El Gobierno impulsa dos leyes vinculadas a la energía que se contradicen y marca las diferencias internas en el gabinete

Puntual y con paso raudo, el secretario de Energía, Darío Martínez, llegó ayer a la Casa Rosada para una reunión pautada con Alberto Fernández. “Volvete, estoy con otras cosas, yo te llamo”, le escribió el Presidente cuando quedaba claro que no llegaría a la cita.

Más allá del frustrado encuentro, y entre los temas pendientes de su gestión (segmentación de tarifas, consecuencias de los recientes cortes de energía, relación con las empresas) Martínez impulsa en el Congreso una nueva ley de Hidrocarburos, en abierta contradicción con el proyecto del ministro de Producción, Matías Kulfas, impulsor de la denominada ley de Movilidad Sustentable, resistida por petroleras y algunas automotrices, y que también sería incluida en el temario que el Poder Ejecutivo se propone tratar durante el mes próximo. Martínez se referencia con el Instituto Patria, el búnker de Cristina Kirchner, mientras que Kulfas es uno de los ministros que responden directamente al Presidente y es resistido por un sector del kirchnerismo.

Anunciada en septiembre pasado por el propio Martínez, la nueva ley de Hidrocarburos ofrece beneficios cambiarios e impositivos para las empresas que proyectan inversiones en combustibles tradicionales, sobre todo en el yacimiento de Vaca Muerta. Pero las mismas empresas se pusieron en guardia al enterarse que el proyecto de Kulfas (con el aval del ministro de Economía, Martín Guzmán), propone en el texto a ser enviado al Congreso la inédita prohibición de fabricar vehículos con combustibles líquidos (nafta y gasoil) desde el 1° de enero de 2041 y favorecer la energía eléctrica como reemplazo de los combustibles fósiles.

“Desalienta a la industria, al petróleo y al gas. Nosotros somos potencia mundial en cuanto a estos recursos. Y nadie va a venir a invertir a la Argentina porque saben que acá no hay futuro”, dijo días atrás a TN Gabriel Bornoroni, presidente de Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), que nuclea a las estaciones de servicio de todo el país.

“Paradójicamente, el Ejecutivo quiere que ese proyecto se trate en las inminentes sesiones extraordinarias del Congreso junto a otro de promoción a la industria de hidrocarburos para generar un nuevo marco jurídico que fomente la inversión en gas y petróleo. Parece que hay petróleo malo y petróleo bueno”, comentaron sin ocultar su enojo fuentes del sector petrolero. “Prohibir la venta de vehículos a combustión interna para 2041 es contradictorio con el proyecto de incrementar la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta para apalancar el crecimiento económico y la generación de divisas frente a la restricción externa que tiene contra las cuerdas a la macroeconomía del país”, agregaron las fuentes.

Los empresarios aseguran que los funcionarios de uno y otro lado se “tiran la pelota” mientras impulsan, cada uno por su lado, sus respectivos proyectos. “Hablan como si no formaran parte del mismo Gobierno”, afirmó otro representante de las industrias que se consideran afectadas y que ponen en duda las inversiones de esos sectores en los próximos años.

Kirchnerista versus albertista

La disputa entre Martínez, funcionario cercano al Instituto Patria, y Kulfas, un albertista de la primera hora que resistió varios intentos del cristinismo por desplazarlo, excede en mucho las cuestiones técnicas. “A Kulfas La Cámpora no le va a aprobar nada”, sostuvo una fuente al tanto de las negociaciones parlamentarias. Martínez, quien días atrás defendió sin medias tintas el proyecto de una empresa noruega para la exploración petrolera en el Mar Argentino, viene forjando también una relación de confianza con el Presidente, con quien habló “veintidós veces”, según contaron cerca de Fernández, durante la grave crisis energética en medio de la ola de calor que se vivió en todo el país a fines del año pasado.

En octubre pasado, y al presentar el proyecto, Kulfas explicó que la norma apunta a trabajar tres sostenibilidades: la ambiental, la macroeconómica y la social. “La sostenibilidad ambiental para pensar en el transporte del futuro compatible con el ambiente, con desafíos productivos para combatir el problema del cambio climático; la sostenibilidad macroeconómica para trabajar en un sector que pueda generar divisas y sea exportador, que ahorre divisas de exportación y cree producción nacional más sofisticada; y la dimensión social para crear empleo en todo el país”, sostuvo el ministro, en aquel acto junto al secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz y el presidente de Toyota y titular de ADEFA, Daniel Herrero.

Desde el Ministerio de Producción, y si bien reconocieron el malestar de “algunas empresas”, relativizaron a LA NACION las diferencias con Martínez y afirmaron que el proyecto tiene “buena recepción” incluso entre las automotrices. También recordaron que la semana pasada, al ser consultado por este tema, Kulfas afirmó: “La transición ecológica va a llevar no menos de 20, 30 años. Y en el medio van a convivir las apuestas que estamos haciendo tanto a los hidrocarburos como a las nuevas energías, como las energías renovables”. También agregaron que “nuestro ministerio participó de la elaboración de la ley de hidrocarburos, en todo el apartado de desarrollo de proveedores locales”. El ministro también reafirmó su apuesta por los molinos eólicos, paneles solares, y el hidrógeno verde, “el combustible del futuro, totalmente ecológico”.

“Es un proyecto para un país rico como Alemania, no para una Argentina con más del 40% de su población por debajo de la línea de pobreza”, insistieron los sectores que se oponen a la norma que impulsa el ministro.

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