El Gobierno les permitirá a las provincias subir sus gastos en el año electoral

CÓRDOBA.- A contramano de las presentaciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, en las que insiste en que la Argentina avanzará en el camino de la sostenibilidad fiscal y que el año próximo comenzará a corregirse el déficit, el proyecto de presupuesto 2021 anula los principales puntos de la ley de responsabilidad fiscal, lo que flexibiliza las condiciones para que las provincias puedan aumentar sus gastos e, incluso, sus plantas de personal. Esa mayor laxitud coincidirá con el año de elecciones de medio término.

La ley se aprobó a fines de 2017 y estableció una serie de reglas para medir el crecimiento del gasto público, incluso se creó el Consejo Federa de Responsabilidad Fiscal, que esta semana tuvo su cuarta reunión del año.

Guzmán se presentó por videoconferencia ante los ministros del área económica de todas las provincias para analizar los ejes centrales del presupuesto 2021. Subrayó que el gobierno nacional "da un paso en el camino de ordenar las cuentas públicas" y "va a ayudar a anclar el esquema macroeconómico y a la Argentina para la recuperación de corto plazo y generar las condiciones de una economía que transmita tranquilidad y estabilidad".

Terminada su exposición, la reunión continuó entre los funcionarios provinciales, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, y en esa instancia algunos ministros plantearon si no hubiera sido "oportuno" que el Consejo analizara la suspensión de puntos importantes de la ley de responsabilidad fiscal.

Uno de los aspectos que quedarán sin aplicación si se aprueba el proyecto de presupuesto sin cambios es la suspensión de la medición de las reglas de crecimiento del gasto. Por ejemplo, la ley señala que la tasa nominal de aumento del gasto primario neto no podrá superar la de incremento de inflación.

Además, se quitará la limitación de no incrementar cargos ocupados (la actual normativa establece que solo las jurisdicciones que hayan alcanzado un resultado financiero superavitario o equilibrado podrán aumentar la planta de personal asociada a nuevas inversiones que impliquen una mayor prestación de servicios sociales, como educación, salud y seguridad).

Tampoco se aplicará la medición del indicador de endeudamiento (estaba fijado que los servicios de deuda debían ser inferiores al 15% de los recursos corrientes). Se le otorgará destino libre a los fondos que se obtengan por la venta de activos fijos. Hasta ahora solo se podían destinar a financiar gastos de capital.

Las provincias necesitarán nuevamente autorización para gestionar financiamiento ante organismos internacionales, como el BID y el Banco Mundial o a organismos del gobierno nacional (sector público no financiero). También se le recortan facultades al Consejo (básicamente tiene las de auditar los cumplimientos de las reglas) y regresan al Ministerio de Economía.

Economistas que siguen los números de las provincias, consultados por LA NACION, coincidieron en que las "verdaderas" señales de austeridad fiscal se deben dar por el lado del gasto y decisiones como la suspensión de estos puntos de la ley de responsabilidad fiscal se paran en la vereda opuesta. Admitieron, también, que las provincias no tienen mucho margen con sus propios recursos para aumentar el gasto, pero esa posibilidad se incrementa para aquellas que tienen más dependencia de los giros nacionales.

De manera indirecta, en la reunión virtual también se empezó a hablar de qué pasará con los cambios en el pacto fiscal que se introdujeron este año, cuando se eliminó la obligación a las provincias de bajar Ingresos Brutos. Ministros provinciales sugirieron resolver el tema lo antes posible para que puedan contemplar la decisión en los proyectos de presupuestos que girarán a sus legislaturas.

Una posibilidad es que siga todo tal como está en 2021 y se mantengan los topes del impuesto por sector para que no haya incrementos por encima de esos valores. De todos modos, no hubo decisiones.

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