Más tensión con los gobernadores: el Gobierno impulsará la creación de una fiscalía para investigar la corrupción de funcionarios públicos

El día después de la postergación, con discusiones incluidas y en principio para el próximo martes, de la sesión prevista en la Cámara de Diputados para el tratamiento de la ley Ómnibus, el gobierno de Javier Milei decidió tensar aún más el vínculo con los gobernadores, renuentes a apoyar la suba de retenciones a la soja y sus derivados, y a la vez vitales para que el proyecto pueda ser aprobado y girado al Senado.

“Tienen que entender que la cosa va en serio. Si no votan las retenciones, se van a socializar los costos del ajuste”, explicaban cerca del Presidente, quien durante la reunión de gabinete en Casa Rosada definió la creación, a través de un pedido del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona al procurador Eduardo Casal, de una fiscalía especial para investigar “la corrupción de los funcionarios públicos” pasados y actuales, según explicitó el portavoz Manuel Adorni en conferencia de prensa.

Adorni agregó, además, que la investigación abarcará a “a funcionarios nacionales, provinciales y legislativos”, un modo directo de tensar la cuerda con los mandatarios provinciales, en especial los pertenecientes a Juntos por el Cambio, que se resisten a avalar la suba de los derechos de exportación, que pasa del 12 al 15 por ciento en el caso de la soja.

“Todo lo que ingrese de esas investigaciones va a volver a la gente”, agregaban desde Balcarce 50, aunque supeditaban la efectiva creación de la fiscalía a la aprobación o no de la ley ómnibus, que tiene en el aumento de las retenciones uno de sus principales escollos, además del fin de la fórmula de movilidad jubilatoria y los poderes especiales que otorga al Presidente. El proyecto de fiscalía es, a la vez, un guiño a los sectores del electorado que pedían mayor atención en estas causas al ministro de Justicia.

“El ministro de Justicia va a sugerir en lo inmediato al procurador Eduardo Casal la creación de una fiscalía especializada que se ocupe de investigar la corrupción de funcionarios públicos, especialmente a los que contempla la figura de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados”, anunció el portavoz al ahondar sobre esta iniciativa de la Casa Rosada, que deberá conseguir aprobación judicial e incluye, a simple vista, facultades que hoy tiene la Oficina Anticorrupción.

“Incluirá a los funcionarios nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Vamos a recuperar todos los bienes producto del delito. Nunca el delito puede producir beneficio”, agregó el vocero.

No se trata, por cierto, de la primera advertencia del Presidente a los mandatarios. Horas atrás, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, había adelantado que de no aprobarse el proyecto haría una fina revisión de las transferencias a las provincias. Adorni precisó, además, que esa revisión abarcaría las partidas “una por una, y sin contemplaciones”.

Hoy, el ministro del Interior y uno de los interlocutores de los gobernadores, Guillermo Francos, defendió a Caputo. “Algunos tomaron lo de ayer como una amenaza a los gobernadores, se generó ahí una polémica. Por ahí lo tomaron de esa manera equivocadamente. Lo que dice el ministro de Economía es: ‘Si yo no tengo esta ley que me permita generar cambios, no solamente en los temas impositivos, sino en toda la actividad desregulatoria que permita ingresos de capitales a la Argentina, y por ende también nuevos ingresos al Estado nacional y a los provinciales, vamos a sufrir más porque tenemos que cortar muchos más gastos”, detalló el titular de la cartera política. La declaración sale al cruce de diputados de JxC como Rodrigo de Loredo y Miguel Pichetto, que definieron como “aprietes” las palabras del ministro de Economía.

Cerca del Presidente recordaban que, durante el gobierno de Mauricio Macri, “el ajuste lo hizo Nación y los gobernadores no. Ellos reeligieron, y Macri no. Eso no va a volver a pasar”, detallaron.

Fiscalía y Oficina Anticorrupción

En el dictamen de mayoría de la ley ómnibus, elaborado por los diputados libertarios en conjunto con bloques aliados, se dejó expresa constancia en el Capítulo V sobre la OA, que tendrá la función de “constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su competencia”. Al respecto de eso hubo un fuerte reclamo para que esta potestad quede incluida, sobre todo de diputados que integraron el ahora atomizado espacio de Juntos por el Cambio.

Esa, sin embargo, no era la intención del ministro de Justicia, que quería correr a la OA de ese rol y así lo había expresado en distintos reportajes. “Hubo un uso indiscriminado de los Tribunales, de las agencias del Estado, de la OA, de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), para perseguir opositores”, reflexionó el funcionario en una entrevista en LN+ el pasado 22 de diciembre. “Yo quiero paz, quiero que miremos para adelante, que tengamos un país con armonía. Basta de guerras judiciales. Por eso me critican, pero le sacamos la facultad de querellar a la OA y a la UIF, porque no están para querellar, las usaron para perseguir”, agregó el ministro. Finalmente, esta postura no fue incluida en la ley ómnibus y es en este contexto que la Casa Rosada buscará crear la fiscalía especializada contra la corrupción, un modo alternativo de cumplir con el reclamo de Justicia y una renovada advertencia a los gobernadores que se resistan a aprobar la ley.

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