El Gobierno monitorea los preparativos para el juicio político, mientras sigue el malestar por las demoras

Pasaron diez días desde que el presidente Alberto Fernández anunció el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y habrá que esperar doce días más, hasta el 23 de enero, para el inicio del debate en el Congreso, tras la última reprogramación pedida por los legisladores oficialistas. En ese escenario que se dilata antes de iniciar, en el Gobierno buscan desdramatizar la demora, aunque siguen de cerca los aprestos de los diputados del Frente de Todos. El último fin de semana, el propio Fernández había pedido darle “celeridad” a la discusión.

Para el diálogo con el Congreso Fernández cuenta con el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, uno de los funcionarios con más y mejores relaciones no solo dentro del propio oficialismo sino también con la oposición. Exjefe de asesores presidencial y hombre de extrema confianza de Fernández, Olmos secunda a Juan Manzur, aunque tiene a su cargo las relaciones parlamentarias. “Internamente con el Frente está todo bien”, juran cerca del funcionario, pero trazan una fuerte distinción con la oposición. “Están muy duros con bloquear todo asunto”, sostienen.

Lejos del diálogo con Diputados, pero atenta a cada letra del decreto que llevará la firma de Fernández para convocar a sesiones extraordinarias, se mueve Vilma Ibarra. Junto a Olmos, dos de las personas que componen el círculo más cercano a Fernández desde antes de que llegara a la Presidencia.

En Casa Rosada hubo malestar luego de que la reprogramación de fechas quedara expuesta públicamente en una nota de LA NACION. Otros relativizaron esos reproches, aunque apuntaron al Congreso. “Los diputados pidieron más tiempo para organizar el trabajo y esperar a que lleguen todos, y nos pareció bien. Queremos que se haga todo ordenado y prolijo”, repetían este miércoles altísimas fuentes en Balcarce 50. Desde allí también daban por confirmado que mañana se publicará finalmente el decreto con la firma de Fernández y la convocatoria a sesiones extraordinarias.

En el oficialismo algunas fuentes explican que la demora, pese al pedido de “celeridad” de Fernández, tiene que ver con la “dinámica interna” del Parlamento. En particular, con la actividad de legisladores en sus provincias en medio de “la rosca local en un año electoral”. Ninguno había previsto que en la mañana del 1° de enero Fernández anunciaría el pedido de juicio político a Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. “Quién se iba a imaginar que eso iba a salir ahí”, reconoció un colaborador de Gobierno.

En ese escenario, no faltan quienes advierten que la demora en el Congreso cristaliza aún más la “debilidad” presidencial. “En cualquier circunstancia normal, un pedido del Presidente hace que todos los diputados estén a disposición desde el día uno, pero Alberto no tiene ese peso. Ni siquiera salió a bancarlo el kirchnerismo cuando anunció el juicio, pese a que era parte de la agenda de la vicepresidenta”, se sinceró un funcionario de primera línea. Que el kirchnerismo se llamó a silencio precisamente porque el Presidente tomó una de sus banderas es una de las explicaciones en danza.

Mientras Cristina Kirchner continúa sin enviar señales, desde el espacio del ministro de Economía, Sergio Massa, prefieren eludir el tema. Aunque con otros términos, dejan en claro que el ministro está demandado por sus propios problemas.

Por su parte, en el bloque de diputados del Frente de Todos negaban hasta ayer cualquier complicación política como explicación para la demora en el inicio de las sesiones extraordinarias. “Nosotros tenemos todas las puntas atadas. Son los del Poder Ejecutivo los que están definiendo la fecha de las extraordinarias. Nosotros vamos a arrancar en la primera semana que estemos habilitados para funcionar”, indicó una fuente de la Cámara baja. Sin embargo, es una verdad a medias: desde Diputados partió el pedido para que el Gobierno atrase una semana la convocatoria.

Para limar asperezas, los integrantes de la comisión de Juicio Político se reunieron este miércoles de manera virtual, para tratar de encarrilar el proceso. Allí quedó establecido que serán los diputados quienes presenten el proyecto de juicio político, que tomará como base el documento impulsado por Fernández y once gobernadores.

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