El Gobierno evalúa quitarle también la jubilación de privilegio a Amado Boudou

Tras el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, de la baja de la jubilación de privilegio que cobra la expresidenta Cristina Kirchner, el Gobierno evalúa tomar la misma medida con el exvicepresidente Amado Boudou, condenado en 2018 por la causa Ciccone. Así lo confirmaron fuentes de la administración libertaria a LA NACION este jueves.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este jueves la baja de la asignación mensual vitalicia y la pensión que cobra la exmandataria por su marido fallecido, el expresidente Néstor Kirchner. La condena confirmada por la Cámara de Casación Penal a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos representa “lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, según Adorni y el Ministerio de Capital Humano, cartera que realizó la medida junto con ANSES.

Tras la conferencia de prensa y preguntas de periodistas, el vocero agregó que también se darían de baja las asignaciones de personas en similares condiciones. “La respuesta es obvia: por supuesto”, escribió en X. Desde el Gobierno aseguraron que, en lo que corresponde a Boudou, se está trabajando en su caso, aunque aclararon que la situación es diferente debido a que, en el caso de Cristina Kirchner, ya se realizó el acta administrativa.

Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por el Tribunal Oral Federal N°4 en agosto de 2018. Fue por el intento de cooptación y resurrección de la imprenta Ciccone Calcográfica, rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS), que fabrica papel moneda. Aunque apeló a su condena, esta fue ratificada en 2019 por la Cámara Federal de Casación Penal y, luego, en 2020 por la Corte Suprema de Justicia. Boudou fue detenido por primera vez en 2017 y, desde entonces, pasó más de dos años y medio en prisión preventiva bajo distintas modalidades de arresto. A partir de abril de 2020 cumplió con prisión domiciliaria en su casa. Un año después, en 2021, se le concedió la libertad.

Cristina Kirchner, en cambio, fue condenada ayer por la Cámara de Casación Penal, aunque la defensa de la expresidenta presentó un escrito en el que informó que recurrirá el fallo ante la Corte Suprema. Fue en la Causa Vialidad donde se la condenó por haber direccionado licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.

Fueron los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que integran la Sala IV, los que rechazaron todos los recursos de la fiscalía y las defensas y, por ende, confirmaron las penas y absoluciones impuestas por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022. Aun así, los jueces de la Casación la absolvieron por el delito de asociación ilícita por mayoría.

Aunque la condena fue confirmada, la exvicepresidenta no irá presa debido a que la sentencia queda firme pero no se ejecuta hasta que estén agotadas todas las instancias judiciales de revisión. La pena se aplicará recién cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la expresidenta, algo que puede demorar años.

El Ministerio de Capital Humano detalló que el momento en que fue condenada en segunda instancia en la causa, Cristina Kirchner no cumple con el honor y mérito que entienden como contraprestaciones necesarias para recibir estos haberes diferenciales. No es por una “sanción accesoria a la condena penal”, sino que es una consecuencia por la “indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Adorni sostuvo lo mismo respecto a la Ley N°24.018, que rige para expresidentes y exvicepresidentes de la Nación, y que establece que es una “asignación graciable, sin carácter previsional”.

“No tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- sino que constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor. La condena confirmada por la segunda y última instancia judicial ordinaria afecta el presupuesto legal que tiene en miras este privilegio, de por sí discutible. Haber sido encontrada culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función como presidenta de la Nación torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial. Tales premisas no pueden ser sostenidas frente a la sentencia de Casación Penal”, argumentaron desde la cartera.

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