El Gobierno incumplió la orden judicial de armar un plan para repartir los alimentos que tiene almacenados
Se venció hoy el plazo que impuso el juez Casanello a las autoridades de Capital Humano; en el ministerio señalaron que apelaron la medida y por lo tanto no están obligados a presentar nada
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LA NACIONHernán Cappiello
Luego de que venciera el plazo otorgado por la Justicia, el Gobierno incumplió la orden judicial para presentar al juez federal Sebastián Casanello un plan para repartir 5.000 toneladas de alimentos almacenados en depósitos oficiales a los comedores comunitarios, afirmaron fuentes judiciales.
Las autoridades del ministerio de Capital Humano señalaron que no presentarán nada proque apelaron la decisión del juez ante la Cámara Federal, dijeron fuentes de ese organismo. Sin embargo, la sola presentación de la apelación no suspende una medida cautelar decidida por la Justicia. Es como si un imputado pretende suspender una prisión preventiva por el solo hecho de apelarla, advirtieron en los tribunales.
El incumplimiento de la orden judicial que pretendía interrumpir la consumación de un delito, como es la interrupción del suministro de alimentos a los comedores escolares, es un hecho cuyas consecuencias serán evaluadas por la Justicia. La decisión se dio en medio del ruido político que generó el desplazamiento de Pablo de la Torre, secretario de Niñez, Adolecencia y Familia de esa cartera.
La salida de De la Torre se dio tras la comprobación de que efectivamente había 5.000 toneladas de alimentos que se vencen el mes próximo y otros en breve que no fueron repartidos, incluidos aceite, leche, manteca de maní, harina y yerba.
Casanello tomó el lunes pasado una medida urgente en la causa contra el Gobierno por la parálisis en la entrega de alimentos a comedores: intimó al ministerio de Capital Humano a que le presente dentro de las 72 horas, que se vencieron hoy, “un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.
Además, le ordenó al ministerio, dirigido por Sandra Pettovello, que informara el detalle del stock de comida que tiene en depósitos del Gran Buenos Aires y Tucumán, unas 5.000 toneladas de alimentos adquiridos durante la gestión de Alberto Fernández.
La denuncia que dio origen a este expediente la presentó Juan Grabois contra Pettovello el 5 de febrero pasado. Sostuvo que con la parálisis en la entrega de alimentos se estaban violando las obligaciones contraídas por el Estado en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre y que estaban siendo afectadas muchas personas en situación de extrema pobreza.
La fiscal Paloma Ochoa le pidió al juez, en esta causa, que dictara una “medida innovativa” para ordenarle al ministerio de Capital Humano que, en un máximo de cinco días, entregara los alimentos retenidos que están demandando Grabois y todos los inscriptos en el Registro Nacional de Comedores.
Pero Casanello no accedió a ordenarle al Gobierno la inmediata entrega y en cambio le dijo que dentro de los tres días -que vencieron hoy- debería presentar al juzgado el plan “preciso” de cómo va a distribuir los alimentos.
El juez destacó en su resolución que las presuntas víctimas de los hechos que se investigan no son los que gestionan los comedores, sino las personas que “integran los grupos socialmente vulnerables”. Y dijo que “los comedores, en todo caso, son parte de una red de contención, son un medio, no un fin en sí mismo”.
El juez sostuvo que no le correspondía “sustituir a la administración” y, por eso, en lugar de ordenar la entrega, dispuso, por un lado, que el Gobierno le informe “el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, lo que deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”.
Tras ese fallo, el Gobierno apeló la medida ante la Cámara Federal y consideró que la apelación suspendía el efecto de la orden judicial, lo que no sucede al tratarse de una medida cautelar urgente que busca frenar la comisión de un delito.
Por Hernán Cappiello
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