El Gobierno lanza un registro de transparencia para empresas que operan con el Estado
Alcanzará a constructoras, bancos, laboratorios y organizaciones que tengan relación con el Estado; sus impulsores sostienen que busca evitar casos como los revelados en los cuadernos de las coimas
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El gobierno nacional trabaja en el armado del Registro de Integridad y Transparencia Empresarial (RITE), que funcionará en una plataforma digital en el que se conocerá la información de cada una de ellas y sus vínculos con el Estado. La puesta en marcha del RITE, según explican sus promotores, tiene como objetivo mejorar prácticas y relaciones entre el sector público y privado, buscando mediante esa articulación prevenir la corrupción en ese vínculo.
El proyecto, que estaría listo en marzo próximo, está a cargo de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción (OA), cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y viene siendo conversado con empresas y cámaras.
El próximo lunes, el encuentro será entre los responsables del proyecto y referentes de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Es precisamente uno de los sectores más sensibles del mercado por los escándalos vinculados a sobreprecios y sobornos. Su caso más emblemático en ese sentido es el de “los cuadernos de la coimas”, en 2018, y cuya elevación a juicio tiene a algunos de sus miembros entre los principales involucrados.
En las últimas horas se confirmó oficialmente la participación en el RITE de Aerolíneas Argentinas, en tanto que para los próximos días se espera que se sumen empresas ferroviarias, AYSA e YPF. En el listado que conformará el RITE se engloban no solo empresas de los diferentes rubros sino también entidades bancarias y organizaciones no gubernamentales (ONG).
El RITE funcionará con una plataforma digital, de consulta pública y de acuerdo a la información oficial, “buscará sumar esfuerzos que propicien un entorno adecuado para el desarrollo de negocios éticos y un relacionamiento público-privado basado en la confianza y el interés común”.
El registro no es obligatorio para todas las empresas, excepto para aquellas que quieren tener vínculos con el Estado. El funcionamiento dependerá de la OA, con la carga de los datos por parte de las empresas, en tanto que el nivel de información que brinde cada empresa variará de acuerdo a la dimensión que tenga.
El proyecto apunta también a la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, buscando a mejorar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma para la contratación con el Estado así como el conocimiento y control por parte de las oficinas públicas de los programas de integridad.
A la hora de explicar el proyecto, Luis Villanueva, subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, detalló que RITE “es una iniciativa colectiva, que se construye entre el sector público, privado, organizaciones intermedias y academia”, que “aspira a robustecer los programas de integridad”.
En ese sentido, detalló que la puesta en marcha implica una “instancia de relevamiento sobre lo que hay en las empresas, que dará cuenta de las políticas y acciones, para, entre todos y todas, apoyar a que las empresas y entidades logren mejores programas de transparencia”. Tras lo que agregó que se pretende “generar incentivos con la voluntad de que las empresas quieran participar por los propios beneficios que puedan generarse también en el ámbito privado”.
A nivel americano, el proyecto tiene como antecedentes a las experiencias recientemente aplicadas por los gobiernos de México y Colombia, con el Padrón de Integridad Empresarial y el Portal Anticorrupción, respectivamente.
En tanto que en Argentina la creación del registro tiene el acompañamiento del BID quien colabora en el diseño e implementación de políticas de transparencia e integridad en la gestión pública.
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