El Gobierno hizo un gesto a Chile para "dialogar" sobre la extradición de Apablaza

En un gesto que se contrapone sustancialmente con el kirchnerismo y que busca dar una señal de acercamiento a Chile, el Gobierno se mostró dispuesto a dialogar "amistosamente" para rever el asilo político que había otorgado Cristina Kirchner a Galvarino Sergio Apablaza, el ex guerrillero chileno acusado por la justicia de su país del asesinato del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Guzmán.

Según dijeron a LA NACION en la Cancillería, el gobierno de Mauricio Macri envió anteayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una carta en la que expresó su intención de dialogar con Chile para buscar una "solución amistosa" al pedido de extradición exigido por los familiares de Guzmán.

"Empezamos el camino del diálogo, que estaba roto, y ahora se abre la posibilidad de dar solución a un reclamo de la justicia chilena y de los familiares de Guzmán para que se pueda extraditar a Apablaza", dijo un destacado funcionario del Gobierno. En 2010, Cristina Kirchner aceptó el asilo político de Apablaza y frenó así un largo proceso judicial que había llegado a la Corte Suprema para extraditar al guerrillero chileno. Los familiares de Guzmán y dirigentes de la UDI exigieron a la Argentina que Apablaza fuera devuelto a su país para ser juzgado como presunto autor intelectual del asesinato de Guzmán y participante del secuestro del empresario Cristian Edwards.

La familia de Guzmán recurrió a la CIDH para intentar revertir la decisión. Esa presentación se hizo en 2012 y el tribunal fijó el 23 de febrero como fecha límite para que el gobierno argentino hiciera su descargo. Por este motivo, anteayer presentó el escrito ante la Corte Interamericana. Según dijeron en el Gobierno, el Presidente no puede autorizar por su cuenta la extradición de Apablaza porque ello iría en contra del principio internacional del derecho de asilo que tiene toda persona. No obstante, hay claras intenciones políticas de Macri de arribar a un acuerdo jurídico en un ámbito como la CIDH.

Al abrirse ahora un camino legal en ese órgano judicial superior se afianza la posibilidad de que la Argentina acepte el pedido de Chile. En el escrito que presentó ante la Corte Interamericana, el Gobierno destacó su disposición a rever el caso y buscar una solución.

El presidente de la Fundación Jaime Guzmán y dirigente de la UDI, Andrés Chadwick, dijo ayer a LA NACION que "con el gobierno de Macri se abre un espacio de diálogo que nos llena de optimismo para arribar a una solución jurídica, por un reclamo que hicimos desde hace muchos años y no teníamos respuesta política".

No será sencillo el camino, porque la demanda en la CIDH podría demorar varios años. No obstante, Macri buscó dar una señal política a Chile en un caso que generó una fuerte tensión entre el gobierno de Cristina Kirchner y el del entonces presidente Sebastián Piñera.

En 2004, durante un operativo especial de la policía argentina, Apablaza fue apresado en la localidad bonaerense de Moreno, ya que tenía pedido de captura de Interpol. Vivía allí con el nombre falso de Héctor Daniel Mondaca, y su pareja, la periodista chilena Paula Chahín, era empleada de la Secretaría de Medios de la Nación. Durante siete meses, Apablaza estuvo detenido en la Unidad de Investigaciones Antiterroristas, hasta que, en 2005, el juez del caso, Claudio Bonadio, decidió no conceder el pedido de extradición a Chile, al entender que en ese país se había afectado su derecho al debido proceso y a la defensa. A partir de entonces, Apablaza estuvo en libertad. Luego, la familia Guzmán apeló a la Corte y Apablaza pidió asilo político, que le fue concedido por Cristina Kirchner.

Galvarino Apablaza

Ex guerrillero

El caso

El ex guerrillero chileno está acusado del asesinato, en 1991, del senador Jaime Guzmán (UDI).

El exilio

En 2001 fue librado su pedido de captura internacional. Fue encontrado en la Argentina y se lo detuvo, hasta que la Justicia lo dejó en libertad. La familia Guzmán apeló a la Corte y Apablaza pidió asilo político, que le concedió Cristina Kirchner en 2010. Desde entonces no se llega a un acuerdo para su extradición.

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