El Gobierno, en tensión interna por los reclamos sociales en plena pandemia
Organizaciones sociales oficialistas alertan por desbordes y piden más alimentos y el regreso del IFE
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LA NACION
“Quilombos entre nosotros hubo siempre. El tema es que ahora no hay plata”. La reflexión surgió en las últimas horas de un afligido referente social y funcionario, y explica en buena medida las crecientes tensiones internas en el seno del gobierno de Alberto Fernández, centrados en la puja por mayores fondos para la contención social que reclaman, en la calle y casi a diario, los movimientos sociales alejados de la Casa Rosada.
La vuelta del IFE, un bono similar a los $15.000 otorgados hace 15 días por la Anses a un millón de beneficiarios de la AUH, la reapertura del registro de planes Potenciar Trabajo y, sobre todo, refuerzos alimentarios en los comedores y merenderos que acompañen el regreso de las restricciones por la pandemia son parte de la agenda de la izquierda no kirchnerista tomada por los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Daniel Arroyo, parcelado en distintas cuotas de poder para La Cámpora, el Movimiento Evita y sus aliados, el referente del MTE, Juan Grabois, y otros socios menores.
El “muro” que impide la concreción de los reclamos es, hasta ahora, el afán fiscalista del ministro de Economía, Martín Guzmán, aunque en las últimas horas el gabinete económico discutió la eventualidad de más medidas para paliar los efectos de la continuidad de las restricciones a la circulación que afectarán aún más la actividad económica.
La puja interna por los fondos llega, a veces a límites inverosímiles: “Hasta (Mauricio) Macri nos daba más bolsones de comida que ustedes”, aguijoneó un referente peronista a Emilio Pérsico, secretario de la Economía Social, en búsqueda de ayuda concreta “para que no se nos desborden los reclamos” en zonas calientes del sur porteño. Un comentario que alegraría a Carolina Stanley, antecesora de Arroyo en la silla el ministerio de la avenida 9 de julio, y criticada sin piedad hasta hoy por el ala dura de Pro por haberle “dado demasiado” a los grupos de piqueteros durante su gestión.
En tren de repartir culpas, desde algunos movimientos sociales oficialistas miran a Laura Alonso, secretaria de Inclusión del ministerio y militante de La Cámpora, encargada de la compra de alimentos. “Por la política de precios máximos, podemos ofertar hasta un límite. Se caen las licitaciones y nadie te vende”, la justifican desde una ventanilla oficial. El subsecretario de Integración y coordinador de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, reclama aportes y donaciones de comida adicionales de los supermercados para paliar los faltantes. Tampoco parecen alcanzar los giros directos a gobernadores e intendentes que Arroyo efectiviza desde el ministerio y que despiertan resquemores en los movimientos sociales no alineados al oficialismo.
Para la izquierda, el conflicto entre los funcionarios de Arroyo y la línea de control del gasto de Guzmán esconde una política de “ajuste” que incluye los reclamos sociales. “No nos importa quien dice qué, acá el problema es que la gente come o no come. Los planes sociales deben universalizarse y el Gobierno no tenía ningún plan previsto para la segunda ola. Lo que nos dicen es que quieren cerrar más la canilla del gasto”, afirmó a LA NACION el legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano, cuya pata piquetera, el Polo Obrero, encabeza aún en pandemia los reclamos y las movilizaciones por alimentos y vacunas. “No puede haber recortes, tiene que haber fortalecimiento de las políticas públicas de asistencia”, coincidió Silvia Saravia, de Barrios de Pie.
El cierre y “revisión” de los registros del Plan Potenciar, que hoy incluye unos 800.000 beneficiarios que reciben $12.000 mensuales que se reparten entre las organizaciones sociales, es uno de los motivos de enojo de los referentes de la izquierda dura. “Nos castigan por manifestarnos”, relata uno de ellos, de fluido diálogo con el Gobierno.
A diferencia de Arroyo, para quien “los reclamos son atendibles por la situación social, pero no es tiempo de movilización”, cerca de Grabois los justifican. “Es muy difícil ver la necesidad de mucha gente y decirles que no salgan, hay que estar en la piel de los líderes de los movimientos sociales en estos momentos. Donde antes venían a comer 200, hoy vienen 300 y el reclamo va a ser mayor”, afirmó a LA NACION Fernanda Miño, secretaria a cargo del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y referente cercana a Grabois.
Miño, referente social de La Cava de San Isidro, amplió en estos días en acuerdo con Arroyo su área de influencia, con la inclusión en el Renabap de barrios de poblaciones de más de 2000 habitantes, por lo que se sumarán unos 600 barrios a los más de 4400 que ya están registrados para mejoramiento de viviendas y el ofrecimiento de lotes con servicios para evitar tomas de tierra.
“Hay un compromiso de acompañar en este momento, y siempre dijimos que si hay más restricciones habrá más medidas”, dijo Arroyo a LA NACION. A pesar de los reclamos internos, agregó que “el IFE era para un momento de cierre absoluto, no está en el horizonte cercano reponerlo”, aunque la velocidad de los contagios, el deterioro económico y la presión interna pueden obligar a modificar el panorama.
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