El Gobierno no mandó ningún pliego para nombrar jueces nacionales ni federales y el 28% de los juzgados están vacantes

Pasaron más de seis meses de gestión y, con la excepción de las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Javier Milei todavía no mandó ningún pliego al Senado para cubrir las vacantes que afectan a un tercio del Poder Judicial.

Cuando asumió como ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona retiró los 62 pliegos que estaban en el Senado a la espera de ser aprobados. De esos pliegos, que habían sido enviados por Alberto Fernández y nunca recibieron tratamiento en la Cámara alta, 38 eran para nombrar jueces. En los primeros días del año, en el oficialismo prometían enviar una tanda de pliegos para cubrir las vacantes de fiscales, defensores oficiales y jueces. Hoy, cerca del 28% de los cargos del Poder Judicial están vacantes y el Poder Ejecutivo no activó el mecanismo constitucional para revertir esa situación.

Según la información que tiene el Consejo de la Magistratura, de los 1002 cargos de jueces nacionales y federales de todas las instancias hay 288 que están vacantes. En algunos casos, los concursos para designar a los nuevos magistrados están en trámite, pero en otros, llevan tiempo terminados. En el Ministerio de Justicia recibieron, a finales de mayo, las ternas aprobadas del Consejo de la Magistratura para cubrir 24 cargos de la justicia federal y nacional. Pero, según supo LA NACION, la falta de acuerdos en la Cámara alta ralentiza el envío de los pliegos. El Poder Ejecutivo debe seleccionar de cada una de esas ternas que recibe del Consejo a un candidato o candidata. El trámite constitucional se completa cuando el Senado le da su acuerdo al elegido por el Presidente, que luego firma el decreto para que sea puesto en funciones.

“Falta un poco. No está definido cuándo todavía”, fue la respuesta de un funcionario al tanto de la demora del Gobierno. Los senadores radicales y peronistas dialogan con los interlocutores del oficialismo para aceitar los acuerdos, pero las conversaciones todavía no prosperaron, según reconstruyó LA NACION.

Quien sigue al detalle la operatoria es el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, a su vez representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Amerio, un hombre cercano a Santiago Caputo, es la única voz que tiene el Gobierno en el Consejo de la Magistratura, dado que La Libertad Avanza no tiene representantes de la política en ese órgano, porque no es la primera ni la segunda minoría en las cámaras legislativas.

Las ternas que ya recibió del Consejo el Poder Ejecutivo son las que fueron aprobadas en los concursos 465 (Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires), 436 (Juzgado Federal de Primera Instancia de Bariloche, provincia de Río Negro), 473 (Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe), 446 (Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 13, 14, 18, 27, 42, 43 y 54 de la Capital Federal), 443 (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal), y 444 (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil). Pero en el Consejo todavía hay concursos en trámite para cubrir cargos de suma relevancia política, como los de los tribunales de Comodoro Py.

El Consejo de la Magistratura ya unificó concursos destinados a cubrir cargos de jueces y camaristas en esos tribunales federales. Esas ternas todavía no fueron aprobadas.

De los 288 cargos por ocupar en la Justicia, los trámites para cubrir 170 están en el Consejo. Otras 116 vacantes están en el Poder Ejecutivo y las restantes 2, en el Senado.

Mientras las vacantes se acumulan, los expedientes se reproducen y es frecuente que las causas se demoren. Lo más habitual es que se recurra entonces a un juez vecino, que cobra un plus salarial y se ocupa de su juzgado y del que está acéfalo.

Entre las decenas de pliegos que retiró Cúneo Libarona se encontraba el del juez federal Daniel Rafecas, postulado por Alberto Fernández para ser nombrado al frente de la Procuración General de la Nación, actualmente a cargo de Eduardo Casal. Ese pliego nunca fue tratado en la Comisión de Acuerdos del Senado, que conducía entonces la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Esa comisión ahora está bajo la conducción de la senadora de Pro Guadalupe Tagliaferri.

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