El Gobierno extendió el Presupuesto 2023 para 2025 tras el fracaso de las negociaciones en el Congreso
A través del decreto 1131/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo formalizó la medida luego de que no consiguiera aprobar el proyecto que envió en septiembre y tras el cierre de las sesiones ordinarias del Poder Legislativo
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LA NACION
En una medida sin precedentes en la historia reciente del país, el Gobierno publicó este lunes 30 de diciembre en el Boletín Oficial el decreto 1131/2024, mediante el cual dispuso que el Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2025 sea una prórroga del presupuesto vigente en 2024, que a su vez replicó las disposiciones de 2023. La decisión se fundamenta en la ausencia de una Ley de Presupuesto aprobada para el próximo ejercicio fiscal en el Congreso.
En el artículo 1° del decreto -firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos- se establece que las disposiciones vigentes al cierre del Ejercicio 2024 regirán a partir del 1° de enero de 2025. En ese sentido, el artículo 2° faculta a Francos a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias durante el próximo año, según lo estipulado en la Ley de Administración Financiera N° 24.156.
La segunda prórroga del presupuesto nacional, que se trata de un recurso extraordinario, se da en medio de una situación de tensiones políticas y financieras. Las sesiones ordinarias en el Congreso cerraron sin que se hubiera alcanzado un acuerdo en las negociaciones entre el oficialismo, la oposición y el férreo reclamo de los gobernadores para formar un Presupuesto específico para 2025. Esto dejó en suspenso el tratamiento del proyecto de presupuesto que había enviado el Gobierno en septiembre -ya que tampoco hubo sesiones extraordinarias- y que contenía medidas como la ratificación de la fórmula de movilidad jubilatoria y la eliminación de la indexación de las asignaciones familiares. Milei había presentó el proyecto con una cadena nacional desde la Cámara de Diputados.
Nunca antes se había recurrido a la prórroga del presupuesto dos veces consecutivas en la historia reciente del país. En su momento, Milei justificó la decisión de mantener el presupuesto de 2023 en 2024 debido a la emergencia económica que heredó de la gestión anterior. Sin embargo, la oposición había advertido que esta práctica podría socavar la transparencia y dificulta la búsqueda de acuerdos con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). A mediados de noviembre, José Luis Espert, titular de la comisión de presupuesto, suspendió la firma del dictamen que hubiera permitido el tratamiento en el recinto.
A fines de noviembre e inicios de diciembre, mientras se especulaba con la posibilidad de que se convoque a sesiones extraordinarias para tratar, entre otros temas, el presupuesto, el propio ministro de Economía, postuló que sería mejor que se evite el tratamiento ante la posibilidad de que se apruebe algo que pudiera ir en contra de las pretensiones de equilibro fiscal del Gobierno. En diálogo con LN+, Caputo consideró: “Preferiría que pase porque es una buena señal. Pero, si para que pase hay que arriesgar o sacrificar nuestra ancla fiscal, que es lo más importante de nuestro modelo, no vale la pena”.
El presupuesto inicial de 2023, que ascendía a $40.2 billones, fue ampliado durante 2024 mediante decretos presidenciales hasta alcanzar los $95.9 billones, un incremento del 138,4% debido a la alta inflación de los primeros meses. Según pudo precisar LA NACION, el Gobierno contará en 2025 con un margen de discrecionalidad de $20 billones, basado en una previsión de ingresos de $115.2 billones y una inflación proyectada del 18%. No obstante, la oposición sostiene que la menor inflación reducirá el margen de maniobra del Ejecutivo.
Desde la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) habían señalado que, aunque el Gobierno logró un superávit financiero acumulado de más $1.82 billones en octubre de 2024, la falta de una Ley de Presupuesto limitaría la posibilidad de implementar reformas estructurales.
Entre las principales críticas a la prórroga, que se preveía desde hace un mes, se encuentran que esta le otorga al Gobierno facultades discrecionales excesivas en la asignación de recursos, lo que podría afectar la coparticipación tributaria y el financiamiento de las cajas previsionales provinciales.
El rechazo del proyecto de presupuesto 2025 también pone en riesgo otros aspectos clave para la estrategia económica del Gobierno. Uno de ellos es la flexibilización de condiciones para el canje de deuda en moneda extranjera, estipulada en el decreto 846/2024. Aunque este decreto logró mantenerse vigente gracias al apoyo de sectores dialoguistas, la falta de consenso podría entorpecer futuras iniciativas.
Según se explicó en los considerandos de la norma, con la prórroga del presupuesto, el Ejecutivo busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales y la estabilidad financiera. Sin embargo, los analistas advierten que esta medida podría generar tensiones adicionales en el mediano plazo. La falta de un presupuesto aprobado dificulta la planificación fiscal y expone al Gobierno a críticas tanto a nivel interno como internacional.
LA NACION
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