Se extenderá la vigencia de la moratoria previsional: a quiénes alcanzará y qué impacto tendrá la medida

A muy pocos días del vencimiento, el presidente Alberto Fernández anunció por Twitter que se dispondrá una extensión de la vigencia de la moratoria previsional contemplada por la ley 26.970, que actualmente les permite a las mujeres, al cumplir 60 años, jubilarse sin haber reunido los requisitos impuestos por el sistema previsional. El mecanismo consiste en declarar deudas con el Estado por aportes impagos correspondientes a períodos previos al año 2004, y pagarlas con un plan subsidiado de hasta 60 cuotas, que se descuentan de los haberes mensuales.

Concretamente, lo que ocurriría en caso de la ausencia de una medida por parte del Gobierno, es que las mujeres que cumplan la edad jubilatoria, es decir, los 60 años, a partir del próximo domingo, 24 de julio, ya no podrían acceder a esa prestación utilizando la vía de la moratoria prevista en la ley mencionada. En el caso de los varones, ya no pueden adherir quienes cumplieron la edad de 65 años después del 18 de septiembre de 2016.

La medida tiene un costo fiscal y la decisión política de extender el plazo se toma muy a último momento, pese a que desde 2019 -cuando se extendió por última vez el alcance temporal de la moratoria- se sabía que el próximo sábado sería una fecha clave para las posibilidades de ingreso al plan. De hecho, corresponde que la prórroga sea definida por una ley y no dispuesta por un decreto. Pero desde el Congreso ya no se llega con los tiempos. Según el Presidente, la extensión se hará (se entiende que por un decreto de necesidad y urgencia) “hasta que el Congreso sancione una nueva ley”.

En el Poder Legislativo, en rigor, podría aprobarse una extensión de plazos como la que dispondrá el Poder Ejecutivo, probablemente con una nueva fecha de finalización para la posibilidad de acceder al beneficio, o bien podría convertirse en ley la iniciativa que crea la “unidad de pago de deuda previsional”, que es promovida por senadores que responden a Cristina Kirchner y que, de hecho, ya fue votada favorablemente en la Cámara Alta. Ese proyecto se instaló en la interna del propio Gobierno, porque fue llevado al Congreso sin consultas previas con el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, pese a que su aprobación incide en las posibilidades de cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), referidas a las cuentas fiscales.

“La moratoria previsional fue una política indispensable en nuestro país para garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación”, escribió en Twitter el Presidente. Y agregó: “Por eso tomamos la decisión de extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley”.

La ley 26.970, aprobada en 2014, durante la presidencia de Cristina Kirchner, establece las condiciones de una de las dos moratorias aún vigentes para acceder a una jubilación sin haber reunido, al momento de cumplir la edad exigida por la ley, los 30 años de aportes requeridos. La otra moratoria es la de la ley 24.476 del año 1993, reglamentada en 2005, que permite regularizar la situación de los aportes no hechos en su momento, pero solo por períodos anteriores a octubre de 1993. Por una cuestión del paso del tiempo, cada vez pueden declararse menos aportes por cualquiera de las dos moratorias (para que los períodos sean válidos, la persona debe haber tenido al menos 18 años en el mes más antiguo por el que declara tener una deuda previsional).

La normativa aprobada por el Congreso en 2014 dispuso que solo durante dos años podrían acceder a la moratoria quienes en ese período cumplieran 60 años (en el caso de las mujeres) o 65 años (los varones). Ese plazo venció en septiembre de 2016 y luego hubo prórrogas para el caso de las mujeres. El esquema surgió, de esa manera, con un carácter de vigencia temporal, cuando, en realidad, el problema de la falta de aportes para jubilarse es persistente en la sociedad y no hay señales de que se aliviará en el futuro, dadas las altas tasas de informalidad y precariedad laboral.

De hecho, frente a la magnitud y al carácter de largo plazo de la problemática del mundo del trabajo (que hace difícil cumplir con los requisitos rígidos que tiene la ley previsional), las moratorias no resultan una solución real y de fondo. La estadística oficial demuestra que, a poco más de una década y media de haberse lanzado, dos de cada tres jubilados del sistema general de la Anses requirió de esos planes para acceder a su jubilación. De las 5.229.503 jubilaciones liquidadas mes a mes en el primer trimestre de este año, 3.408.201 (65%) tuvieron moratoria.

Cada mes, entre quienes comienzan a cobrar su prestación mensual, son más los que llegan por la vía de la excepción (es decir, habiendo recurrido a una moratoria) que quienes obtienen su beneficio luego de haber reunido los aportes requeridos por la ley. Es un hecho que se transforma en un llamado de atención respecto de la necesidad de analizar una respuesta de fondo, que no sea temporal y que contemple las necesidades de recursos para pagar las prestaciones y la manera en que el Estado se hará de ellos.

Tras aquel primer vencimiento del esquema creado en 2014, en el año 2016 otra ley creó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de al menos 65 años de edad (varones o mujeres) sin aportes suficientes para la jubilación ordinaria. Esa misma normativa votada por el Congreso Nacional estableció que las mujeres que en los tres años siguientes cumplieran la edad jubilatoria podrían adherir a la moratoria prevista en la ley 26.970.

En ese entonces se definió, además, que ese período de tres años sería prorrogable por otros tres más. Por eso, en virtud de la fecha exacta fijada por un decreto reglamentario, rigió la moratoria para las mujeres que cumplían los 60 años hasta el 23 de julio de 2019. Y luego la Anses, haciendo uso de una delegación de facultades, extendió la vigencia de la medida y la fecha clave pasó a ser el 23 de julio de 2022. Es decir, el sábado próximo.

El mensaje de Fernández llegó luego de un encuentro en la Casa Rosada con la titular de la Anses, Fernanda Raverta, una funcionaria cercana a la vicepresidenta.

El proyecto de ley para que el Estado otorgue jubilaciones a quienes no tienen aportes suficientes, que ya fue aprobado por el Senado, crea un esquema al que se podrá ingresar durante un plazo de dos años. Es decir, seguiría siendo una medida temporal, algo que siempre genera inequidades en el acceso a las prestaciones. Se busca, concretamente, disponer un mecanismo diferente al de las moratorias actuales. Y según dijeron quienes la promueven, tendría un costo fiscal de unos 200.000 millones de pesos en dos años, aunque otras estimaciones ubican el efecto en el gasto público en un nivel más alto: de alrededor de 300.000 millones de pesos por año.

El esquema propuesto consiste en la compra de “unidades de pago de deuda previsional”, que se adquirirían en una cantidad suficiente para llegar, en cada caso, a los 30 años. Una unidad representaría un mes de aporte y valdría un monto equivalente al 29% de la remuneración más baja sobre la cual se calculan los descuentos a la seguridad social. Es un importe que se actualiza trimestralmente. Según los montos actuales, cada mes de aportes tendría un costo de $3665,14. Es decir, se “compraría a crédito” una cantidad de esas unidades y, para pagarlas, se armaría un plan de hasta 120 cuotas, que se descontarían del haber mensual.

El proyecto, que en los últimos meses fue uno de los que ahondó la crisis interna del Gobierno que tuvo su punto fuerte con la salida de Guzmán, no prevé cuál sería la forma de financiamiento de los costos que implicaría.

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