El Gobierno enfrenta sus propios dilemas de cara a la negociación del presupuesto 2025 en el Congreso

A una semana de haber presentado el presupuesto 2025, la administración libertaria se prepara para su tratamiento en el Congreso de la Nación entre certezas y dilemas sobre lo que espera para el futuro de la ley, que para el presidente Javier Milei es el vector de lo que viene. Entre las certezas está que el presupuesto será aprobado, pero no a libro cerrado. También que, más allá de los cambios que se puedan introducir en la discusión parlamentaria, “bajo ningún punto de vista se puede tocar ni el déficit cero, ni la regla fiscal”, según coinciden en la sede de Gobierno. Además de que consideran que el debate “no puede, ni debe” extenderse como sucedió con la ley de Bases.

La premisa de la negociación con la oposición dialoguista es “respetar la regla fiscal” y el límite hasta dónde llevar esas conversaciones es “que propongan cambios razonables”, destacó un importante funcionario del corazón libertario. El interlocutor fundamental por el gobierno volverá a ser el jefe de ministros, Guillermo Francos, junto a su segundo, Lisandro Catalán, y por el tema ya hubo reuniones tanto con gobernadores como con los responsables de las Comisiones en Diputados y Senado, José Luis Espert y Ezequiel Atauche.

Del presupuesto hay un 60% que es indexado por ley (entre lo que están jubilaciones y asignaciones universales), lo cual está fuera de discusión. El otro 40%, en el que se incluyen los números del funcionamiento del Estado, es lo que es factible de negociación. Allí van desde sueldos de empleados públicos, a los de servicios y los diferentes gastos de cada área. “Si los legisladores quieren cambiar por ejemplo, las partidas de Seguridad para darlo a otro sector, pueden hacerlo, pero después verán ellos y serán responsables de fuerzas con presupuestos menguados”, advirtió una importante voz de Balcarce 50. Así, detallan, será con las diferentes variables.

“Estamos abiertos a escuchar y negociar, pero ellos deberán hacerse cargo de sus elecciones”, completan sobre esa “manta corta” en la que en el Gobierno insisten en que todas las modificaciones deberán hacerse “sin tocar el déficit cero, ni la regla fiscal”.

Aunque aún no se está en etapa de negociaciones duras con la oposición dialoguista, lo que se espera que sí se de en las próximas semanas, en las filas libertaria sostienen que una posible no aprobación del presupuesto no sería un problema, sino todo lo contrario: “Nos encantaría que lo aprueben, pero no tenemos drama en que no”, sintetizó un funcionario de Casa Rosada. “El Plan A es que no lo aprueben”, agregabam, con sonrisas irónicas mediante, los más osados.

Bajo ese razonamiento, la falta de un presupuesto aprobado, como sucedió los dos últimos años, les permitiría la reasignación de partidas y moverse con más libertad. Aunque por estas horas se inclinan a que terminará habiendo aprobación: “lamentablemente se aprueba”, repetían en el ocaso de la primera semana post presentación.

“Fines de noviembre”

En esos escenarios que se abren está el de que la segura aprobación no será a libro cerrado. Admiten que esa línea estarán las negociaciones, aunque sostienen que será bajo la premisa de que “no hay apuro en que salga”. Aunque también la realidad indica que en las filas libertarias nadie quiere una discusión que se dilate como sucedió con la de la ley de Bases, que terminó consumiendo el primer semestre de la gestión y provocó un desgaste puertas adentro de la administración. “Para fines de noviembre tendría que haber definición”, afirman.

Tanto lograr la aprobación como no hacerlo, tiene ventajas y desventajas para el gobierno. En la primera, pueden perder la posibilidad de disponer libremente de las partidas, mientras que para afuera, el haber logrado un consenso con la política en un aspecto tan sensible es una enorme señal para los mercados, que siguen de cerca lo que sucede en el país.

Aprobarlo también significa que hay una enorme posibilidad de que para llegar allí los legisladores introduzcan cambios que lo modifiquen diametralmente, algo que en el gobierno creen que si bien en un porcentaje puede suceder, no lo será en todo y “tendrá consecuencias para ellos”, en referencia a los legisladores. En ese sentido es donde insisten que no habrá aprobación de algo que cambie la matriz de la nave insignia de Milei, más allá del margen en el que sí podrían introducirse cambios.

Por el contrario, no lograrlo sería bueno para el manejo de los números del gobierno, pero malo en términos de gobernabilidad. En el Gobierno juran que esa situación no los preocupa. Aseguran que no ven como un signo de debilidad que no se los aprueben. “¿Alguna vez vimos eso como un tema de debilidad?”, repreguntó un alto funcionario.

En la discusión jugarán un rol clave tanto legisladores como los gobernadores, que en las horas posteriores a la presentación de Milei en el Congreso hicieron saber su preocupación por los números y fueron rápidamente contenidos en un zoom que se hizo en la tarde del lunes. Sus reclamos pasan en gran medida por la obra pública. Desde Casa Rosada aseguran que se está “charlando bien” y sostienen que se pueden llegar a contemplar algunos puntos con los gobernadores que “estamos bien”. En esa lista ubican a la mayoría salvo a Buenos Aires, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego. La primera aclaración hacia ellos el último lunes fue que el recorte de 60 mil millones de dólares anunciados la noche anterior, no era tal.

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