el Poder Ejecutivo promueve planes de menor escala para paliar la crisis económica a través de la Anses y el Ministerio de Desarrollo Social, pero también con la AFIP y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Ayer, durante un encuentro con empresarios en Entre Ríos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo, al ser consultado por la reactivación de aquellos planes de emergencia: "Se continuará protegiendo a los sectores que estén en situación más crítica, y la situación se irá normalizando a medida que la pandemia se normalice también".

Dos meses atrás, el mismo funcionario había confirmado el fin del IFE en medio de la visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina. "El IFE sirvió muchísimo. Protegió a gente que estaba en una situación muy dura. Generó un efecto real en la economía e implicó un esfuerzo importantísimo. Las medidas de protección social van evolucionando. Hoy no es el momento de un IFE 4, así como no es el momento de otras cosas, porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger la actividad", sostuvo Guzmán.

"Por ahora no, pero nos guardamos cierto grado de flexibilidad por si la pandemia vuelve a pegar la vuelta, como pasó en Europa", agregó el ministro. Hoy, el Poder Ejecutivo no niega hacer uso de esa flexibilidad.

"Se verá según la situación de la pandemia", dijeron a LA NACION fuentes de la Anses, que gestionó el IFE durante 2020, respecto del regreso del beneficio. En el Ministerio de Desarrollo Social –cartera que conduce Daniel Arroyo– fueron más allá. "El IFE no está previsto en el presupuesto 2021, pero, si se necesita, se volverán a tomar 'medidas de excepción'. No se habla de IFE concretamente", indicaron a LA NACION.

En caso de implementarse "medidas de excepción", podrían ser gestionadas "en conjunto" entre Desarrollo Social y "otras áreas", sostuvieron voceros de Arroyo.

Durante su visita a Entre Ríos, Guzmán indicó que el Gobierno ha ido "adaptando las medidas para lidiar con la pandemia en función de cómo han evolucionado las medidas de circulación y la actividad económica". Pero lo cierto es que, aunque el pago del IFE fue excepcional, el contexto también continúa siéndolo: no solo se reactiva la pandemia, sino que comienza a acelerarse el año electoral.

En sus tres cuotas –de $10.000 cada una–, el IFE alcanzó a casi nueve millones de trabajadores informales, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), monotributistas y desempleados, de entre 18 y 65 años. El desembolso fue de $270.000 millones. También, con el ATP, el Estado se encargó del pago de hasta el 50% de los salarios en más de 300.000 empresas.

De momento, con esos planes fuera de juego, la asistencia se disipa en iniciativas de menor escala, que están lejos de alcanzar a los nueve millones de beneficiarios del IFE, y se distribuyen entre diversos actores, como la Anses, Desarrollo Social, la AFIP y el Enacom.

Programas alternativos

La Anses mantiene desde hace 11 años el pago de la AUH, que perciben alrededor de 6,5 millones de personas, entre titulares y niños o adolescentes destinatarios, menores de 18 años. A partir de la promulgación de ayer, comenzará a correr el Plan de los Mil Días, que apuntará a asistir a las personas gestantes, durante el embarazo y primeros tres años de crianza, con la compra de vacunas, medicamentos, leche y alimentos. En este marco, el aporte de la Anses consiste en extender el pago de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), de seis meses a nueve, y ampliar los pagos por nacimiento y adopción, según indicaron a LA NACION fuentes del ente descentralizado.

Los tres programas principales que impulsa el ministerio de Arroyo son Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar y la Urbanización de Barrios, según indicaron fuentes del Ministerio. El primero tiene 750.000 beneficiarios, de entre 18 y 65 años: es el mismo universo etario que abarcaba el IFE, pero llega a solo un 8% de aquellos beneficiarios.

El programa Potenciar Trabajo es a largo plazo y consiste en el pago de $9400 mensuales -la mitad del salario mínimo- a quienes cumplan con una jornada laboral de cuatro horas en proyectos productivos, comunitarios o sociolaborales. Eventualmente, quienes perciben el beneficio pueden postularse a un trabajo y se derivará aquel monto como descuento para sus empleadores. "Es un plan que favorece al empleador, porque recibe medio sueldo de los trabajadores y solo debe pagar un complemento para llegar al salario mínimo", explicaron las fuentes oficiales.

La Tarjeta Alimentar surgió del Plan Argentina contra el Hambre –que se formalizó a principios del año pasado– y alcanza a más de 1,5 millones de madres que cobran la AUH y tienen hijos menores de seis años. Son cuotas que van de los $4000 a los $6000 y que se duplicaron solo por diciembre, en un refuerzo excepcional.

Respecto de Urbanización de Barrios, el plan aún no está en curso, pero voceros de Arroyo sostuvieron que "el objetivo es llevar a cabo una política de Estado, a largo plazo, que permita abordar 400 barrios populares por año –son 4400 a nivel país–, y contratar trabajadores para su urbanización".

La AFIP, por su parte, extendió hasta el 31 de marzo de 2021 el reintegro del 15% –con un tope de $700– para compras con tarjeta de débito de jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, así como a los titulares de la AUH y AUE. El beneficio estaba previsto que concluyera en diciembre de 2020 y fue asegurado por tres meses más.

Por último, un plan que comenzó de cero este año, desde el 1º de enero, es la Prestación Básica Universal del Enacom, que consiste en facilitar el acceso a servicios de telefonía, internet y cable, con cuotas mínimas, a titulares de la AUH, monotributistas y desempleados, entre otras personas en condiciones vulnerables.

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