El Gobierno hace un último intento para conseguir un acuerdo político por Lijo y García-Mansilla; si no prospera, avanzará por decreto

El Gobierno hará un último intento para alcanzar un consenso político para que el juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla asuman en la Corte Suprema con acuerdo del Senado. Altas fuentes de la gestión de Javier Milei aseguraron que la Casa Rosada está “escuchando a distintas voces” de la oposición y “sondeando” si es posible un acuerdo político que le permita tratar con éxito los pliegos en sesiones extraordinarias en febrero.

Si esta última negociación no prospera, Milei gatillará el decreto -cuyo borrador ya está escrito en un despacho de la Casa Rosada- para nombrar a Lijo y a García-Mansilla en comisión por un año. “Queremos insistir con el acuerdo. Tenemos un mes de changüí porque está la feria judicial”, dijeron a LA NACION muy cerca del Presidente.

La decisión final está en manos del Presidente, que confía en su estratega, Santiago Caputo, para operativizar tanto los pormenores jurídicos como los aspectos políticos y comunicacionales del tema.

En la Casa Rosada no quieren decir cuándo darán por agotada a la vía de la negociación. Solo insisten con que el Poder Ejecutivo “no va a resignar a ninguno de los dos candidatos”. “No cambiamos a ninguno de los dos. No tenemos problema en discutir una ampliación del máximo tribunal, pero después”, señaló una fuente oficial, como un mensaje para el kirchnerismo, contraparte ineludible de una eventual negociación por el volumen del peronismo en la Cámara alta.

El escenario en el Senado cambió luego de la expulsión de Edgardo Kueider, el senador entrerriano detenido en Paraguay con 211.000 dólares no declarados. A partir de ese episodio, el oficialismo perdió la banca de un aliado -Kueider- en manos de La Cámpora.

La gestión de Milei, así, se ve compelida a negociar con Unión por la Patria, que tiene 34 legisladores y ahora está más fortalecido porque quedó a tres votos del quorum propio. Es un escenario incómodo para el Gobierno, que quedó con todos los reflectores encima luego de quitarle apoyo al proyecto de “ficha limpia” que podía complicar a Cristina.

El pliego de Lijo ya tiene nueve firmas en la Comisión de Acuerdos para poder pasar al recinto del Senado, donde requiere, a su vez, dos tercios de los presentes para conseguir el acuerdo definitivo. La candidatura de García-Mansilla no logró siquiera acuerdo de comisión.

En las últimas semanas se especuló con que, si Lijo es nombrado por decreto en la Corte, debería dejar su estratégico juzgado en Comodoro Py para pasar a integrar el máximo tribunal. Un alto funcionario dijo a LA NACION que no sería necesario que Lijo renuncie, sino que sólo debería pedir una licencia. Es un permiso que debe ser otorgado por el máximo tribunal actual.

La opción del decreto

Pese a que la vía de la negociación aún no se dio por cerrada, el Gobierno defendió este jueves la alternativa de nombrar a Lijo y a García-Mansilla en la Corte Suprema por decreto. Luego de que el máximo tribunal emitiera una acordada en la que reglamentó la forma de funcionar con tres jueces, en la Casa Rosada prepararon el terreno y remarcaron que el Presidente tiene la “herramienta constitucional” para designar a los magistrados por un año, en comisión, a la espera del acuerdo del Senado.

La Casa Rosada no quiere que el máximo tribunal funcione con tres miembros a partir del 29 de diciembre, cuando Carlos Maqueda cumpla 75 años y deje su sitial en el cuerpo. Con su jubilación, la Corte quedará integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que se viene pronunciando en disidencia. Para que se dicte un fallo es necesario que haya tres votos coincidentes, por lo que se prevé una Corte trabada.

Ayer, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, exhibió la mirada del Gobierno ante el escenario que se abre en la Corte. “Que un proceso en la Argentina hasta que obtenga el fallo de la Corte Suprema lleve 20 años, es una cosa increíble. Desde el punto de eficiencia procesal, me cuesta creer que podamos seguir teniendo una corte con tres miembros”, dijo en Radio La Red.

Luego, aclaró cuáles son las alternativas que tiene Milei: “Él sabe que la Constitución lo habilita a nombrar jueces por decreto en comisión. Generará, por supuesto, todas las discusiones que habitualmente generan este tipo de decisiones pero el Presidente sabe que tiene esa facultad y él decidirá si la utiliza o no”.

El ministro coordinador se pronunció luego de que la Corte emitiera ayer una acordada en la que reglamentó la forma de funcionar con tres jueces. Si uno de los jueces no está de acuerdo, se deberá convocar a un conjuez (los presidentes de las Cámaras Federales del país) designado por sorteo. El texto de la acordada del miércoles -que Lorenzetti no apoyó- establece un mecanismo rápido para el sorteo de conjueces con el objetivo de impedir que los expedientes se paralicen ante la falta de mayorías.

Fuentes oficiales señalaron que en el Gobierno sabían de antemano que saldría esa acordada y que no lo interpretaron como un ataque al Poder Ejecutivo. “Es tema de ellos. No tiene nada que ver con nosotros”, dijo un funcionario a LA NACION, en relación a la pelea intestina que existe en la Corte. Lorenzetti fue el principal promotor de la candidatura de Lijo y aspira a recuperar la presidencia del tribunal.

Un colaborador de la Casa Rosada, no obstante, resaltó el sentido de los dichos de Francos: “La Corte dice que puede funcionar bien con tres jueces. Nosotros resaltamos que las causas duran 20 años”.

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