El Gobierno justifica la limitación de vuelos que dejará varadas unas 1400 personas cada día
Afirman que se trata de “una decisión sanitaria, no política” y que el perjuicio será mayor si no se logran contener las nuevas variantes del virus
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LA NACION
El gobierno de Alberto Fernández está dispuesto a asumir el “costo político” de la decisión administrativa difundida el sábado, que limita la llegada de argentinos en vuelos desde el exterior a 600 personas por día, y que dejará varados en distintos destinos del mundo a cerca de 1400 pasajeros cada 24 horas, como modo de prevención ante la aparición de las nuevas cepas del coronavirus.
“Es una decisión sanitaria, no política. Asumimos el costo porque mayor será el perjuicio si la variante Delta ingresa sin restricciones”, afirmaron cerca del Presidente, en defensa de la decisión oficial. Luego de distintas consultas con epidemiólogos, Fernández y su mesa chica para estas decisiones (la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro), definieron el viernes el cupo de ingresos al país, junto a la sensible limitación de vuelos desde el exterior, con fronteras que continúan cerradas para turistas extranjeros.
“Esto es grave en serio. Israel, Gran Bretaña y Francia están cerrando todo de nuevo, porque esta variante es más letal y contagiosa. Abarca a un rango más grande de la sociedad. Nos toca gobernar y cuidar a la gente”, agregaron desde la Casa Rosada, ya anticipando las críticas (y planteos judiciales) que comenzaron a recibir ante esta decisión, vigente en principio hasta el 9 del mes próximo y que incluye además la autorización a los gobernadores para “establecer los lugares en los que, quienes ingresen al territorio nacional entre el 1° de julio y el 31 de agosto del corriente año, deberán realizar la cuarentena”, obligatoria para todos los recién llegados. “Esta es una película que ya se estrenó en otros cines, tenemos que aprender de lo que pasan en Europa”, recalcan en distintos despachos.
Una llegada que sigue siendo fuente de preocupación para el Gobierno, pero también para la gestión bonaerense de Axel Kicillof y, en menor medida, para el gobierno porteño que conduce Horacio Rodríguez Larreta.
Desde el Gobierno agregaron que los argentinos que están en el exterior y quienes viajen en las próximas horas “ya están avisados, a nadie le tomó de sorpresa”. Las restricciones incluyen, además, la obligatoriedad del aislamiento de 7 días para los pasajeros que arriben al aeropuerto internacional de Ezeiza y cuyo examen de PCR resulte negativo.
Incumplimientos
Atentos al alto porcentaje de incumplimiento de ese aislamiento, un 30 por ciento detectado por Migraciones en las últimas dos semanas, en el gobierno bonaerense analizan las medidas a tomar. “Vemos que las cuarentenas en los domicilios particulares no están dando buenos resultados”, contestaron desde la gobernación. Agregaron que “se está trabajando en la reglamentación provincial” para definir los destinos a los que podrían derivarse los recién llegados con residencia bonaerense.
Desde el gobierno porteño, en tanto, continúa la disponibilidad de distintos hoteles ubicados en la ciudad para aquellos que den positivo en el test contra el coronavirus. “Las personas que vuelven del extranjero tiene que cumplir los siete días de cuarentena en el domicilio”, indicó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, y agregó: “Cuanta menos gente vuele, menor riesgo corremos”.
En este contexto de preocupación creciente, en el Gobierno analizan suspender el viaje a Francia que el Presidente tiene previsto para la noche del lunes, a fin de participar el miércoles del foro sobre igualdad de género organizado por su par francés Emmanuel Macron, con quien se viera a principios de mayo.
“Estamos hablando con los franceses, la verdad es que Macron nos ayudó mucho en la negociación con el Club de París y el FMI”, reconocieron desde Balcarce 50. De materializarse, el Presidente viajará acompañado por una comitiva “mínima”, integrada por su secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, y su vocero Juan Pablo Biondi.
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