El Gobierno envió la nueva versión de la ley ómnibus y convocó hoy al plenario de comisiones

En medio de negociaciones frenéticas en pos de alcanzar un acuerdo con los bloques de la oposición dialoguista de la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo envió a los legisladores una nueva versión con las últimas modificaciones al megaproyecto de ley que envió el presidente Javier Milei al Congreso. Tras analizar los cambios propuestos, los diputados de Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal advirtieron que todavía hay puntos sobre los que no hay acuerdo aunque estarían dispuestos a avanzar en un dictamen con disidencias con la expectativa de modificarlos durante el debate en el recinto.

Más allá de las resistencias, en la Casa Rosada hicieron saber al filo de la medianoche que en la mañana de este martes los presidentes de las comisiones de Diputados convocarían al plenario para las 18. Esto es, que el oficialismo cree estar en condiciones de lograr hoy el dictamen de mayoría que lo habilitará a llevar la “Ley de Bases” al recinto. Minutos después de las 8, por disposición del presidente de la Comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, se envió el llamado a la reunión para esta tarde.

Uno de los capítulos más conflictivos es el referido a la movilidad jubilatoria. En esta última oferta, el Gobierno asevera que “va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual” y que, a partir de abril, “comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC”.

“Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”, afirma el oficialismo.

Esta oferta, que comenzó a ser analizada este lunes por la mañana por los bloques dialoguistas, no encuadraría con lo que habían contrapropuesto los legisladores la semana pasada. En efecto, este sector de la oposición pretende que la indexación mensual de los haberes jubilatorios opere a partir de enero; el Gobierno propone que sea desde abril y que, para el cálculo de la actualización que debería aplicarse en marzo, se tome la actual fórmula de movilidad, la cual se determina por la variación salarial y la recaudación de impuestos.

Esta modalidad que propone el Gobierno le permitiría al fisco esquivar la actualización de los haberes en los meses de mayor disparada inflacionaria: en diciembre el índice del IPC trepó al 25,5% y se estima que este mes orillaría el 20%. Desde el radicalismo advirtieron sus reparos, por lo que difícilmente sus legisladores acepten esta oferta.

El texto del Poder Ejecutivo tampoco hace mención alguna al planteo de los 13 gobiernos provinciales que no transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Anses y reclaman la compensación correspondiente.

“Nosotros sufrimos el problema jubilatorio porque no nos están enviando la recaudación impositiva; esto obliga a que las jurisdicciones que no transferimos las cajas a la Anses paguemos con nuestros propios recursos las jubilaciones provinciales. Nosotros aspiramos a que en esta normativa podamos discutir un paquete integral”, planteó el gobernador de Córdoba Martín Llaryora tras una primera reunión con los diputados de Hacemos Coalición Federal.

En esta bancada también advirtieron que no hubo retoque alguno al artículo por el cual el Gobierno propone traspasar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses al Tesoro. Este sería uno de los puntos que los opositores buscarían modificar, ya sea a la hora de redactar el dictamen o en el recinto: su propuesta es que parte de los recursos del Fondo se utilicen para condonar las deudas de las provincias con la ANSES y pagar los flujos adeudados y futuros de las cajas de jubilaciones no transferidas de las 13 provincias.

Retenciones, bajo la lupa

Respecto de las retenciones agropecuarias, el Gobierno dispuso eximir de este gravamen a 36 distintos productos de las economías regionales, entre los que se cuentan los sectores olivícola, arrocero, lácteo, frutícola, hortícola, entre otros. Sin embargo, otras actividades y productos -como las exportaciones industriales, la pesca y la producción de malta- pasarán a pagar el 15% de derechos de exportación. También se mantiene firme la suba de la alícuota del 31 al 33% para los subproductos de la soja y el incremento del 12 al 15% en las retenciones para trigo y maíz.

Buena parte de los legisladores de las cuatro bancadas dialoguistas rechazan estas subas, las cuales forman parte del corazón fiscal del paquete tributario contenido en el megaproyecto del Gobierno. Son ingresos que percibe la Nación y no son coparticipadas a las provincias. De allí que muchos legisladores reprochan que el grueso del esfuerzo fiscal que reclama Milei lo hacen las jurisdicciones provinciales y no la Nación.

“Las retenciones han sido siempre un mal impuesto. Estas retenciones no solo van en contra de la agroindustria sino también a otros sectores, como la metalmecánica, entre otros. Lo que estamos intentando hacer es evitar que se cometa un grave error. Hay que innovar, hay que buscar alternativas para cubrir el bache fiscal que se produciría si no se aumentan las retenciones”, enfatizó el gobernador Llaryora, en línea con el planteo que, el fin de semana, marcó su colega de Santa Fe Maximiliano Pullaro (UCR).

Privatización de empresas públicas y facultades delegadas

Otro punto clave del megaproyecto de ley son las facultades legislativas que el Poder Ejecutivo pretendía arrogarse. A instancias de los diputados dialoguistas, el Gobierno accedió a eliminar del proyecto la emergencia en materia social y de defensa, al tiempo que se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso. En su versión original la iniciativa oficial proponía arrogarse facultades delegadas por dos años con la posibilidad de ser prorrogadas por otros dos.

Desde Unión por la Patria, el jefe de la bancada Germán Martínez se mostró escéptico frente a esta concesión. “A todo lo que supuestamente “renuncia” el oficialismo en la nueva versión de la ley ómnibus, Milei lo puede hacer al otro día de aprobada la ley por el margen de facultades discrecionales que le van a delegar los que la aprueben”, advirtió el legislador opositor. Su bloque, al igual que la izquierda, ya anticipó su rechazo al megaproyecto.

En el capítulo referido a la privatización de empresas públicas -el Gobierno envió un listado de 41 compañías sujetas a ser traspasadas a manos privadas-, se accedió a eliminar a YPF del texto. Respecto de otras empresas claves sobre los que la oposición también quería excluir del listado -entre ellas Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT- se propone que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

Esta modificación no termina de convencer a los opositores. Si bien el Poder Ejecutivo accedió a que la Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso realice un seguimiento de los eventuales procesos de privatización, sus dictámenes no son vinculantes ni se tratan en el recinto. “Hay que establecer otro mecanismo de contralor y transparencia”, adelantó Karina Banfi (UCR).

Blanqueo y bienes personales

Por otra parte, el texto enviado por el Gobierno modificó parte del capítulo referido al blanqueo de capitales y en la reforma del impuesto a los Bienes Personales. Sobre el nuevo régimen de regularización de activos, al cual los contribuyentes podrán acogerse por obligaciones vencidas e infracciones cometidas al 30 de noviembre último, la Casa Rosada accedió a que los sujetos no residentes no podrán declarar bienes que se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre de terceros.

Asimismo, se incorpora como sujetos excluidos a los funcionarios que se hayan desempeñado en el rol en los últimos 5 años, como así también se excluye a los agentes de retención con procesamiento firme. Incorpora un punto polémico: se establece que lo producido del Impuesto Especial de Regularización se destinará a la capitalización del Banco Central.

Sobre Bienes Personales, el Gobierno accedió a instrumentar un “premio” a contribuyentes cumplidores desde 2020 hasta la fecha: en este sentido, tendrán una reducción de la alícuota de dicho impuesto para los períodos fiscales 2024, 2025 y 2026.

Con la nueva redacción y las modificaciones incorporadas, el megaproyecto ya no tendrá 664 artículos; el Gobierno eliminó del texto original 141 artículos ya que varios capítulos, a instancias de los diputados dialoguistas, serán postergados a marzo para su debate, es decir, con el comienzo de las sesiones ordinarias del Congreso.

Entre los temas excluidos figura la reforma electoral en lo que se refiere a la elección de los diputados nacionales por un sistema de circunscripciones uninominales. También se postergó la propuesta para derogar las primarias. Sin embargo, el Gobierno mantuvo incólume el capítulo sobre financiamiento de los partidos políticos en el que propone eliminar el tope máximo de aportes por persona y empresas a un partido o candidato para la campaña electoral, y para el funcionamiento institucional partidario. El radicalismo anticipó que rechazará este capítulo.

En otro orden, se decidió postergar a sesiones ordinarias los temas de salud mental, los cambios en la ley de sociedades, la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la ciudad y la instauración del juicio por jurados en delitos penales. “Más de la mitad de los temas que afectaban al Código Civil y Comercial también se presentarán en ordinarias reservando a este proyecto los artículos estrictamente necesarios para mejorar la libertad contractual en adición a la incorporación del divorcio express”, precisó el Gobierno.

Una de las novedades que incluye la contrapropuesta oficial es la eliminación de las jubilaciones de privilegio que perciben los presidentes y vicepresidentes, aunque no será retroactiva, es decir, no afectará los haberes que actualmente perciben los expresidentes -entre ellos Cristina Kirchner- sino que solo se aplicará desde los mandatos de Javier Milei y Victoria Villarruel en adelante.

“Se le pone fin a un privilegio de la casta en donde los Presidentes accedían a una jubilación millonaria y vitalicia”, establece el texto, donde se precisa que, a partir de la sanción de esta ley, a los presidentes y vicepresidentes que culminen le resultarán aplicables las previsiones de la Ley 24.241, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Desde Pro, el jefe de la bancada Cristian Ritondo y la diputada María Eugenia Vidal celebraron la inclusión de este artículo. “Como hicimos con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, es un gran avance que el gobierno haya aceptado el pedido del PRO de sumar a la Ley de Bases la eliminación de las jubilaciones de privilegio para el Presidente y Vice”.

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