El Gobierno mantiene la amenaza de intervenir la AFA a pesar del desafío de Chiqui Tapia

La gestión que encabeza Javier Milei mantiene en alto la amenaza de intervenir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) si es que la entidad ignora las objeciones planteadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y avanzar con la asamblea prevista para este jueves, en la que se pretende reelegir a Claudio “Chiqui” Tapia. El Gobierno se prepara para una jornada áspera y enviará a veedores de la IGJ -que dependen del Ministerio de Justicia- a presenciar la cumbre de clubes convocada para mañana en el gimnasio de futsal del predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.

Pese a que la IGJ ayer emitió una resolución en la que pidió suspender las elecciones en la AFA e impedir cambios en el estatuto de la entidad, Tapia avanzará igual este jueves con la asamblea en la que pretende extender su mandato hasta 2028, suspender los descensos de la Liga y mudar su sede a Ezeiza.

Daniel Roque Vítolo, titular de la IGJ, había adelantado ayer que los directivos del fútbol argentino “podrían quedar inmersos en un delito” si desoían las objeciones de la entidad. Fuentes del Gobierno hoy reiteraban el abanico de opciones, adelantado ayer por LA NACION, que podrían desplegar ante un escenario de rebeldía de la AFA.

“La IGJ podría solicitar al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención de una entidad civil, o requerir el retiro de la autorización, la disolución o la liquidación si verifica actos graves que importen violación de la ley, del estatuto o del reglamento”, señalaron fuentes del Gobierno.

En esa misma línea, desde el oficialismo precisaron que se evalúan dos alternativas penales: la primera, denunciar a los dirigentes por el artículo 239 del Código Penal, en virtud del “incumplimiento de una orden emanada de un funcionario público en ejercicio de su función”, en este caso, la IGJ. La segunda, más grave, pasaría por imputarle a Tapia y a los dirigentes que integran la cúpula de la entidad la violación del artículo 301, que pena con seis meses a dos años de prisión a las autoridades de una persona colectiva (como la AFA) que autoricen “actos contrarios a la ley”.

Vítolo dijo hoy en Radio Rivadavia: “Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado”. “Están violando la ley y el estatuto y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal”, agregó el funcionario, que depende del ministro Mariano Cúneo Libarona.

Qué pasó

Ayer, la Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió invalidar las elecciones así como también la posibilidad de modificar el Estatuto durante la Asamblea General Ordinaria de la casa madre del fútbol argentino prevista para este jueves, 17 de octubre. Resolvió así hacer lugar a la impugnación que el 30 de septiembre presentó el club Talleres, de Córdoba, para impedir que la AFA adelante las elecciones un año antes de lo que indica el Estatuto, como pretende Tapia.

Además, el Gobierno canceló los puntos de la orden del día de la Asamblea vinculados a cambios en el Estatuto. Entre otras cosas, Tapia pretende reformar el torneo de la Liga Profesional, con la suspensión de los dos descensos previstos para este año. Fuentes de la gestión de Milei señalaron que “la AFA tiene una reforma de Estatuto previa, que data de noviembre de 2023, que está pendiente de inscripcion porque está objetada por la IGJ”. “No se puede, entonces, reformar otra vez el estatuto ahora”, agregaron.

La disputa entre los libertarios y la AFA se cristalizó antes de que Milei llegara a la Presidencia, cuando Tapia le dio su apoyo a la candidatura de Sergio Massa, pero se profundizó cuando el economista comenzó a agitar y, luego, a impulsar efectivamente el ingreso de capitales privados a los clubes a través de la creación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que la AFA rechaza y bloqueó formalmente, a través de una denuncia judicial.

La AFA considera que, dado que apelará la resolución de la IGJ ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, ese acto suspenderá la medida del organismo del Gobierno y la Asamblea podrá desarrollarse de manera íntegra. En el Gobierno desafían: “Si ellos entienden que con la apelación alcanza y están cubiertos, que avancen. Nuestra postura es la contraria y no es política, es estrictamente jurídica”.

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