Otorgan discrecionalmente 26 inmuebles a organizaciones civiles, como en Chapadmalal

La gestión de Alberto Fernández otorgó -bajo distintas modalidades- 214 terrenos, edificios e inmuebles que pertenecen al Estado Nacional en los últimos tres años. Entre esos trámites figuran 26 “permisos de uso precario y gratuito” entregados a colonias agrícolas y asociaciones civiles para que desplieguen proyectos particulares en predios estatales.

Son casos análogos al del terreno de 140 hectáreas llamado El Marquesado, kilómetros al sur de Mar del Plata. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le otorgó un permiso de uso a una ONG local, pero junto a ella desembarcaron en el lugar un grupo de militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), para desplegar un proyecto agroecológico. El episodio generó una fuerte controversia con vecinos y una denuncia en Comodoro Py radicada por el intendente local, Guillermo Montenegro (Pro).

En el 62% de los otorgamientos (133 inmuebles), la AABE hizo asignaciones a organismos públicos para que hicieran uso de instalaciones que estaban ociosas. El Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad creado en 2019, por ejemplo, se instaló en un edificio de 7.500 metros cuadrados en la calle Cochabamba con esa modalidad. El Gobierno también otorgó 55 terrenos nacionales a gobiernos municipales.

Según datos de la AABE a los que accedió LA NACION, la AABE otorgó 6 permisos de uso precario a colonias agrícolas y 20 a asociaciones civiles. De acuerdo a la norma, este tipo de cesiones temporarias pueden otorgarse “siempre que tengan por objeto una finalidad de bien común o la ejecución de una actividad concreta que satisfaga de modo directo e inmediato el interés público y no tenga fin de lucro”. Las ONG interesadas tienen que completar un formulario y presentar un anteproyecto con un cronograma de ejecución.

Entre los permisos otorgados bajo esta modalidad figura el predio entregado a Tercer Tiempo Escuela de Fútbol y Huerta Comunitaria, la ONG que se instaló en El Marquesado, cerca de Chapadmalal, una zona que se puso de moda en las últimas temporadas de verano. “La titularidad del inmueble nunca va a dejar de ser del Estado Nacional y no hay ningún proyecto para construir un barrio de viviendas. Lo que se autoriza es un proyecto de producción agroecológica a una cooperativa, en tierras que estaban con peligro de intrusión. Deben realizarse estudios de impacto ambiental antes de que avance el proyecto”, dijeron desde la AABE.

Según fuentes del organismo “la firma de custodias provisorias sobre inmuebles y los permisos precarios de uso –ya sean gratuitos u onerosos- son acciones habituales del organismo, incluso durante la gestión anterior”.

Consultado por este medio, el extitular de la AABE durante la gestión de Mauricio Macri, Ramón Lanús, reconoció que hubo algunos permisos de uso precarios otorgados a asociaciones civiles “de predios que no se podían vender y estaban desvalorizados” como los que se encuentran en zonas ferroviarias. “Lo que está pasando ahora es discrecionalidad, porque se están otorgando predios en lugares estratégicos a los amigos para hacer política”, lanzó. El predio de El Marquesado, aseguró, estuvo a la venta durante su gestión. “Es un terreno con potencial inmobiliario con peligro de intrusión, su venta podría generar ingresos importantes al Estado”, dijo.

Poder parcelado

Por el poder que tiene sobre los recursos del Estado, la AABE es un lugar híper estratégico. En la cúpula del organismo hoy la lapicera está repartida entre el ala de Alberto Fernández y La Cámpora. El titular es, desde agosto del año pasado, Eduardo Albanese, un hombre de las filas del vicejefe de Gabinete y hombre fuerte del PJ porteño, Juan Manuel Olmos. El segundo es Juan Agustín Debandi, que responde a Máximo Kirchner. Fue candidato a intendente en Tres de Febrero en 2019 y podría volver a serlo ahora.

A diferencia de otras áreas del Estado en las que el poder está parcelado, en la AABE hay un detalle clave: nada puede hacerse sin la firma de su presidente y su vice.

Mientras que Debandi está en el cargo desde 2019, la presidencia pasó de manos. Fue en agosto del año pasado, cuando desplazaron al sciolista Martín Cosentino y llegó Albanese, de la mano de Olmos que acababa de asumir la vicejefatura de Gabinete. “Faltaba dinamismo”, fue el argumento para justificar el cambio en la estratégica agencia, que depende directamente de la jefatura de ministros.

Según pudo verificar LA NACION en el Boletín Oficial, entre los terrenos entregados a otras ONG mediante un “permiso de uso precario” por la gestión de Fernández figura, por ejemplo, un terreno en Quilmes de 324 metros cuadrados otorgado a la Asamblea Cristiana Asociación Civil para la relocalización de un templo y un lote ferroviario en Tres de Febrero de 1.727 metros cuadrados cedido a la Asociación de Scouts Argentina. También un predio de 785 metros cuadrados en El Bolsón otorgado a la Cooperativa Agrícola Ganadera Peñi Mapuche Limitada para la instalación de un almacén de ramos generales.

Otro permiso de uso precario otorgado fue destinado a la Asociación Argentina de Tartamudez (AAT), en un acto que contó con difusión del Gobierno. Se trata de un inmueble emplazado en Avenida Las Heras al 1900, un departamento tipo dúplex de unos 292 metros cuadrados.

La ONG de Mar del Plata que recibió el permiso para El Marquesado se dedica a ofrecer actividades culturales y deportivas a jóvenes sin recursos de la zona de General Pueyrredón, además de la instalación de huertas comunitarias. Quien tramitó el expediente ante la AABE es el presidente de la asociación Marcos Santucho, un referente local que este año recibió una “mención especial” en una premiación al “Mérito Deportivo” entregada por el propio Montenegro.

Santucho, es, a su vez, “referente del MTE Deportes”, según se puede constatar en redes sociales de la organización. Si en los papeles solo figuró la ONG “Tercer Tiempo”, al momento de tomar posesión del terreno, la asociación civil apareció junto con un grupo de militantes de la agrupación de Grabois. También se hizo presente en el lugar Gabriela Carpineti, directora de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia y cuadro del MTE. Ella es una de las siete funcionarias que el movimiento de Grabois tiene en el Gobierno.

Consultada por LA NACION, Carpineti explicó que su presencia fue en carácter de funcionaria y no como abogada de ninguna de las partes, como fue denunciada. “Me hice presente como funcionaria nacional en ejercicio porque podía enrarecerse alguna situación de conflicto”, aseguró en referencia a los hechos del pasado sábado. Aclaró que no es abogada de la asociación “Tercer Tiempo y dijo: “Fui para mediar con diferentes agentes del Estado, miembros de la fiscalía interviniente y organismos municipales que equivocadamente creyeron que era una toma”, agregó.

Pese a que el MTE se involucró en el episodio -y que Santucho está en ambas organizaciones, aunque distinguen que en el MTE “no es un referente político”- Carpineti aseguró que “la asociación que recibió el permiso de uso precario no pertenece al MTE” en términos formales sino que “está vinculada al MTE en la promoción del deporte comunitario y proyectos agroecológico en los barrios populares” en los que dirigentes como Santucho “conjugan múltiples identidades gremiales como el MTE, religiosas como el evangelismo, y asociativistas, como Tercer Tiempo, para enfrentar la complejidad que presentan dichos territorios”.

Es cierto que en ningún momento del convenio del ABBE con la asociación Tercer Tiempo figura el MTE como actor. Pero en la práctica sí podría aparecer en las próximas semanas en los convenios que se pretenden celebrar para iniciar el proyecto de producción agroecológica junto a otras entidades académicas y sociales del sur marplatense. En el plan ya están involucrados el Conicet y la Universidad de Mar del Plata.

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