El Gobierno intentó entrar como querellante en la causa de Lago Escondido y la jueza rechazó el pedido

La jueza federal de Bariloche Silvina Domínguez rechazó un pedido que hizo el Ministerio de Justicia, que buscaba constituirse como querellante en la causa que investiga las circunstancias del viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido del que participaron jueces, fiscales y funcionarios porteños junto a directivos del Grupo Clarín.

El ministro Martín Soria pretendía que el Gobierno pudiera acceder al expediente por considerarse víctima de los hechos que investiga la justicia federal de Bariloche, para poder impulsar la medidas de prueba en la causa, apelar decisiones en su condición de parte. Lo solicitó cuando presentó la denuncia penal en los tribunales federales de Bariloche, y una de las medidas que sugirió en esa presentación era la de secuestrar los teléfonos celulares de los imputados e investigar sus comunicaciones. Domínguez rechazó la pretensión.

La causa tuvo avances la semana pasada, cuando por pedido de la fiscal María Cándida Etchepare la jueza ordenó un allanamiento en la estancia de Lago Escondido. El procedimiento duró casi doce horas y fueron secuestrados allí los registros de huéspedes y visitas, computadoras, los registros fílmicos de las cámaras del lugar e incluso los teléfonos celulares de Nicolás Van Litmar, presidente de “Hidden Lake S.A”.

Van Litmar es quien recibió a los jueces y a Mahiques en el aeropuerto de Bariloche, según consta en los registros fílmicos que entregó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el marco de esa causa. El titular de esa fuerza, José Glinski, es uno de los señalados por los interlocutores autodenominados “Huemules” en el chat de Telegram como supuesto responsable de la filtración de información sobre su viaje. La PSA participó del allanamiento a la estancia de Lewis porque proveyó el helicóptero que llevó a la funcionaria judicial de Bariloche y su equipo hasta el lugar, pero el secuestro de los elementos lo hicieron efectivos de la Policía Federal Argentina, según reconstruyó LA NACION.

Están imputados en esta causa los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, el empresario Tomás Reinke y el exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth. Son dos las denuncias que acumula el juzgado de Domínguez. La primera fue presentada el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, a quien también se le negó ser tenido como querellante, y la segunda por Martín Soria, que apeló el rechazo de la jueza después de que rechazara su petición.

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