El Gobierno libera $3000 millones para las obras sociales sindicales ante las complicaciones del bono salarial

Con la negociación por un bono de compensación salarial empantanada por la resistencia empresaria, el Gobierno y la CGT acordaron hoy la liberación de $3000 millones de pesos para las obras sociales sindicales.

Los fondos serán distribuidos en cuatro cuotas, entre el mes en curso y diciembre, según lo confirmaron a LA NACION fuentes oficiales y gremiales. Se trata de un compromiso asumido casi al inicio de la gestión de Mauricio Macri para que las prestadoras médicas afronten los tratamientos de alta complejidad y como parte del plan de Cobertura Universal de Salud (CUS).

El dinero proviene del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), cuyo financiamiento surge del aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios. "Hay 30 obras sociales que están al borde de la quiebra. La guita es del sistema, no es que el Gobierno nos las regala. La salud es difícil de sostener con los insumos en dólares", dijo un sindicalista que participó de las tratativas con funcionarios de la Superintendencia de Servicios de la Salud. El depósito de los fondos había estado en duda por la difícil coyuntura económica, admitieron desde ambas orillas.

La apertura del grifo de fondos para las obras sociales fue parte de la negociación por el bono salarial, aunque en este caso los empresarios observaron la puja como neutrales. Pero fue en estas charlas, con Dante Sica presente, en las que empresarios y gremialistas comenzaron a explorar alternativas para garantizar un pago extra que compense la caída salarial y que sirva para dinamizar la economía doméstica.

No se frustró el bono, pero tampoco está a tiro de decreto, como insinuó hace diez días el ministro de Producción y Trabajo. La negociación por el pago extra para los trabajadores del sector privado está empantanada en medio de un terreno heterogéneo, con industrias con caídas más bruscas que otras y asalariados más protegidos por sus respectivos convenios colectivos que otros. Las diferencias imposibilitan hoy avanzar en un borrador común, con un monto fijo y obligatorio que abarque a todos por igual.

Desde el Gobierno, las cúpulas empresarias y gremiales estimaron, sin embargo, que habrá algún desembolso adicional que sirva para atenuar la devaluación sin freno del peso. Podría concretarse en los primeros días del mes próximo, en la víspera a la elección presidencial.

Héctor Daer, jefe de la CGT, aceptó en medio de las conversaciones que el monto podría ser menor a los $5000, que fue lo que se les otorgó a los empleados estatales nacionales. El curso de la negociación quedó minado después del mensaje que envió ayer Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA). "Obligar a las empresas a pagar un bono es un acto de irresponsabilidad. La vorágine inflacionaria llevó a que haya cláusulas de revisión y a una automatización de ajuste de salarios. Atrás de las paritarias viene el bono, que encima los trabajadores piensan que se los dio el Gobierno", planteó el empresario del rubro alimenticio.

El impacto inflacionario

Entonces Sica, que intenta desde hace días buscar un atajo al tema, sugirió esperar hasta conocer la inflación de septiembre para definir la pulseada. Estima que en dos meses la suba de precios podría ser de casi el 10%, lo que dispararía en algunos pocos casos la cláusula gatillo o acumularía más fundamentos para revisar las paritarias. "No todos los sectores lo podrán afrontar un bono. No queremos causar un estrés financiero en rubros que no están bien", evaluó un asesor de Sica.

El ministro recibió quejas de algunos empresarios, sobre todo de los vinculados a las pymes, por el costo que deberán afrontar por el pago extra. Uno de los que los que habría llamado para quejarse fue el padre del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. En el borrador que circula en el despacho de Sica desde hace algunos días se habla de un "pago no remunerativo de alcance generalizado". No dice obligatorio. Y tampoco se precisa el monto. Hasta se evalúa la posibilidad de que no sea un decreto. Una suerte de pacto de caballeros de improbable cumplimiento.

En caso de ser un decreto, la decisión oficial es que se trata de un bono no remunerativo. Eso tiene una razón: el salario base continuará con el ajuste acordado en la paritaria, cada vez más retrasado. Se trataría así de un aumento de emergencia, como se dio con el bono de 2018, tras el primer cimbronazo devaluatorio de la gestión de Cambiemos.

Macri, en caso de habilitar el decreto, quedará así otra vez preso de la crisis económica y de sus propias palabras. Con la intención de recaudar la totalidad de los aportes a la seguridad social en tiempos de escasez, el Presidente había decretado que a partir de agosto de 2018 las cámaras empresariales y los sindicatos no podrían acordar sumas no remunerativas. La regla corría de igual manera para los acuerdos en el sector público. Como el año pasado, y de concretarse, la bonificación adicional será nuevamente un atajo fugaz y excepcional, por fuera de las reglas.

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