La estrategia a largo plazo del Gobierno para avanzar contra los jueces de la Corte

La apertura hoy en la Comisión de Juicio Político del proceso contra los cuatro miembros de la Corte Suprema eel primer paso de un camino que en el oficialismo no imaginan como un trámite exprés, como inicialmente deseaban en más de un sector del Frente de Todos. Por el contrario, tanto en la Casa Rosada como en el Congreso admiten que puede ser más largo de lo deseado, aunque ese escenario, sostienen, no los desalienta.

La estrategia, más allá de una eventual remoción de los ministros del máximo tribunal (prácticamente imposible con la composición actual de la Cámara baja), es desgastar públicamente a la Corte ante la sociedad. “Que se ventile todo y se muestre el desastre que son”, sintetizó un alto funcionario de Balcarce 50 a LA NACION. Lo mismo dijeron en el Poder Legislativo.

“Hay que echar luz sobre cómo funciona la Corte y que eso sedimente en la sociedad”, agregaron fuentes del bloque oficialista. “Si hacemos bien las cosas, esto va de menor a mayor. No será lo más largo ni lo más exprés”, completan. Y en esa línea, en coincidencia con Balcarce 50, se ilusionan con un proceso similar al que inició Néstor Kirchner en 2003 contra la entonces Corte de nueve miembros, conocida como la “mayoría automática” del menemismo, que arrojó movimientos en los siguientes dos años.

En la estrategia de lo que empieza a tratarse hoy en la Comisión, liderada por la oficialista Carolina Gaillard, insisten que usarán los supuestos chats producto de espionaje ilegal, aunque cerca del presidente Alberto Fernández admiten que “no tienen validez jurídica”. No obstante, tanto en Gobierno como en el Congreso creen que será un punto “clave” para mostrar la relación “promiscua” entre la Corte y la política. En lo relativo a esos supuestos chats, que involucrarían a Silvio Robles, uno de los principales colaboradores del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, la semana pasada la estrategia del oficialismo ya sufrió un revés. Fue cuando el juez federal Sebastián Ramos ordenó el archivo de la causa contra Robles en duros términos, dado el origen del material en discusión producto del espionaje ilegal. En tribunales ya se habla que la decisión “sentó un precedente” en la materia.

En ese sentido, hay diferencias entre los distintos sectores del oficialismo. Mientras que en la Casa Rosada se acercan a la postura de Ramos y hablan de la “invalidez jurídica” de los chats, en el Congreso se aferran a las otras dos causas que se iniciaron por parte de los gobernadores de Santiago del Estero y La Rioja, Gerardo Zamora y Ricardo Quintela, y que permanecen abiertas. En las últimas horas se sumó una más, de Axel Kicillof. “Los chats son admisibles”, sostienen altas fuentes legislativas. Mientras que en la Justicia dan por descontado que todas las presentaciones correrán el mismo camino que su predecesora y serán archivadas, robusteciendo la endeblez de esa prueba.

“Jurídicamente, como prueba, están invalidados por su origen, pero no se habla acá de los chats sino de que hay hechos puntuales que se ven constatados por los chats”, dicen cerca de Fernández. “Ayudan a confirmar hechos y eso es muy importante”, completan. Otro de los puntos que se pondrán sobre la mesa a partir de este jueves es el de los fallos en los que intervinieron los jueces de la Corte: Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. “Es mentira que no se pueda discutir los fallos”, dicen en el Congreso sobre parte del material que se ventilará en la Comisión presidida por Gaillard.

Junto a los chats y a la discusión de los fallos, la clave de la búsqueda del oficialismo es que los ministros se presenten para hacer sus respectivos descargos en la Comisión, aunque allí son conscientes de que podrían defenderse por escrito y evitar la imagen. “Se les respetarán todas las garantías y no se va a adelantar demasiado, pero estaría muy bien verlos desfilar”, completan. En Balcarce 50 están quienes creen que el hecho, junto con el desgaste del proceso, profundizará las “diferencias entre ellos”, en alusión a los magistrados. También creen que la posición de Lorenzetti es más “débil y compleja internamente” porque acumula pedidos previos presentados por Elisa Carrió.

El recuerdo del juicio en la era Kirchner

Por estas horas, cuando se habla de cómo puede darse el proceso, en el oficialismo apelan al recuerdo de la embestida de Néstor Kirchner, a poco de llegar al poder en 2003, contra la entonces Corte de nueve miembros. Kirchner impulsó el juicio político de cinco jueces del máximo tribunal. Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Guillermo López, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano quedaron en la mira. Los tres primeros renunciaron durante el transcurso del proceso que buscaba destituirlos. Boggiano, al igual que Moliné O’Connor en 2003, enfrentó el juicio político y fue removido por el Senado en 2005, cuando 45 de los 64 senadores votaron en favor de su destitución.

Los escenarios son completamente distintos y en el oficialismo, aunque a regañadientes, lo reconocen. Quedaron a la vista los problemas que tuvieron en estos tres años de gestión para avanzar con temas vinculados a la Justicia, como la designación del Procurador General de la Nación, la búsqueda de una candidata para reemplazar a Elena Highton de Nolasco y la posibilidad de sacar adelante la reforma judicial que envió Alberto Fernández al Congreso. “No es el mismo contexto y se puede hablar, se van a encontrar vericuetos para poder avanzar. Probablemente exceda este gobierno, pero vamos a lograr que haya novedades”, se esperanzan en la Cámara Baja.

Como telón de fondo, en la Casa Rosada explican que Fernández pidió que la acusación sea sólida y los fundamentos, serios, como juran cerca suyo. Agregan que, de lo contrario, el proceso “no tiene sentido”. Mientras dicen eso, miran a la oposición: la acusan de estar preparando “un show” para “obstaculizar el debate”.

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