El Gobierno habilitó el regreso de mapuches a tierras usurpadas y generó un fuerte rechazo en Villa Mascardi
El Estado nacional reconoció como sitio sagrado una zona que había sido ocupada por la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Bariloche; el acuerdo fue cuestionado por los vecinos y la oposición
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PARA LA NACIONPaz García Pastormerlo
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Diversas voces se alzaron en contra del acuerdo alcanzado ayer en la sede de la exEsma, por el que el Estado nacional se comprometió a reconocer el “rewe” como sitio sagrado de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. Entre otros puntos, el acuerdo —que representó una ratificación de un consenso alcanzado en febrero en Buenos Aires— habilita a que cuatro mujeres de la comunidad mapuche detenidas hace casi ocho meses regresen al predio sobre la ruta 40, del que fueron desalojadas en octubre de 2022.
La medida beneficia a Luciana Jaramillo, María Celeste Ardaiz Guenumill, Romina Rosas y Betiana Colhuan —considerada “machi” o líder espiritual—, todas integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu, detenidas junto a sus hijos en un operativo conjunto de fuerzas federales y provinciales.
Las cuatro fueron procesadas por la jueza Silvina Domínguez, quien elevó a juicio la causa el 6 de enero pasado por el delito de usurpación y dispuso prisión domiciliaria para las mujeres a cumplir junto a sus hijos en una casa comunitaria de Bariloche, lejos de su comunidad, una condición que fue cuestionada por organismos de derechos humanos, referentes gremiales y abogados.
Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, consideró que “se trata de un nuevo absurdo, una nueva atrocidad pergeñada por lo que queda del inescrupuloso Presidente de la Nación, que en su retirada quiere despedirse dejándole un caos social al futuro gobierno”.
“Si esta situación, nula de toda nulidad, realmente se llevara a cabo, el mensaje para el resto de la ciudadanía sería: ciudadanos, salgan a delinquir, usurpar, saquear, incendiar propiedades y atacar con violencia a las personas, que el Gobierno Nacional los premiará con las mejores tierras dentro del parque nacional”, expresó Frutos.
Y añadió: “Los vecinos de Villa Mascardi hemos esperado pacientemente durante 5 años el inicio del juicio a los usurpadores encapuchados y, una vez que se inició, el Presidente le encomendó a [Horacio] Pietragalla ordenarle al juez [Hugo] Greca que lo detuviera para instalar las famosas ‘mesarasas’ de diálogo en las que los vecinos de Villa Mascardi, los verdaderos perjudicados, siempre fuimos dejados de lado”.
Por su parte, John Grehan, propietario de La Escondida, una casa incendiada en 2015 y usurpada en 2017 en Villa Mascardi, opinó: “Los funcionarios nacionales no dejan de asombrarnos con sus fantasías delictuales. [El secretario de Derechos Humanos] Pietragalla se arroga la potestad de reconocer por parte de la Nación Argentina como cierta esta fantasía de la banda delictiva y a Betiana Nahuel como médica y persona con privilegios únicos. Todo ello contradiciendo lo afirmado, luego de 5 años de investigaciones, por el Poder Judicial, al cual de modo prepotente silencia impidiendo se lleve a cabo el juicio oral iniciado”.
Y continuó: “La niña Betiana, proclamada machi por su mamá María (líder de la banda de delincuentes Colhuan Nahuel), está siendo sometida a juicio por usurpación de lotes de Parques Nacionales y de propietarios privados legítimos, donde ejercieron innumerables hechos de violencia durante 5 años. Su vinculación con esas tierras, su condición espiritual y la del tótem construido en propiedad ajena han mostrado ser un fantasioso relato para justificar sus delitos que los llevaron a juicio”.
Grehan considera que el acuerdo de conciliación “no podrá ser homologado en el juzgado porque no aplica en casos de delitos cometidos con grave violencia sobre las personas, como en este caso”. Y agregó: “Confiamos en que jueces y fiscales sigan honrando su función y continúe en pocos días el juicio oral interrumpido por el señor Pietragalla, que habría que investigar por otra parte qué objetivos tiene con este delirante accionar”.
Además de reconocer el “rewe” como sitio sagrado de la comunidad mapuche, el Estado se comprometió a dar cesión de uso a la machi “a fin de que pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales para todas las comunidades mapuche tehuelche”. En el predio de Parques Nacionales se construirán tres “rukas” o casas, y se les otorgará “permiso de uso”.
Asimismo, se acordó que la Comunidad Lafken Winkul Mapu se reubicará en otras tierras —distintas a donde se ubica el rewe de Villa Mascardi— “cuya localización será analizada en el marco de la mesa de diálogo que se realizará en las próximas semanas”, informaron desde la Secretaría de Derechos Humanos. Se prevé que haya una reunión por ese tema entre el 5 y el 9 de junio.
Además de señalar que a “los vecinos legítimos propietarios de la zona se les reconoce su propiedad de sus tierras y sus casas”, desde el organismo indicaron “que el Estado nacional establecerá una presencia constante en la zona mediante la instalación de oficinas propias de distintas carteras gubernamentales, además del Ministerio de Seguridad”.
Según dijeron, el propósito fundamental de esta medida es “garantizar una convivencia pacífica entre la machi en el rewe y los legítimos propietarios de la zona, que podrán habitar el lugar”.
A su vez, se acordó que la semana próxima se presentará un acuerdo conciliatorio ante la Justicia, “transmitiendo y mostrando el acuerdo arribado entre el Estado nacional y representantes de las comunidades mapuches a fines de que se extinga la acción penal —siempre y cuando se cumplan con todas las cláusulas del acuerdo—”.
El diputado nacional por Juntos Somos Río Negro Agustín Domingo repudió la decisión del Gobierno “de avalar el regreso de integrantes de la violenta agrupación Lafken Winkul Mapu a las tierras que usurparon en Villa Mascardi y de las que fueron desalojados el año pasado”.
A través de su cuenta de Twitter, Domingo afirmó: “Ese mismo grupo manifestó en reiteradas ocasiones que desconoce al Estado Argentino. ¿Cómo se entiende que el Estado ahora los premie otorgándole tierras que pertenecen a todos los argentinos? Son violentos, usurpadores y no están registrados ante el INAI”.
Y agregó: “Es inexplicable que el gobierno busque beneficiarlos, a cualquier costo, y le dé la espalda a quienes fueron víctimas de sus atentados y ataques vandálicos”.
Pietragalla, el articulador con los mapuches
Además de Pietragalla, de la reunión que duró más de cinco horas participaron la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad, Silvia La Ruffa; el presidente del Instituto de Asuntos Indígenas, Alejandro Marmoni; el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Federico Granato; y la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Carolina Varsky.
También participaron, en calidad de veedores, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel y Mariana Katz del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), entre otros representantes de organismos de derechos humanos.
Durante un cuarto intermedio de la reunión de ayer, Orlando Carriqueo, referente indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro, sostuvo que “Parques Nacionales hizo una propuesta que le hizo llegar la provincia pero no de la gobernadora [Arabela] Carreras sino del futuro gobernador”. Sin embargo, en diálogo con LA NACION, fuentes cercanas a Alberto Weretilneck, el gobernador electo, desmintieron los dichos de Carriqueo y advirtieron que el senador “no acompaña la decisión”.
Incluso desde el actual gobierno rionegrino tomaron distancia del acuerdo alcanzado en la ex Esma, al tiempo que remarcaron que no fueron oportunamente invitados a participar del encuentro.
A su vez, Carriqueo indicó: “Son los acuerdos posibles, no es lo óptimo pero nos sirve para volver al rewe y que las pu lamien (mujeres) puedan estar libres. La prioridad era que nos permitieran volver al rewe, y eso se va a producir en las próximas horas”.
Días atrás, desde la comunidad Lafken Winkul Mapu denunciaron la vandalización del rewe en Villa Mascardi y la consideraron una “provocación”. En ese sentido, responsabilizaron al Ministerio de Seguridad y a los gobiernos nacional y provincial por el “grave hecho”.
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