El Gobierno envió un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interior
El ministro de Defensa, Luis Petri, explicaría mañana la iniciativa en Diputados; se busca modificar la ley de Seguridad Interior; el debate se dará en medio del rechazo a la visita a represores de legisladores libertarios
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El Gobierno envió al Congreso un proyecto para que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) puedan intervenir en operaciones de seguridad interior ante hechos de terrorismo. La propuesta del oficialismo no solo toca una fibra sensible, a cuarenta años de la recuperación de la democracia, sino que se da al calor de la polémica que involucra a seis diputados oficialistas que visitaron a represores en el penal de Ezeiza.
La iniciativa ya había sido anunciada en marzo de este año por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien se espera que mañana explique los detalles de la propuesta a los diputados integrantes de la comisión de Defensa. Al cierre de esta nota, su asistencia todavía no estaba confirmada.
El proyecto propone cambios en el artículo 27 de la 20.059, de Seguridad Interior, que actualmente solo prevé el empleo de elementos de combate previa declaración del estado de sitio. También concibe acciones de “apoyo” a las fuerzas de seguridad.
Según se lee en los fundamentos, el Gobierno propone una “alternativa intermedia” a estas dos opciones: que las Fuerzas Armadas puedan participar “en caso de acciones terroristas que tengan por fin aterrorizar a la población, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio”. A diferencia de lo que ocurre ahora, este proyecto busca que los militares tengan la atribución de “detener en flagrancia”. Es decir, durante la ejecución de un delito.
Tras una serie de hechos de extrema violencia vinculados al narcotráfico en la ciudad santafecina de Rosario, Petri y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantaron en marzo una serie de reformas que impulsarían como parte de su “lucha contra el narcotráfico”. Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe, se mostró de acuerdo con estos cambios y habló de “ser prácticos” y “dejar atrás los debates ideológicos”. “Tenemos que ser muy prácticos para resolver un problema muy grave que estamos teniendo en este momento en la ciudad de Rosario. Que venga el Ejército, que vengan fuerzas federales, que venga el acompañamiento de fuerzas tácticas de otros gobiernos provinciales para que a los rosarinos le podamos dar un poco de paz”, reclamó el mandatario provincial.
De hecho, la iniciativa del Gobierno prevé una participación determinante de los gobernadores en esta reforma dado que serán parte del comité de crisis que definirá la presencia de un acto terrorista y coordinará el involucramiento de las Fuerzas Armadas en su territorio. Junto a la ministra de seguridad y los titulares de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, los mandatarios provinciales articularán las operaciones con las fuerzas de seguridad provinciales.
Además, el proyecto enviado a Diputados dictamina que en el requerimiento del comité de crisis “se deberán especificar las posibles acciones a desplegar, el área geográfica específica de actuación y el tiempo de duración”. Estas precisiones fueron reclamados por la oposición dialoguista tras anunciarse el inminente envío de la propuesta.
Otro de los puntos que seguramente será objetado por el kirchnerismo y parte de los dialoguistas es el que califica el accionar de los militares como “no punible” y “en cumplimiento del deber”. Es decir, si un agente de las Fuerzas Armadas termina con la vida de una persona, no podrá ser juzgado como penalmente responsable.
“Estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el interior”, detalló Petri en la conferencia de prensa que compartió junto a Bullrich en marzo. El titular de la cartera de Defensa sostuvo que “a partir de esta declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la patria, inmediatamente las fuerzas armadas van a a realizar tareas de seguridad en el interior, como patrullajes y detención en flagrancia cuando se cometa un delito”.
Si bien todavía no se cursó la notificación formal, fuentes de la presidencia de la Cámara de Diputados indicaron a LA NACION que Petri podría explicar el proyecto mañana, a las 17, en la comisión de Defensa, que ya fue convocada para discutir, a las 16, un plan de entrega voluntaria de armas de fuego. Dicha comisión es presida por el diputado de Hacemos Coalición Federal, Ricardo López Murphy, quien hizo una pausa en su actividad parlamentaria tras el fallecimiento de su hija, Analía Elena. Es probable que el encuentro quede en manos del radical Julio Cobos, el vicepresidente.
La discusión de este proyecto se preanuncia compleja. El antecedente más inmediato de intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior es el de los años 70, por el que muchos militares fueron condenados por delitos de lesa humanidad. El accionar militar se motorizó a partir de cuatro decretos sancionados en febrero y octubre de 1975, por un gobierno constitucional, que ordenaron “aniquilar el accionar de la subversión”.
La controvertida visita de diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para entrevistarse con militares detenidos por crímenes cometidos durante la última dictadura seguramente se cuele en esta discusión. Este hecho fue repudiado por casi todo el arco opositor, así como también por muchos legisladores oficialistas, como el puntano Carlos D’Alessandro. El kirchnerismo, en tanto, busca conformar una comisión que evalúe las conductas de los seis referentes del oficialismo que participaron del encuentro con represores.
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