
El Gobierno envió el proyecto de ley de defensa de la soberanía de las islas Malvinas a la Cámara de Diputados
La iniciativa refuerza las penas vigentes para quienes exploten los recursos naturales en el entorno de las islas y las hace extensivas a otras actividades; se crea un Consejo de Seguridad Nacional
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Dos semanas después del anuncio del Presidente por cadena nacional, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas. La iniciativa, que reavivó las tensiones con el Reino Unido, ingresó esta mañana a la Cámara de Diputados para comenzar a ser tratada en las respectivas comisiones.
En concreto, el texto girado por el Poder Ejecutivo tiene por objeto endurecer las penas a quienes explotan los recursos naturales propios en el entorno de Malvinas de forma ilegítima y generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta. Asimismo, busca “dotar al Estado de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.
Así, establece un régimen sancionatorio a fines de “prevenir, sancionar y desalentar aquellas actividades que impliquen un aprovechamiento de los recursos naturales sin la correspondiente habilitación de una autoridad argentina”.
Como había anticipado LA NACION, la iniciativa legislativa no solo endurece las penas vigentes para el sector de hidrocarburos que exploten la zona, sino que “resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.
También modifica la ley 23.554 de Defensa Nacional para redefinir el concepto de Defensa Nacional. La nueva formulación amplía su alcance a la protección de la soberanía e independencia del país, su integridad territorial, su capacidad de autodeterminación y la vida y libertad de sus habitantes “frente a riesgos, amenazas y desafíos externos, tanto estatales como no estatales, sean de carácter cinético o no cinético”.
A ello se suma una ampliación en la protección de los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres.
“En lo que hace a la protección de estos espacios, el rasgo distintivo consiste en someter a reglas de actuación claras y transparentes la toma de decisiones que hoy se adoptan sobre bases dispersas”, se precisa.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 17, 2026
Multas y prisión
El proyecto de ley contempla penas para compañías y personas jurídicas que van desde multas equivalentes a 4000 a 500.000 barriles de petróleo, la cancelación o suspensión de las habilitaciones, hasta una inhabilitación por un plazo de entre cinco y 20 años.
En los casos más gravosos, que comprenden a actividades de prospección o exploración de recursos no renovables en el lecho o subsuelo del mar territorial argentino o en la Plataforma Continental Argentina, establece penas de prisión que pueden alcanzar los 20 años.
Consejo de Seguridad
Por otro lado, crea el Sistema de Seguridad Nacional, en busca de dotar al Estado de un marco institucional permanente “que articule y coordine las funciones estatales en materia diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia nacional, así como aquellas vinculadas a la protección de las infraestructuras críticas y de la soberanía nacional”.
En esa línea, uno de los principales puntos del proyecto es justamente la creación de un Consejo de Seguridad Nacional como órgano rector del sistema, encargado de la conducción, coordinación y supervisión de la política de seguridad.
El organismo, que ya había sido anticipado por el propio Milei, estará presidido por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete de Ministros, los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Economía; el secretario de Inteligencia de Estado; y la titular de la Secretaría Legal y Técnica. Contará con las facultades para disponer “un régimen de medidas urgentes” ante un supuesto riesgo o amenaza grave a la seguridad nacional.
A lo largo del texto oficial, que ratifica el reclamo de soberanía argentina sobre Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur se aclara que la normativa no alterará la vocación pacífica de la Argentina ni su compromiso con el derecho internacional.
“Por el contrario, la iniciativa parte de la convicción de que la defensa de la soberanía y de los intereses nacionales se fortalece cuando el Estado cuenta con reglas claras, procedimientos definidos, autoridades competentes, controles institucionales y capacidades coordinadas para prevenir, disuadir y responder, dentro del marco constitucional y legal, frente a las conductas que puedan menoscabarlos”, advierte luego.
En esa misma línea, ratifica que su defensa requiere sostener el reclamo soberano por medios pacíficos, diplomáticos y jurídicos. “También, construir capacidades estatales duraderas que permitan proteger los recursos naturales, las Infraestructuras Críticas, el Atlántico Sur y los intereses estratégicos de las generaciones presentes y futuras”, concluye al respecto.
Los principales lineamientos del proyecto, de 40 páginas, estuvieron a cargo del asesor Santiago Caputo, en tándem con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal. En su elaboración también participaron otras dependencias, como el Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti; la Cancillería, comandada por Pablo Quirno; y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), donde también tiene incidencia Caputo.
Su envío al Congreso fue celebrado este jueves por la Oficina del Presidente mientras el Gobierno se concentra en una amplia agenda legislativa.
Pese a ello, el Presidente convocó a toda la dirigencia política a dar “máxima prioridad y celeridad” al tratamiento del proyecto en el Congreso. “No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas”, reclamó el mandatario.
Según pudo saber LA NACION de fuentes parlamentarias, está previsto que el texto sea girado a las comisiones de Defensa y Presupuesto y Hacienda durante la semana del 7 de octubre. Por esos días, el oficialismo también presentará formalmente en el recinto el proyecto de ley de presupuesto ingresado ayer a la Cámara de Diputados.


